Gobernar es un arte complejo. Hacerlo en coalición, cuando las urnas sentencian que no posees los apoyos suficientes para llevar el timón en solitario, más aún. Y sino que se lo pregunten al PSOE de Pedro Sánchez, anclado en mil y un debates con sus socios de Sumar y, de paso, en constante tira y afloja con el resto de muletas en las que, de un modo u otro, se apoya. Imprescindibles, en cualquier caso, para sacar adelante, al menos, una parte -pequeña o grande- de su programa.
A escala local, lo cierto es que la cuestión no difiere en demasía. Con debates que trascienden lo meramente material, práctico y cotidiano, principios por los que a priori se rige -o al menos así lo concibe el común de los mortales- el municipalismo. Así, las tensiones en los pasillos consistoriales, al igual que en la Cámara Baja o en los parlamentos regionales, se cuentan por miles. En el apartado pragmático, cuando toca aprobar un nuevo contrato para cambiar la iluminación en las principales vías del municipio, por supuesto, pero también en lo ideológico.
Es precisamente este el caso de Parla, donde, desde los últimos comicios, la izquierda, encarnada en el Partido Socialista y Más Madrid, gobierna de manera conjunta. Con amplia mayoría, eso sí, socialista. En cualquier caso, los apoyos de la principal fuerza progresista a escala regional se antojan necesarios a fin de prevenir cualquier alianza conservadora, representada, en este caso, por PP y Vox.
En suma, 13 concejales de la izquierda para conformar el Ejecutivo, 11 de PSOE y dos de Más Madrid, frente a 12 de la derecha, nueve del Partido Popular y tres de Vox. Las mayorías, en consecuencia, penden de un hilo. Y todo con la candidatura unitaria de Podemos-Izquierda Unida-Equo, y sus dos ediles, también en la terna, aunque al margen de cualquier responsabilidad gubernamental.
Fuera como fuese, lo único cierto es que la tensión ha llegado -a priori, para quedarse- al Consejo de Gobierno. Y lo ha hecho de la mano de un debate tan recurrente como la misma política: la tauromaquia, ¿arte o maltrato animal? El desencadenante, la decisión del equipo socialista de aprobar, por la vía de emergencia, un pliego para la financiación de dos encierros taurinos con fondos públicos. El montante total, de hasta 30.000 euros. Decisión, como cabía esperar, que ha despertado un fuerte recelo -cuando no directamente enfado- en las filas de Más Madrid.
"Nos oponemos frontalmente a la tauromaquia y a cualquier forma de maltrato animal, y más aún a financiar esta actividad con dinero público. Nuestra postura no ha cambiado ni un milímetro: no queremos encierros en Parla, ni contratos menores ni grandes pliegos que normalizan prácticas salvajes que se alejan de los valores de la sociedad actual", resumía el portavoz de la formación, Miguel Fuentes, en un comunicado remitido a Madridiario.
"Nos oponemos frontalmente a la tauromaquia y a cualquier forma de maltrato animal, y más aún a financiar esta actividad con dinero público"
De la mano de la financiación pública de los encierros, consideran, "se vuelven a anteponer los intereses de unos pocos a los principios éticos básicos de respeto a los animales y a la sensibilidad de la ciudadanía de Parla, que se ha mostrado mayoritariamente en contra de estas prácticas". Y dicen "vuelven" pues la polémica ya asomó por primera vez la patita en 2024. "El año pasado ya aprobaron un contrato menor para sufragar, de manera indirecta, encierros. Lo que han hecho ahora es doblar la apuesta", trasladan fuentes de Más Madrid en conversaciones con este digital.
En paralelo, argumentan mismas fuentes, el hecho de que una fuerzas progresista como el PSOE apruebe medidas tradicionalmente ligadas al conservadurismo no hace más que "dar oxígeno a la derecha", que lo interpreta como "un triunfo". Es, por ende, "una irresponsabilidad" que genera, además, "malestar entre la población". Más aún "en un momento de auge reaccionario" como el actual.
Pese a la frontal oposición de Más Madrid, tornada en voto contrario durante la última reunión del Consejo de Gobierno, todo apunta a que la decisión está tomada, por iniciativa del Partido Socialista -que ha preferido no hacer declaraciones al respecto- y con la correspondiente celebración de los grupos derechistas de la oposición: este año volverá a haber encierros en la localidad.
"No entendemos la deriva del PSOE en este sentido. Apelamos una vez más a su responsabilidad y le pedimos al alcalde -Ramón Jurado- que dé marcha atrás mientras está a tiempo de hacerlo", sentencian a este respecto en Más Madrid.
"Le pedimos al alcalde que dé marcha atrás"
Cuestionados asimismo por una futurible crisis de Gobierno, niegan la mayor, reconociendo que "lo habitual es que haya una buena sintonía que nos permita gobernar juntos". En cualquier caso, "nosotros tratamos ciertos temas con mayor ambición", de forma que "es gracias a Más Madrid que se llevan a cabo políticas verdes, políticas, feministas y de justicia social". Para muestra, zanjan, la proliferación de carriles bici en el municipio en pos de la "movilidad sostenible".
Matrimonios desavenidos, también en la derecha
No solo cuecen habas en el seno de la izquierda municipal. En el otro polo, el de la derecha, las crisis de Gobierno están también a la orden del día. Un buen ejemplo de ello es Humanes de Madrid, donde la desavenencias entre PP y Vox terminaron, hace ya algunos meses, con los huesos del alcalde popular José Antonio Sánchez fuera del Ayuntamiento. La pervivencia del Ejecutivo azul se salvaría, no obstante, in extremis con un nuevo acuerdo junto a la plataforma Vecinos por Humanes y con Óscar Lalanne, hasta entonces teniente de alcalde, como primer edil.
Esta misma semana, sin ir más lejos, las tensiones han aflorado también en Collado Villalba, donde, a fin de obtener el apoyo de Vox y aprobar los Presupuestos locales para este curso, la alcaldesa popular Mariola Vargas se vio obligada a asumir la "defensa de la neutralidad institucional, protección de la infancia y eliminación del gasto ideológico" como principio fundamental de su acción política. En la práctica, la cesión supone la "sustitución de las políticas de violencia de género" por "violencia doméstica", así como la "eliminación de toda simbología, cartelería o similar relacionada con la llamada violencia de género".
Una decisión cuanto menos controvertida y que, a petición de los socialistas, bien podría terminar por costarle el cargo como presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que actualmente atesora.
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