El mes de diciembre toca a su fin con una buena noticia para el bolsillo de los madrileños: la inflación terminará el año en el 3,1 por ciento tras bajar una décima. Aunque los precios continúen al alza, el alivio es palpable y viene marcado por la reducción en el coste de los alimentos y la electricidad. Se trata del segundo mes consecutivo en que la inflación desciende, terminando así 2023 a la mitad del 5,9 por ciento con el que arrancaría el curso. Esta es, unida a aspectos coyunturales como el desempleo o las dificultades para acceder a la vivienda, la principal preocupación de los ciudadanos y, por ende, también la cuestión sobre la que los gobiernos regional y nacional centrará sus esfuerzos en 2024.
La inflación dio el pistoletazo de salida a 2023 situándose en el 5,9 por ciento, subiendo al 6 por ciento en febrero y cerrando el trimestre con un importante descenso, hasta el 3,3 por ciento. Abril, sin embargo, traería consigo una nueva subida, de casi un punto, hasta el 4,1 por ciento. La tendencia se mantuvo a la baja en los meses de más calor del año, siempre por debajo del 3 por ciento a excepción de mayo, con un 3,2 por ciento. Septiembre y octubre coincidirían con un 3,5 por ciento, con mejores noticias aún en noviembre, 3,2 por ciento, y diciembre 3,1 por ciento.
De acuerdo con lo expuesto por el INE, la reducción de la inflación bebe del descenso generalizado de los precios y, en especial, en el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que suelen experimentar un notable ascenso coincidiendo con las festividades navideñas. Este año, sin embargo, se mantendrían más estables de lo habitual. La electricidad es otro de los factores a tener en cuenta y es que este mes subiría en menor proporción a diciembre del 2022. Por su parte, los precios de los carburantes disminuirían, pero con menor intensidad que el mismo mes del año anterior.
Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacan que, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España, "la inflación general y la subyacente mantienen su senda descendente, permitiendo que los salarios sigan ganando poder adquisitivo y las empresas españolas una mayor competitividad, incluso en el difícil contexto internacional".
Alimentos, gas y electricidad
Entre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo lucen varias rebajas impositivas. En esa línea, el Gobierno central aprobaba el pasado miércoles un Real Decreto-Ley para prorrogar algunas de las medidas que caducan el 31 de diciembre para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida generalizada de los precios. En este paquete de medidas se mantiene la supresión durante seis meses más del IVA del 4 por ciento que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos, y la rebaja del 10 al 5 del aceite y la pasta. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas fiscales han supuesto para las arcas públicas una merma de 1.573 millones de euros entre enero y noviembre de este año.
Continuando en el apartado impositivo, el Gobierno de Pedro Sánchez también decidió retirar de "manera gradual" durante los próximos seis meses las bonificaciones vinculadas con la electricidad y con el gas natural que estaban vigentes, en muchos casos desde verano de 2021. De esta manera, se irá retirando gradualmente la bajada del IVA de la electricidad -que cayó del 21 al actual 5 por ciento-, del impuesto sobre la producción eléctrica -del 7 por ciento y actualmente suspendido- y la eliminación del impuesto especial eléctrico -ahora en el 0,5 por ciento frente al 5,1 por ciento-. Asimismo, el presidente del Gobierno anunció que el IVA del gas volverá a sus niveles normales del 21 por ciento -actualmente situado en el 5 por ciento- a partir de febrero "una vez pasado el periodo invernal". En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sánchez justificó estas medidas "ante la caída de los precios de la energía" en los últimos tiempos.

En la misma línea, Sánchez avanzó que se mantendrán durante los próximos seis meses las medidas de protección a las familias vulnerables, como, por ejemplo, "el máximo descuento que se puede dar a las familias vulnerables del bono social, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas de los hogares y de la bombona de butano. También durante los próximos seis meses se prorrogarán medidas de apoyo a la industria, como la reducción al 80 por ciento de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y también la flexibilidad en el cambio de contratos de suministro eléctrico. A todo ello hay que sumar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), acordada por el Gobierno y los sindicatos mayoritarios a principios de año. En suma, 1.080 euros, una subida de 80 euros mensuales repartidos en 14 pagas.
Ya en la recta final del curso ha vuelto a haber cambios de asiento en el Consejo de Ministros. La salida de Nadia Calviño hacia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones ha precipitado el nombramiento de un nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa. Por su “solvencia, honestidad y conocimiento de la Administración Pública”, además de ser doctor en Economía y Técnico Comercial del Estado, el elegido por La Moncloa ha sido finalmente Carlos Cuerpo. La vicepresidencia primera, también en posesión de Calviño, será ahora asumida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno regional, menos intervencionista
Lejos de abogar por una intervención que, consideran, perjudica al libre mercado, desde el Ejecutivo regional apuestan por políticas de baja fiscalidad para hacer frente a los efectos derivados de la inflación. Una estrategia que queda de nuevo patente con las últimas medidas tributarias diseñadas. Se trata de tres nuevas rebajas fiscales ligadas a la Estrategia de Natalidad, con especial énfasis en la adquisición de un hogar tras un nacimiento o una adopción. Asimismo, se pondrán en marcha otros incentivos vinculados al cuidado de mayores, al alquiler de vivienda y al desarrollo de estudios universitarios. El ahorro estimado para los bolsillos de los contribuyentes madrileños asciende hasta los 126 millones de euros.
En lo referente a la próxima declaración de la Renta, el Gobierno madrileño ha creado un incentivo adicional para las nuevas familias numerosas, que tendrán bonificado el 50 por ciento de la cuota autonómica de este impuesto durante tres años. En el caso de que estas familias sean de categoría especial, la bonificación podría alcanzar incluso el 100 por ciento. El objetivo último, en la línea de reformas anteriores, no es otro que el fomento de la natalidad.
Además, se establecen dos deducciones en materia de ayudas para el acceso a la vivienda. Por un lado, la compra vinculada a un nacimiento o adopción gozará de una rebaja del 10 por ciento sobre el precio de adquisición, prorrateada durante diez años, con un límite anual de 700 euros. Por otro, los menores de 30 años podrán desgravar hasta el 25 por ciento de los intereses satisfechos durante el año por préstamos hipotecarios obtenidos para la adquisición de su vivienda habitual, con un límite máximo de 1.000 euros anuales. En paralelo, los madrileños también podrán acogerse en su próxima declaración a tres descuentos relacionados con el cuidado de personas mayores en el entorno familiar, el arrendamiento de una vivienda y el curso de estudios superiores.
Por si esto fuera poco, desde la Puerta del Sol ponen también el foco en la segunda deflactación consecutiva del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un ahorro próximo a los 153 millones de euros. Con esta ayuda se espera que los tres millones y medio de tributantes de la región “vayan a ver atenuados los efectos fiscales del incremento de sus salarios como consecuencia del aumento generalizado de los precios”. La decisión de deflactar por segundo año convierte a la Comunidad de Madrid en la primera de las comunidades autónomas de régimen común en aprobar esta medida durante dos ejercicios seguidos, beneficiando especialmente "a las rentas más bajas". El ahorro global para los contribuyentes en estos dos años ascenderá a más de 350 millones.

Asimismo, tras la decisión del Tribunal Constitucional de avalar el impuesto que grava la posesión de bienes por encima de los tres millones de euros en aquellas regiones sin liquidación patrimonial propia, la Comunidad comenzaría a gestar una reforma temporal de la normativa que ha sido finalmente aprobada en Pleno hace apenas unas semanas. Se trata, en palabras del portavoz del grupo parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, de “reaccionar para que ese dinero -la recaudación del oficialmente conocido como impuesto de solidaridad a las grandes fortunas- no se lo quede Pedro Sánchez”, sino que recaiga en las arcas madrileñas. Se estima que esta medida afectará a más de 10.000 declarantes, con una recaudación de 555 millones de euros anuales. Tal montante, aseguran desde el PP, redundará en nuevas rebajas fiscales.
El Ejecutivo de Ayuso ha avanzado además que a lo largo de 2024 dará luz verde a otra deducción en el Impuesto de la Renta para nuevos contribuyentes que lleven un mínimo de cinco años viviendo fuera del país y decidan invertir ahora en activos financieros o inmobiliarios para su posterior conversión a vivienda habitual. En estos casos se podrán descontar hasta el 20 por ciento de la aportación total, siempre y cuando esta se mantenga durante los próximos seis años. Todas estas actuaciones en materia impositiva, explican fuentes de Sol, son “fruto de las iniciativas emprendidas por el Gobierno autonómico para impulsar la economía y generar riqueza y empleo”.
Cabe destacar que la cuestión de las bonificaciones a inversores que procedan del extranjero trajo consigo a medidados de curso la escenificación de la ruptura de relaciones entre el Partido Popular y Vox en Vallecas. El ‘no’ por parte de los de Rocío Monasterio, fundamentado en una supuesta "discriminación" hacia el contribuyente madrileño, supuso el fin de la alianza conservadora previa a la celebración de las elecciones, en las que el PP terminaría llevándose la mayoría absoluta.
Tales políticas, continúan, “han convertido a la Comunidad en la primera economía española, creciendo tres décimas de PIB por encima de la media nacional”. La región, de acuerdo con las cifras oficiales, “también ocupa el primer lugar en la creación de empresas, con más de 20.500 nuevas en lo que va de año -el 22,7 por ciento del total nacional-, y en cuanto a la atracción de inversión extranjera, con más de 10.260 millones -más de la mitad del total estatal-. A lo largo de la historia de la autonomía, concluyen, “nunca ha habido tantas personas trabajando en la región como ahora, con 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, siendo la que más empleo crea, con 134.257 nuevos en el último año -el 26 por ciento del país-. Con ello, “el paro ha descendido un 1,8 por ciento, manteniéndose así 1,3 puntos por debajo de la media nacional.
Subvención a los transportes o cómo trabajar en equipo
Donde sí han coincidido las ejecutivas de Sánchez y Ayuso ha sido en dar continuidad a la bonificación en materia de transportes. Así, la Comunidad de Madrid mantendrá la rebaja del 60 por ciento del precio de los abonos mensuales de transporte público y del 50 por ciento en el caso de los multiviaje, prorrogando la medida que está en vigor desde el 1 de febrero de 2023. Una decisión que se daba prácticamente por tomada tras aprobarse en Consejo de Ministros la continuidad a la bonificación del transporte público.

El Gobierno central ha prorrogado para todo el año 2024 la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50 por ciento en el transporte de competencia autonómica. Esto supone que las comunidades autónomas estarán obligadas a aportar un 20 por ciento del descuento, con el fin de que el Estado pueda transferir los fondos y subvencionar la rebaja del 30 por ciento, todo ello destinado a abonos y títulos multiviaje.
Con esta medida, se calcula que cerca de siete millones de usuarios madrileños continuarán beneficiándose de este descuento, lo que supone un ahorro de 30 millones de euros al mes para el conjunto de los ciudadanos que utilizan el transporte público, según se ha informado desde el Gobierno regional en un comunicado. El abono Joven 30 días seguirá costando ocho euros; el Normal A, 21,80; el de la zona B1, 25,40; el de la B2, 28,80 y el de las zonas B3-C1/C2, 32,80 euros. En cuanto a los títulos de 10 viajes de Metro, Metro Ligero y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se mantienen en 6,10 euros, tras aplicarles una quita del 50 por ciento, siempre que se utilicen dentro de la zona A.
Presupuestos a la madrileña
A diferencia de lo ocurrido el pasado año, cuando el Gobierno regional fue incapaz de aprobar sus Presupuestos, la mayoría absoluta Popular ha permitido que este curso las Cuentas saliesen adelante con total comodidad. Un escenario que se repite, además, en el Ayuntamiento de la capital.
A escala regional, las partidas recogen un incremento de un 19,6 por ciento con respecto a 2022 y de un 7,9 sobre las no aprobadas el curso pasado. En suma, 27.558 millones de euros, la mayor inversión de la serie histórica. Todas las consejerías verán incrementados sus ingresos, tanto en gasto como en inversión, destacando especialmente áreas como Sanidad y Educación, principales focos de crítica a cargo de la oposición. Tanto es así que el propio Ejecutivo no ha dudado en destacar el “acento social” de los Presupuestos, y es que nueve de cada diez euros se destinan a “gasto social”.
En el ámbito municipal, el alcalde de Madrid, José Luís-Martínez Almeida, ha presentado unas cuentas que alcanzan los 5.939 millones de euros y suponen un incremento de 399 millones de euros, un 7,2 por ciento más con respecto a 2022. Tales cifras reflejan además un incremento anual del 3,6 por ciento si se comparan con el Presupuesto de 2023, que se encuentra prorrogado fruto de la negativa de Vox.

Recaudación “récord” en turismo
La Comunidad de Madrid espera cerrar el año con cifras récord en turismo. Hasta la fecha, ya ha marcado más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, destaca que estas cifras refrendan el "esfuerzo que se está haciendo" desde el Ejecutivo autonómico, pero también "desde la iniciativa privada". Es, en definitiva, uno de los momentos "más importantes" para el turismo en la región.
La cuestión, en cualquier caso, también presenta una cara B, y es que el gran volumen de visitantes y madrileños en las calles del centro llevó al Ayuntamiento de la capital a activar el nivel negro por la "alta ocupación" en varias fechas señaladas del curso -como el puente de Todos los Santos-, el máximo tras el rojo y naranja. Este protocolo implica cortes de algunas calles o modificaciones en el transporte público tales como el cierre de la estación de Sol.
"La tendencia habitual es que este puente se puebla con el turismo nacional, pero también es verdad que esa tendencia está aumentando en lo que tiene que ver en el resto del año con el aumento del turismo internacional, con lo cual nosotros pensamos que las cifras van a ser especialmente altas tanto en uno como en otro", justificaba el propio de Paco al ser cuestionado por las aglomeraciones.
Desigualdad y exclusión
Pese a lo halagüeño de las cifras macroeconómicas y las medidas puesta en marcha por los Ejecutivos autonómico y nacional, la situación de muchas familias en la región continúa siendo, cuanto menos, compleja. Así lo atestiguan las cifras del informe sobre la pobreza en la región que elabora anualmente el sindicato Comisiones Obreras. De acuerdo con el estudio, el 14,4 por ciento de las personas con trabajo viven en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid y el 15 por ciento no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Además, una de cada cinco personas se encuentra en riesgo de pobreza, el 45 por ciento de menos de 30 años.
"En la Comunidad más rica de España hay 1.370.000 personas en riesgo de pobreza, es decir, una de cada cinco", lamenta el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO Madrid, Manuel Rodríguez, quien no duda en culpar de la situación a "la ausencia de políticas sociales adecuadas en la Comunidad”. El sindicalista acusa también al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de "perpetuar la pobreza" con sus políticas, "como demuestra que la tasa de riesgo de pobreza en niños y adolescentes menores de 16 años en la región alcanza casi el 23 por ciento". Esta es además aún más alta en localizaciones especialmente deprimidas de nuestra geografía, como puede ser la Cañada Real Galiana.

La reclamaciones del sindicato apuntan hacia "una fiscalidad justa", que enlaza directamente con la necesidad de un modelo productivo que saque a la región de la "precariedad instalada". "Según los datos, tener un empleo ya no es suficiente para no tener una situación de pobreza, con un 14 por ciento de trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza a pesar de tener un empleo", concluye Rodríguez.
Las cifras expuestas por CCOO contrastan, no obstante, con la realidad de los municipios más ricos de la región. Por tercer año consecutivo, Pozuelo de Alarcón se mantuvo en 2021 como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 80.243 euros, lo que supone un ligero incremento del 1,2 por ciento respecto a 2020. En total, son cinco las localidades madrileñas que se sitúan en el 'top ten' de municipios con mayor renta bruta media: Pozuelo, Boadilla del Monte, Alcobendas, Majadahonda y Torrelodones.