Desestiman la querella de IU contra Cifuentes por multar a manifestantes

La delegada del Gobierno en Madrid ha mostrado este jueves en una rueda de prensa su "satisfacción" por el archivo de una querella que, en su opinión era "política".

Los denunciantes, el diputado por Valencia Ricardo Sixto y por Málaga Alberto Garzón esgrimieron como base legal de dicha querella que la Delegación del Gobierno había cometido un delito contra la administración pública por prevaricación "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada", alegando además que no se produjo ni desorden ni daño alguno.

También le imputaba otro delito de falsedad documental pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución.

La sentencia al detalle
En el fallo el juez considera "indiscutible" que la manifestación del 27 de octubre, que discurrió por el centro de Madrid, produjo "una seria alteración o perturbación del orden público, impidiendo la normal utilización de las vías y espacios públicos".

El juez asegura que aunque los querellantes afirmaron que se iniciaron múltiples expedientes sancionadores a raíz de la intervención policial, sólo se identifica uno, la multa aplicada al propio diputado Garzón, "que se incorporó a la manifestación pese a estar advertido de que no había sido ni comunicada ni autorizada".

Por tanto, el juez concluye que no hay indicios de una identificación caprichosa o indiscriminada por parte de la Policía ni indicios de que hubieran recibido una orden semejante de Cifuentes.

Además, el magistrado recuerda que cuando una manifestación se desarrolla en lugares de tránsito público "deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa, que podrá prohibirla". Asimismo, el juez rrecuerda que la celebración de protestas no comunicadas en espacios de tránsito público se considera una infracción grave.

Izquierda Unida recurrirá el auto
Por su parte, Izquierda Unida Federal ha presentado un recurso de reforma contra esta decisión del juez. Además, han delantado que si este recurso es desestimado la organización interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Los denunciantes consideran "muy preocupante" que se haya descartado investigar mínimamente la existencia de un plan político para sancionar a ciudadanos críticos con las medidas del Gobierno. IU estima que el juez instructor "debería decretar la reapertura de la causa y realizar la actividad de investigación solicitada en la querella".

Además, han anunciado que siguen pensando que existen indicios más que suficientes para creer que "la actuación de la delegada del Gobierno del PP ha podido falsear las resoluciones administrativas e impedido el libre ejercicio de diversos derechos fundamentales".