El campamento urbano de verano de Pinto continúa acumulando críticas por parte de familias usuarias, monitores y la oposición política. A los problemas de inscripción denunciados por varias madres se suman ahora las quejas sobre la falta de monitores, la escasez de material y las condiciones laborales precarias.
Mientras tanto, la empresa adjudicataria (Plebetero Servicios y Formación) y el Ayuntamiento defienden la ampliación del contrato para atender la alta demanda, que ha alcanzado un 10 por ciento adicional (440.000 euros en total), lo que, aseguran, ha permitido que un mayor número de familias pueda disfrutar de este servicio. “Se ha destinado más de un 33 por ciento de presupuesto respecto a ediciones anteriores”, apuntan desde el Consistorio.
Una subida, que según Más Madrid Pinto, ha sido “insuficiente” para garantizar un servicio de calidad y cuestionan la “pésima gestión” del campamento por “tercer año consecutivo”. Desde la formación, aseguran que el “contrato nació desde el principio sin falta de previsión adecuada por parte del equipo de Gobierno (formado por el Partido Popular y Pinto Avanza) y no se han puesto soluciones adecuadas”.
“Este contrato es sólo una muestra de cómo gestiona este equipo de Gobierno: desde la falta de transparencia al no haber publicado listas de admitidos ni listas de espera; la opacidad en los criterios de adjudicación y en la falta de información a familias y a Más Madrid Pinto que hemos reclamado el correcto cumplimiento de este contrato; la falta de empatía con las familias, las mentiras en las notas de prensa y los datos ofrecidos y en definitiva, en las chapuzas que continúan meses después por hacer las cosas mal”, expone la concejal de Más Madrid Pingo, Elena Ancos.
El proceso de inscripción fue como las compras de entradas a un concierto multitudinario
Una madre afectada relata el “caos” vivido durante el proceso de inscripción. “Solicité cinco semanas y solo se me asignó una. Fue como comprar entradas para un concierto de Karol G: si no estabas a las 10:00 en punto, te quedabas fuera”, asegura. Denuncia que en lugar de realizarse por sorteo, como en años anteriores, la adjudicación se hizo por orden de inscripción, lo que perjudicó a muchas familias. “Llamé a la empresa, escribí al Ayuntamiento, presenté escritos y nunca obtuve respuesta”, lamenta. Finalmente, ante la falta de respuesta, optó por pagar otro campamento. “El sábado me escribieron diciendo que me habían asignado todas las semanas que había solicitado gracias al incremento del presupuesto, pero ya había pagado otro. Fue un desastre”.
Una de las madres afectadas denuncia que, pese a haber solicitado varias semanas de campamento y haber justificado su necesidad por motivos laborales :“Estoy sola a cargo de mis hijos y trabajo durante todo el verano”, explica, sin embargo, solo le han concedido una semana. “Hay familias a las que sí les han dado las cuatro semanas completas sin problema, mientras que otras, como yo, nos hemos quedado fuera sin saber por qué”, añade. La falta de criterios claros en la adjudicación de plazas ha generado malestar entre algunas familias, que reclaman mayor transparencia y una distribución más equitativa del servicio en función de las necesidades reales de conciliación.
Críticas por las actividades desarrolladas
Otra familia también señala deficiencias en el proceso y en el funcionamiento del campamento. “La página se colgó, no se comprobó si ambos padres trabajaban, y la información no llegó a tiempo”. Sobre la experiencia de su hija, añade: “La programación no se cumple, la coordinadora dice que no hay material. En una excursión salieron tarde porque la coordinadora tuvo que preparar los bocadillos a última hora. Y después de comer, todos los días ponen películas porque hay un monitor para cada 25 niños”. Además, denuncia prácticas como cambiar a los niños pequeños en el patio “a la vista de cualquiera”, o la ausencia de controles de seguridad en la recogida. “Los monitores incluso han llegado a castigar a todo un grupo sin piscina por el mal comportamiento de un solo niño”, apunta.
Desde la empresa adjudicataria explican que el proceso de inscripción y adjudicación de plazas se ha desarrollado conforme a lo establecido en el pliego del contrato. Señalan que el sistema ha funcionado por orden de inscripción hasta completar las plazas disponibles, sin aplicar criterios adicionales, y que la gestión de los pagos y la inscripción se ha realizado directamente a través de su propia página web, en coordinación con el Ayuntamiento.
Asimismo, destacan que, ante la alta demanda, se ha producido una ampliación del contrato del 10 por ciento, lo que ha permitido dar cabida “prácticamente a todas las familias que lo han solicitado”.
Protestas por las condiciones laborales de los monitores
Las condiciones laborales del personal del campamento también han sido objeto de protesta. En uno de los colegios donde se desarrolla la actividad han aparecido carteles anónimos firmados por “el equipo de monitores”, en los que se denuncia que llevan “un mes sin contrato”, que están dados de alta como auxiliares administrativos y no como monitores, y que, aunque según convenio deberían cobrar 9,99 euros la hora, sólo perciben 5,30. “Monitores al límite, campamento precario. No hay material suficiente para la realización de las actividades. No se cumple el ratio legal”, advierte el cartel. El mensaje se cierra con dos frases dirigidas a las familias: “¿Sabes quién cuida a tus hijos?” y “Si somos invisibles, el problema lo sufren ellos. Esto no es seguro ni justo para nadie”.
Desde la dirección de la empresa adjudicataria insisten en que los campamentos están sometidos a un seguimiento exhaustivo por parte de la propia compañía y de la Administración, y niegan de forma tajante cualquier irregularidad laboral. Según el director general, todos los trabajadores han estado dados de alta en la Seguridad Social desde el primer día de trabajo, aunque admite que en uno de los cinco centros en los que gestionan el servicio en Pinto se retrasó la firma de algunos contratos por cuestiones administrativas. “No habían firmado el contrato, pero las altas estaban dadas. Esto puede comprobarse fácilmente con un certificado digital”, asegura.
La empresa aclara además que este retraso se ha producido únicamente en un centro, y que el volumen de contrataciones en los días previos al inicio de los campamentos, con centenares de altas semanales, ha ralentizado la gestión documental. “Hay un departamento de Recursos Humanos trabajando en esto, y en ningún caso ha habido trabajadores sin alta legal. Las nóminas de junio se han abonado en tiempo y forma”, subraya el directivo.
En cuanto a las denuncias sobre despidos, la empresa explica que el servicio se estructura por semanas y que los contratos responden a la evolución del número de inscritos en cada periodo. “Los monitores trabajan por tramos semanales porque se ajusta el personal a los ratios. En agosto, por ejemplo, donde antes había cinco colegios abiertos, puede que solo quede uno”, indican. En este contexto, subrayan que no se trata de despidos, sino del funcionamiento habitual del servicio, en función de la demanda.
Respecto a las condiciones salariales, la empresa niega estar pagando por debajo del convenio. Señalan que el salario base debe entenderse como una media anual y que en la liquidación se incluyen complementos como vacaciones o indemnizaciones. “El convenio no dice que se deban cobrar 9,99 euros por hora como importe fijo. Esa es la media anual calculada en base a una jornada completa. Al final, lo importante es el total recibido, y las nóminas se han emitido conforme a la legalidad”, explican. Añaden que, además del salario base, hay otros conceptos retributivos que se incorporan en la nómina final.
La empresa adjudicataria asegura que es un caso puntual
Sobre las denuncias de precariedad en un cartel anónimo colgado en uno de los centros, el director general relativiza su alcance. Asegura que se trata de un caso puntual promovido por “dos o tres monitores” y lamenta que no se haya canalizado la queja de forma interna antes de hacerla pública. “No hemos recibido comunicación previa sobre falta de contrato o de material. Hay una planificación logística para todos los centros y cuatro personas dedicadas a esa área. Nos ha sorprendido que no se haya comunicado a los coordinadores de centro ni a la coordinación general del proyecto”, afirma.
Por último, la empresa defiende que está cumpliendo “de cabo a rabo” con los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas establecidos por el Ayuntamiento. “Cada semana se revisan ratios, contratos y documentación. Estamos auditados permanentemente por la administración y trabajamos en estrecha coordinación con sus técnicos”, concluye la dirección, que insiste en que se trata de un episodio puntual sin repercusión en el resto del servicio.
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