Los jueces señalan que las decisiones del Ayuntamiento afectan a “miles de vehículos comerciales” y tienen repercusiones en la competencia y el mercado. Señalan que, por ejemplo, debió considerarse la situación de "sectores empresariales con menos capacidad económica para renovar sus vehículos", refiriéndose a autónomos o pequeñas y medianas empresas (pymes).
El cuestionado apoyo del Grupo Mixto
Otro de los argumentos esgrimidos en la sentencia apunta al papel del Grupo Mixto a la hora de la aprobación de esta Ordenanza en la pasada legislatura. Cabe destacar que la norma aprobada el 13 de septiembre de 2021 con los cuatro votos favorables del controvertido Grupo Mixto (integrado por Marta Higueras, Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas), formado por concejales que se separaron de Más Madrid y que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en abril pasado.
Primeras reacciones
Conocida la sentencia, las reacciones no se han hecho esperar. Los concejales de Vox han celebrado la decisión judicial. Su portavoz, Javier Ortega Smith, considera que con esta decisión "se ha hecho justicia con una valiente sentencia" que ha dejado claro que esa ordenanza transgredía "un mínimo principio de equidad y de igualdad entre los ciudadanos madrileños" y ha defendido que el alcalde de la capital debe presentar su dimisión, “primero por haber mentido a los madrileños y segundo por haber quedado absolutamente desacreditado”. También la portavoz en la Asamblea del partido que llevó a los tribunales la medida, Rocío Monasterio, se ha mabnifestado al respecto en sus redes sociales. "Años de trabajo dan sus frutos. Solo Vox se ha opuesto frontalmente al Madrid Central de Carmena y de Almeida. La libertad puede volver a Madrid", ha escrito.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que formaba parte del Gobierno municipal cuando Manuela Carmena instauró la zona de bajas emisiones denominada entonces 'Madrid Central', ha considerado una "mala noticia para la salud de los madrileños" esta decisión judicial. "Almeida alimentó el negacionismo climático cuando estaba en la oposición y hoy Madrid sufre las consecuencias con una sentencia más propia del siglo XIX", ha escrito en redes sociales. Maestre cree que el PP "ha llegado tarde y sin ganas a las políticas de calidad del aire y esta nueva chapuza lo demuestra claramente". Y le ha pedido al Ayuntamiento que recurra la sentencia y que "ponga en marcha todas las soluciones que estén a su alcance para impedir que demos pasos atrás en la calidad del aire de Madrid".
En el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, su portavoz adjunta, Enma López, ha señalado que "a falta de estudiar en profundidad el contenido de la sentencia, lo que sí podemos saber es que esto es un ejemplo más de las chapuzas Almeida". López ha recordado algunos de los casos en los que la Justicia ha anulado actos del Ayuntamiento precisamente por no cumplir con el procedimiento. "Se nos ocurren ahora mismo la moratoria de vehículos para acceder a Madrid Central, lo que ocurrió con las estufas de gas en las terrazas o hablando de terrazas, la propia ordenanza de terrazas".
Para los socialistas de Madrid, "más allá de si estas políticas públicas nos parecen bien o mal, lo que sí que está claro es que por mucho que Almeida tenga mayoría absoluta, está obligado a cumplir con el procedimiento y no lo está haciendo". La portavoz adjunta considera que el resultado de que las ordenanzas terminen siendo anuladas en los tribunales es "una gran inseguridad jurídica que perjudica a los vecinos y a las vecinas, que llega un momento en el que ya no se sabe si uno puede entrar con el coche o no, si se puede poner una mesa de terraza o no. Esto es el caos. Almeida y los madrileños merecen más", ha zanjado.
Economía frente a salud
En Ecologistas en Acción, su coordinador, Paco Segura, ha recordado que "este mismo mecanismo, el de la insuficiencia de la memoria económica, es el que utilizó el PP en su día para intentar tumbar el Madrid Central de Carmena. Les aplican su misma medicina". Asimismo, a Segura le sorprende "la baja formación ambiental de la judicatura. Cuando se habla de los costes económicos de la zona de bajas emisiones para los automovilistas se olvidan de los altísimos costes de la contaminación para el conjunto de la sociedad. Todos los estudios concluyen que es mucho más barato luchar contra la contaminación que intentar sanarnos de sus problemas".
Verdes-Equo ha calificado de "inadmisible" la decisión judicial "no sólo porque antepone los intereses económicos a la salud pública, sino porque va en contra de la ciencia y el sentido común". "Madrid es la comunidad española con más muertes por calor. Sólo hasta agosto hasta 280 personas han fallecido por causas derivadas del aumento de las temperaturas, fruto del cambio climático, según el Instituto de Salud Carlos III", añaden desde esta formación al tiempo que lamentan una decisión "contraria a la ciencia y el sentido común" y avanzan que seguirán trabajando "para combatir la crisis climática y el negacionismo".
En esa misma línea, Cristina Arjona, coordinadora de movilidad de Greenpeace, ha calificado de "incomprensible" la decisión del TSJM "aun más cuando estamos celebrando estos días la Semana de la Movilidad". Añade que genera una situación de "inseguridad jurídica que pone más obstáculos en el camino hacia la movilidad sostenible". Arjona ha subrayado que en 2023, por segundo año consecutivo, Madrid mejoró los datos de contaminación del aire y logró cumplir con los límites europeos de dióxido de nitrógeno (NO2), lo que considera que es una demostración más de la eficacia de esta medida, por eso le ha pedido al alcalde que recurra esta decisión "sin demora" porque el aire que se respira en la ciudad "no entiende de ideología". Además, ha argumentado que "son las rentas altas las que más usan el coche, mientras que las bajas se mueven en transporte público", según la mayoría de estudios de movilidad.
El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, considera que el criterio del tribunal en esta sentencia contra Madrid 360 es coherente con el que le llevó a aceptar la demanda del PP contra la estrategia de 'Madrid Central' de Carmena. "Lo que no parece coherente es por qué en su día se tomó esa decisión y hoy se repite", ha señalado.
"El tribunal lo que viene a decir es que, si bien es verdad que el respeto por el medio ambiente es un derecho fundamental y tiene que hacerse de manera preventiva, que no es absoluto y hay que tener en cuenta los daños a la economía y eso se debe justificar muy bien", traslada Villalobos sobre esta sentencia que "en el fondo es un despropósito, lo que viene a hacer es a romper un sistema de protección de los derechos fundamentales de los madrileños y madrileñas", que tendremos "más riesgo de morir por la contaminación ambiental".
Por su parte, Automovilistas Europeos Asociados remarca que la sentencia "incide especialmente en el hecho de que las medidas restrictivas adoptadas por la ordenanza afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, que se ven impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales pero no se hizo una valoración de este factor". Por ello pedirá al alcalde de Madrid la inmediata paralización en la tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la devolución de lo cobrado, que estiman en más de 330 millones de euros en 1,7 millones de multas. Ya el pasado agosto, la asociación solicitaba a Almeida una moratoria de dos años en la aplicación de las restricciones de circulación para los vehículos sin etiqueta "en base a los mismos argumentos que ha utilizado el TSJM para anular las ZBE de Madrid".
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