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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa (d)
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa (d) (Foto: Alberto Ortega / Europa Press)

La Comunidad auditará el sistema de protección de menores

Por Alejandro Navas
jueves 03 de febrero de 2022, 08:14h

La Comunidad de Madrid realizará una auditoría para analizar el sistema de protección de menores a raíz de la "Operación Sana". Esta es la primera consecuencia política de la caída de la red de prostitución de menores desmantelada por la Policía Nacional y sobre la que se han efectuado más de 35 detenciones y rescatado a una decena de jóvenes, de las que al menos tres estaban tuteladas por la Consejería de Políticas Sociales.

Será la titular de la Consejería, Concepción Dancausa, la encargada de detallar en qué va a consistir esta auditoría funcional en su comparecencia de este mediodía en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Según fuentes del área, será la Inspección de Servicios, perteneciente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el departamento encargado de auditar los motivos por los que las tres menores tuteladas acabaron sumidas en una espiral de drogas, prostitución y violencia. El análisis se pondrá en marcha este semestre y analizará la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores de la región, evaluando de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red autonómica y la calidad de la gestión que desarrollan.

La Comunidad alertó en 80 ocasiones

Según fuentes de la Consejería, los trabajadores de los centros donde vivían estas tres menores tuteladas alertaron en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre su situación y sobre sus ausencias voluntarias. Recalcan desde la Administración que los centros de protección son abiertos y que "sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor".

Sin embargo, el centro donde residían las tres víctimas tiene una particularidad, los ingresos deben hacerse con una autorización judicial y esto permite a la dirección restringir la libertad de movimiento de los usuarios, con una condición: deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización “en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje”.

En este punto, aseguran desde la Consejería de Políticas Sociales que se intentó limitar las salidas y entradas de una de estas menores de forma infructuosa. Las comunicaciones con la Fiscalía de Menores no sirvieron porque "no tenían competencia". Después, la Administración se dirigió al Juzgado nº 1 de Torrejón de Ardoz, el que autorizó el ingreso de la menor en el centro. La comunicación se remitió el 25 de octubre de 2021, pero "nunca obtuvo respuesta".

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