José Manuel Franco deja la Delegación de Gobierno para ser secretario de Estado para el Deporte

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sustituirá a Irene Lozano al frente de la Secretaría de Estado para el Deporte una vez que el PSOE ha decidido incorporarla en sus listas para las elecciones autonómicas del 4M, han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Franco ha recibido hoy la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aceptado el ofrecimiento que incluye presidir también el Consejo Superior de Deportes. Al socialista le gusta el deporte, jugó mucho tiempo al baloncesto y es amigo de Lozano. Este martes previsiblemente se anunciará el cambio el Consejo de Ministros y luego se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actual subdelegada, Elena Bernardo, será la delegada del Gobierno en funciones hasta la designación del sustituto o sustituta. Todo apunta a que será una mujer. Según informa Eldiario.es, la actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, será la sustituta de Franco.

Con amplia experiencia parlamentaria, donde ha sido diputado autonómico varias legislaturas y también diputado nacional, fue en 2017 elegido secretario general del PSOE-M en unas primarias con más del 70 por ciento de los votos y está considerado como uno de los hombres de confianza en Madrid del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Franco ha estado poco más de 13 meses al frente de la Delegación, un tiempo marcado por la crisis de la Covid-19 y los diferentes estados de alarma, que le han permitido tomar posiciones como referente de la oposición al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.

El 17 de febrero de 2020 Franco tomó posesión poniendo como prioridad la igualdad, la lucha contra la violencia de género y para dar "seguridad al servicio de la libertad", entre otras cuestiones. Un mes después la pandemia se convirtió en su prioridad, y en la de todos los dirigentes políticos. Días antes había autorizado la manifestación del 8M, que le reportó problemas judiciales. Fue imputado y llamado a declarar por supuesta "prevaricación ante el riesgo sanitario" que comportó esta decisión. Pero finalmente la jueza Carmen Rodríguez Medel archivó el caso.

Tras la aprobación del primer estado de alarma, el delegado del Gobierno asumió el Plan de Protección Civil de la Comunidad y también el Centro de Coordinación de la crisis del coronavirus, el mando único madrileño.

En su condición de secretario del PSOE-M ofreció a finales de abril a la Comunidad y a los agentes sociales "un gran pacto para la recuperación y para la reconstrucción" para que, una vez superada la crisis sanitaria "los grandes perdedores de las crisis económicas no sean los mismos de siempre y las cargas de la misma sean repartidas de forma equitativa".

Este pacto nunca se materializó debido a un enrarecido clima político que ha caracterizado la política madrileña en el último año. La Comunidad acusó a Franco de usar su cargo para hacer oposición y puso por ejemplo la investigación que abrió la Delegación por posibles incumplimientos de la normativa antiCovid en el evento que reunió a decenas de personas, incluidos los máximos mandatarios regionales, por el cierre del hospital de emergencia de Ifema el 1 de mayo. Una investigación que meses después cerró la Fiscalía.

El quebradero de cabeza de las manifestaciones

A pesar de las prohibiciones, a mediados de mayo comenzaron las caceroladas de protesta contra el Gobierno central en el barrio de Salamanca, que luego se extendieron a la calle Ferraz y otros puntos. El delegado reforzó la presencia policial y pidió a los manifestantes que respetaran las medidas sanitarias, al tiempo que criticó el apoyo que les dio en la Asamblea la presidenta regional. Días después se permitieron otras marchas, como la protagonizada en coche de Vox por el Paseo de la Castellana.

La autorización o no de manifestaciones ha sido uno de los quebraderos de cabeza del representante del Gobierno en Madrid. Dos marchas de negacionistas que no respetaron las medidas de separación o la de llevar mascarillas acabaron con decenas de multas y las críticas de sus adversarios políticos.

Tras el último episodio de este tipo, y entrada la tercera ola de la pandemia, la Delegación ha optado por prohibir las protestas más multitudinarias y todas las del 8M gracias al aval del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid. Sin embargo, ha recibido criticas por concentraciones sí autorizadas como la del homenaje a la División Azul de hace un mes.

Moción de censura

En junio el líder de los socialistas madrileños afirmó que "había motivos" para una moción de censura contra Díaz Ayuso para "alejar la mezquindad de la política madrileña" y por el "desgobierno". Incluso para ello llegó a apuntar la posibilidad de que una persona de Ciudadanos ocupara la Presidencia para así garantizar su éxito.

Sin embargo, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, desechó tajantamente esta idea y el Partido Popular también descartó la convocatorio de unas elecciones anticipadas, pese los numerosos desencuentros entre los dos partidos que componen el Gobierno regional.

El delegado reiteraba en que el Partido Socialista estaba "preparado" para unas nuevas elecciones autonómicas y volver a ganarlas, algo que finalmente llegó con el anuncio este mes de comicios por parte de la presidenta regional tras la moción de censura planteada por PP y Cs en Murcia.

Tras la desescalada, las competencias en el control de la pandemia pasaron a manos de la Comunidad de Madrid. Pese a que el delegado del Gobierno no estaba muy de acuerdo con la efectividad de los confinamientos por zonas básicas de salud (ZBS), siempre ha mostrado su "lealtad" con el Gobierno regional para aplicar sus medidas y ha desplegado a policías y guardias civiles para hacerlas cumplir, pese a las críticas de los mandatarios regionales y de la capital, que le han reprochado falta de agentes.

José Manuel Franco ha acusado a la Comunidad de "no hacer todo lo que tenían que hacer" desde que asumieron las competencias y siempre se ha mostrado partidario de medidas más duras en Madrid.

Los últimos enfrentamientos han venido motivados por la problemática de la Cañada Real, donde algunos vecinos llevan cuatro meses y medio sin luz, y por la llegada del llamado 'turismo de borrachera' a Madrid.