El juez declara ilegal la huelga que obligó a cerrar el metro durante dos días

El magistrado establece que el servicio que presta Metro de Madrid es "esencial" para la Comunidad y se apoya en que los servicios mínimos "se incumplieron de manera total". También recoge que los paros de los días 29 y 30 de junio afectaron a 3,5 millones de viajeros, generaron unas pérdidas por ingresos directos de 5,7 millones de euros. "Miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, se produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro", reza el fallo.

Él texto, sin embargo, no juzga si los servicios mínimos del 50% son ilegales, como justificaron los convocates de la huelga para incumplirlos, motivo por el cual CC.OO. y UGT recurrirán el fallo, según anunciaron Juan Antonio Olmos y Teodoro Piñuelas, respectivamente.

¿Compensaciones económicas?
Ahora bien, las responsabilidades por el conflicto que paró Madrid no se acaban con esta decisión. Los jueces aún deben resolver la demanda sindical contra unos servicios mínimos impuestos sin negociación con los representantes de los trabajadores y "abusivos" según CCOO y UGT.

Asimismo, Metro debe decidir ahora si exige responsabilidades económicas -en su día las cifró en 6'5 millones de euros más los 700.000 euros reclamados por los comerciantes del suburbano- por las pérdidas que provocó el cierre del servicio durante los días 29 y 30 de junio. A preguntas de Madridiario, los portavoces de la compañía se mostraron satisfechos porque el juez reconozca un perjuicio de hasta 5,7 millones de euros, pero recalcaron que aún se está estudiando si presentar una demanda de compensación de daños. El primer intento de llegar a un acuerdo entre ambas partes, que se produjo entre administración y sindicatos en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), resultó fallido.

"No habrá otra huelga sin mínimos"
La sentencia, conocida este lunes, ha sido un espaldarazo para el Gobierno de Esperanza Aguirre, que siempre se mostró convencido de que los sindicatos tenían que cumplir los servicios mínimos sin excusas. La presidenta, que conocía la noticia justo antes de inaugurar la remodelación de la carretera M-100 en Alcalá de Henares, garantizaba que "nunca más habrá en la Comunidad de Madrid huelgas que no respeten los servicios mínimos". "El transporte público colectivo es un servicio público vital y, por tanto, los servicios mínimos deben respetarse", sentenciaba la líder del Ejecutivo, que felicitaba además a Metro por conseguir la primera sentencia de la historia presentada por una empresa pública en la que se declaraba ilegal un paro por el incumplimiento de los mínimos.

El Grupo Popular de la Asamblea de Madrid ha visto en la sentencia un varapalo al líder del PSM,  Tomás Gómez, que apoyó a los trabajadores cuando éstos se movilizaban contra su recorte salarial, según David Pérez. Izquierda Unida por su parte, a través de Gregorio Gordo, ha exigido a la Justicia la misma celeridad para resolver la denuncia sobre servicios mínimos ilegales que la que se ha tenido con la demanda de la Comunidad de Madrid.