Atención Primaria lleva a la Sanidad madrileña ante la Justicia por la “desprotección” de su salud laboral

Una nueva tormenta se cierne sobre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Superada la crisis, en forma de 'cierre técnico', de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital público Universitario La Paz y tras pedir “tranquilidad” a la población ante lo que consideran un incremento “habitual” en el número de casos de tosferina que se detectan en la región, el departamento que encabeza Fátima Matute se enfrenta ahora a la enésima revuelta de los últimos años en la Atención Primaria.

Atrás quedan las movilizaciones en las calles e incluso los encierros en la sede del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Ahora la partida comienza a jugarse en un escenario muy diferente: los tribunales. Y es que los médicos de Familia y los pediatras ligados a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, más conocida por las siglas AMYTS, y el sindicato Atención Primaria Se Mueve han comenzado a organizarse para demandar de manera conjunta al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El motivo no es otro que la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos que deja "completamente desprotejida” su salud laboral.

Hasta la fecha, informan ambas organizaciones en un comunicado conjunto remitido a Madridiario, son ya cerca de 400 los médicos de Familia y pediatras que se han sentido “indefensos” y, por ende, han decidido personarse ante la Justicia para medir argumentos frente al Gobierno madrileño. Su fuerza, aseguran, bebe de una sentencia emitida hace ya más de dos años y en la cual se obliga a la Comunidad a la implantación de este plan de prevención. Sin embargo, sostienen, la Administración regional aún “no lo ha cumplido”. Un punto de inflexión considerado por los propios sanitarios como el pistoletazo de salida a sus actuales reclamaciones por la vía de los derechos fundamentales, lo que contribuye a acelerar el procedimiento.

Para más inri, continúan, uno de los denunciantes habría sido reparado con una indemnización de 8.000 euros -inicialmente esta ascendía hasta los 20.000- al considerar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la inexistencia de este documento supone un “incumplimiento muy grave” que “vulnera el derecho fundamental a la integridad física y la salud” de los trabajadores. Aunque la sentencia habría sido recurrida por los servicios legales de la propia Administración, arrancaría así una campaña tildada ya de “histórica” por los propios sindicatos y que aspira a “lograr cuantiosas indemnizaciones” para todo aquel profesional que opte por adherirse.

Encuentro informativo

Con el objetivo último de informar -y, de paso, sumar a la causa- al mayor número posible de facultativos dependientes de la Gerencia de Atención Primaria, incluidos médicos de Familia, pediatras, residentes, odontólogos, médicos de los CCACM, médicos de la ESADP, psicólogos y farmacólogos, los sindicatos organizaron el pasado martes un “círculo sanitario” junto a abogados y representantes sindicales para dar a conocer los pasos a seguir y unirse a la demandas colectiva. "Ofrecemos a todos los médicos de Familia y pediatras que se adhieran a una demanda colectiva para presionar a la Comunidad de Madrid para que adopte medidas de prevención y para indemnizar por los daños a quienes han trabajado en estas malas condiciones", explicaba la abogada de AMYTS Rosa María Guardiola.

Por su parte, el letrado de APSeMueve Vicente Martín quiso aprovechar el acto para recordar que su entidad ha logrado ya sentencias favorables, “demoledoras” y cuyas indemnizaciones podrían terminar por resultar superiores a los 8.000 euros en el caso de que los profesional decidan presentar a posteriori reclamaciones individuales alegando “daños por falta de protección”. Un motivo que considera más que suficiente para invitar a todos médicos y pediatras a sumarse a la iniciativa.

Tanto AMYTS como APSeMueve consideran en último término que la judicial -unida la lucha sindical y la presión económica- es la mejor forma de “reparar el daño causado a la profesión médica en la Atención Primaria” durante los últimos años. También para, de una vez por todas, “obligar a la Consejería de Sanidad a tomarse en serio la protección de sus profesionales”, que se elabore un Plan de Prevención de Riesgos Laborales “de verdad” y que “cambie el día a día de las consultas médicas”.

Sanidad responde

La respuesta a cargo de la Consejería de Sanidad no se haría esperar y sería, además, tajante: “El Plan de Prevención forma parte de la organización de la Gerencia de Atención Primaria desde enero de 2019, elaborado, aprobado y difundido en la intranet del Sermas con las actualizaciones pertinentes. La última, de febrero de 2024. Este establece los recursos y las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales dirigidas a garantizar la seguridad y la salud de los profesionales".

En la misma línea, fuentes del área aseguran a este digital que hasta el momento se han realizado dos evaluaciones de riesgo psicosociales y se han ido implementando progresivamente medidas como la reorganizacion asistencial con el nuevo modelo de agendas, la implicacion de todos los profesionales en la optimizacion de su desempeño profesional, la politica de respeto y buen ambiente laboral, los reconocimientos, la formación y la comunicación efectiva”. En estos momentos, concluyen, “estamos trabajando en una planificación preventiva que implica a toda la organización, desde los profesionales hasta la Gerencia”.

“Lo dice la Justicia”

Para los sindicatos, sin embargo, los argumentos que esgrime la Consejería no son más que "papel mojado” en la medida en que “nunca ha habido evaluación de los puestos de trabajo. Lo dice la Justicia”.