Bárcenas tenía capacidad de decisión aunque no ostentara cargo público, según el inspector de la UDEF

Manuel Morocho ha asegurado este lunes en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa (1999-2005) que el extesorero del PP Luis Bárcenas no ocupaba ningún cargo público durante los años que están siendo juzgados, aunque ha insinuado que tenía alguna "capacidad" de decisión. El inspector, que comparece como testigo-perito ante las preguntas del abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha reconocido que el que fuera gerente del PP no ostentaba ningún cargo público ni a nivel autonómico ni municipal.

En esta línea, ha sido preguntado por los repartos de dinero que obran en el sumario de la causa en relación a las campañas electorales organizadas por las empresas de Correa en 2003. Se sospecha de altos cargos del PP, entre ellos Luis Bárcenas, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exdiputado por Segovia Jesús Merino o el exeurodiputado 'popular' Gerardo Galeote. En relación a esto, el inspector ha afirmado que aunque Bárcenas tenía cargos en la formación política "no dirigía ningún ayuntamiento o participaba en el gobierno de alguna Comunidad Autónoma". Es más, ha apuntado que en los distintos informes se menciona qué cargo ocupaba en el momento de recibir dinero, no que se le pagase por su condición, como en el año 2007 cuando el acusado era senador por Cantabria. Aún así, ha matizado que "no es lo mismo capacidad que cargo".

El letrado ha recordado que varios ex altos cargos 'populares' que han comparecido en este juicio como testigos -Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos-, han afirmado que su defendido no tenía ninguna capacidad de decisión, sino que era un subordinado del entonces tesorero Ángel Lapuerta, cuya causa está archivada por "demencia sobrevenida". No obstante, el presidente del tribunal Ángel Hurtado ha interrumpido esta parte del interrogatorio al considerar que la pregunta "no es pertinente", ya que los testigos han contado varias versiones al respecto.

Morocho ha vuelto a ser cuestionado por las siglas que aparecen en la contabilidad de Correa en las que se identifican a beneficiarios de dádivas con siglas y apodos. En cuanto a Bárcenas, el pasado jueves -día en el que empezó a declarar el inspector- ya apuntó que los distintos indicios recogidos durante la investigación se hizo concluir que 'LB' era el extesorero 'popular'.

"Elementos a mayores"

"Hay elementos a mayores", ha asegurado Morocho, al mismo tiempo que ha explicado que no sólo están las menciones expresas que se hacen en las grabaciones del denunciante José Luis Peñas, que destapó la trama Gürtel, sino también los documentos "individualizados" que elaboró el presunto contable de Correa, José Luis Izquierdo, sobre cada una de las personas que recibieron dinero. Asimismo, ha insistido en que el apodo 'Luis, el Cabrón', que aparece en dichas anotaciones, se relaciona con Bárcenas porque se alude de este modo al acusado en distintas conversaciones telefónicas intervenidas. La administradora de varias de las empresas de Correa, Isabel Jordán, asintió haber escuchado a su jefe referirse así al extesorero 'popular' por haber reducido los trabajos encargados por el partido. "Las manifestaciones se interpretan de forma literal, es bastante evidente lo que se escucha a una persona decir en un contexto determinado sobre una persona determinada", ha apostillado.

Nulidad de las grabaciones

El agente ha insistido en numerosas ocasiones a preguntas de varios de los abogados que, pese a que Peñas fuese quién presentó la denuncia que destapó el 'caso Gürtel', no tenían conocimiento de que éste estaba grabando a los investigados. Asimismo, ha enfatizado que el exconcejal era "objeto" de investigación porque había que "verificar" los hechos denunciados, pero que aún así ha admitido que no solicitaron los audios que el exconcejal no entregó junto a la denuncia.

En cuestiones previas del juicio, varias de las defensas solicitaron la nulidad de la causa al considerar que su autenticidad no había quedado acreditada. Esta anulación se extendió hasta las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron algunos de los investigados con sus defensores estando ya en prisión preventiva, por las que el entonces el juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial por prevaricación. Sobre esto ha intentado preguntar el abogado de Jordán, Gustavo Galán, al agente de la UDEF, sin éxito porque el presidente del tribunal se ha opuesto a que el interrogatorio se dirigiese en este sentido. "Están expulsados del procedimiento y no existen", ha dicho Hurtado, dando así la razón a la fiscal Concepción Sabadell, que ha formulado su protesta a la pregunta de Galán. Aún así, el abogado de Jordán ha continuado preguntando si durante las diligencias de investigación se tuvieron en cuenta el derecho de los investigados. "Nosotros como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía estamos sometidos a la legalidad que emana de la Constitución", ha dicho Morocho.

Objetivo "crematístico"

Por último, el inspector de la UDEF ha sostenido que Correa, y algún otro empresario, financiaron la creación del partido político, que formaron los exconcejales de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas y Juan José Moreno, -ambos acusados en esta causa-, para que una vez estuviesen en el Ayuntamiento favoreciesen con adjudicaciones públicas a las empresas de la Gürtel. Según ha explicado Morocho, Correa tiene la "expectativa de colocar a alguno de sus miembros" en el Ayuntamiento para "convertirse en un trampolín que pudiese favorecer a la organización". "Es crematístico, ese es su objetivo final", ha concluido.