El cierre de la planta de Fuenlabrada afectaría a 370 trabajadores, aunque la empresa calcula que si todos se acogieran a la posibilidad de recolocación, no tendría por qué haber ninguna salida, aunque cuentan
con que esta circunstancia no se dé, conscientes de que habrá empleados
que prefieran acogerse a las condiciones de la indemnización.
Frente a las críticas por la "destrucción" de la producción en Madrid
con el cierre de la planta de Fuenlabrada, la empresa recuerda que
dentro del plan de optimización de recursos, el Servicio de Atención al
Cliente (SAC) en Madrid se refuerza y la sede estará también en la
región, donde se centralizarán departamentos como el de comunicación o
logística.
Desde la empresa aseguran que la decisión del cierre
de esta fábrica madrileña ha sido meditada y estudiada con todas sus
consecuencias. El fin era optimizar los recursos con una "reorganización
razonada". De este modo, han explicado que se plantearon todos los
escenarios posibles y que, según los estudios, lo que resulta más eficaz
es producir en el perímetro y distribuir hacia el interior, destacan
desde la compañía.
Tras cerrarse el proyecto de integración de
las embotelladoras de Casbega, Colebega, Cobega, Rendelsur, Begano,
Norbega y Asturbega en un embotellador único el pasado 17 de febrero en
2013, y con el reparto de competencias, se anunció que la plantilla del
embotellador único sufriría un ajuste que afectaría a un total de 1.250
personas. De estos, se plantean 500 puestos de recolocación en todo el
territorio nacional, mientras que los 700 restantes, la mitad sería
prejubilaciones y la otra mitad despidos, por lo que 350 personas
perderían su empleo.
La Comunidad pide a Coca-Cola respetar los derechos de los trabajadores
El portavoz del Gobierno regional, Salvador
Victoria, ha pedido este viernes a la embotelladora de Coca-Cola de
Fuenlabrada que respete los derechos de los trabajadores, al tiempo que ha rechazado "actuaciones violentas o intimidatorias" como las ocurridas en la fábrica madrileña en la madrugada de este viernes.
"Creo que hay que animar al diálogo entre la empresa y los
trabajadores y Coca-Cola ha expresado su disposición a llegar a algún
tipo de acuerdo. Desde el Gobierno regional ya hemos indicado que dado
que se trata de unas circunstancias de reorganización de las plantas de
embotellamiento que tiene en toda España, pero les pedimos que salvaguarden
los derechos consolidados de los trabajadores y que se cuide con todo el
rigor que esos derechos no se vean perjudicados por una decisión que
obedece a razones organizativas, que no económicas", ha explicado.
Victoria ha respetado la decisión empresarial que tome
la compañía y ha recordado que la autoridad competente para revisar el
expediente de regulación de empleo (ERE) es la autoridad estatal porque
afecta a varias comunidades. "Desde el primer día el Gobierno regional ha expresado su ánimo de
salvaguarda y garantía de los derechos de los trabajadores. La
Consejería de Economía ya se ha puesto en contacto con la empresa y ha
expresado su interés de que esto sea así. Los trabajadores saben que el
Gobierno regional está detrás en el margen que le permiten sus
competencias, pero la autoridad que revisa ese ERE es la estatal", ha
reiterado.
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