Los representantes legales de la compañía, los miembros del Comité de Huelga y los representantes del Sindicato de Conductores, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, el Sindicato Libre y Sindicato de Estaciones estaban citados a las 8.30 horas en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). El encuentro, según explicaron a Madridiario los representantes de la compañía, fue breve, ya que ambas partes se reafirmaron en sus posturas y los sindicatos se ratificaron en que no están dispuestos a pagar ninguna cantidad económica.

Ninguna de las partes esperaba un cambio de actitud del otro, de manera que la demanda continua a partir por los cauces legales. La compañía persigue que la huelga de los días 29 y 30 de julio sea declarada ilegal y que los representantes de los trabajadores se hagan cargo de una indemnización de 6,5 millones de euros. De estos, 5'5 corresponderían a lo que Metro asegura haber dejado de ingresar durante las jornadas, en las que el servicio estuvo completamente suspendido por el incumplimiento de los servicios mínimos del 50%.

Esos dos días, miles de viajeros tuvieron que desplazarse en transporte rodado, lo que provocó el colapso circulatorio de la capital y una "imagen negativa" de Metro que la empresa cuantifica en un millón de euros más.

Los mínimos, también ilegales
Pero los miembros del comité de huelga consideran que no le deben nada a la empresa. A su entender, y agarrándose a un precedente judicial, los servicios mínimos del 50% que decretó la Consejería de Transportes sí eran ilegales, por lo que no ven ningún delito en su incumplimiento. Igualmente, recalcan que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid elaboraron ningún plan alternativo pese a que conocían con doce días de antelación que los días 29 y 30 de julio ningún trabajador acudiría a sus puestos de trabajo en protesta por la bajada de salario que el Ejecutivo decretó como medida de ajuste ante la crisis.

La Comunidad defiende en cambio que era inconcedible que los sindicatos fuesen a incumplir la ley dejando a los madrileños sin el transporte más utilizado. Igualmente, la Administración recalca que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia establece que los mínimos del 50% eran legales.