José Luis Martínez-Almeida ganó el pulso a Ángel Carromero y cerró el pasado 9 de mayo la fase de comparecencias de la comisión que investiga el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, aún no se ha consensuado el dictamen final de este proceso por el que se pretende esclarecer si el Partido Popular se valió de recursos del Ayuntamiento de Madrid en su operación contra la presidenta regional. Los grupos municipales presentaron este jueves sus conclusiones individuales, a excepción de Vox, que ha declinado redactar las suyas.
La izquierda remarca la limitación en las averiguaciones que han generado las ausencias, coincide en que no se produjo una investigación interna en la EMVS, no consideran probada la renuncia voluntaria del exdirector general de la Alcaldía y posible 'cabecilla' de la trama y advierten de extralimitación de funciones en dos concejales del Consistorio. El Partido Popular, por su parte, pone el acento en que no se ha encontrado ningún contrato ni demostrado pago a detectives.
Conclusiones de Más Madrid
El informe de Más Madrid concluye que el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, incumplió el código ético de este organismo al iniciar una investigación, a petición del alcalde, "no siendo competente para ello". "Esta medida está reservada en exclusiva al Comité de Ética a través del canal de denuncias", aclara el principal partido de la oposición. Además, indican que estas pesquisas las realizó "de espaldas al Consejo de Administración".
Adjudican también responsabilidades en el caso al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Lo acusan de extralimitarse en sus funciones por participar en el interrogatorio al jefe de Comunicación de la EMVS, David Fernández, por su presunta vinculación con la contratación de detectives en una reunión en la sede de esta empresa pública el pasado 12 de enero. La incomparecencia del propio Fernández, así como las del detective Julio Gutiez, Isabel Díaz Ayuso y Ángel Carromero dejarán "pendiente la respuesta definitiva de si hubo intento de espionaje", manifiestan en su escrito.
Los de Rita Maestre reprochan a José Luis Martínez-Almeida "no haber actuado con la debida diligencia" al no atender su compromiso de que todos los cargos de la Corporación Municipal comparecerían. Asimismo, Más Madrid apunta que "se ha negado a revelar tanto quién le informó del intento de espionaje como cuál fue el indicio que le llevó a solicitar a González y Carabante una investigación ocultada a su socio de Gobierno, Ciudadanos". "Por todo ello", resumen que "se han puesto todos los obstáculos posibles para conocer la verdad".
Conclusiones del Partido Socialista
El Partido Socialista considera probado que la trama existió, justificándolo en las dimisiones del exdirector general de la Alcaldía, Ángel Carromero, y del jefe de Comunicación de la EMVS, David Fernández, y en el cese de Joaquín Vidal, exjefe de prensa del alcalde. Ven acreditado también que el regidor madrileño encargó una investigación "utilizando medios públicos" del Consistorio "para un asunto privado del PP" y la fechan entre el 18-20 de diciembre de 2021 y el 12 de enero de 2022.
No obstante, afirman que el primer edil mintió al asegurar que se realizó una investigación interna en el seno de la EMVS, pues los altos cargos de este organismo han negado tener conocimiento de la misma. "Nunca hubo intención de averiguar si algún trabajador de la EMVS contactó con detectives privados para investigar a la presidenta regional ya que esto había sido ordenado por interpuestos de confianza del propio Martínez Almeida, al exclusivo objeto de conseguir pruebas de comisiones cobradas por el hermano de la Ayuso y con el fin de parar las aspiraciones de esta a la presidencia del PP de la Comunidad de Madrid", relatan los socialistas en su informe.
La formación que encabeza Mar Espinar en Cibeles apunta hacia las "contradicciones constantes" entre miembros del Gobierno municipal y personal directivo y eventual del Ayuntamiento, lo cual "pone de manifiesto que han mentido de manera obstinada". El PSOE apunta en última instancia hacia Carromero, Vidal y Fernández como los ejecutores de la investigación sobre el comisionista Tomás Díaz Ayuso "con la aquiescencia de sus jefes jerárquicos".
Conclusiones del Grupo Mixto
El Grupo Mixto apunta hacia un problema fundamental de partida: las ausencias. "Si los comparecientes con una mayor implicación no comparecen, la comisión resulta vacía de contenido", sentencian al tiempo que subrayan que han impedido obtener información "imprescindible" para esclarecer por completo el caso. De las dos docenas de incomparecencias ponen el foco en la la "escandalosa" de Joaquín Vidal, quien, pese a ocupar un cargo de confianza dentro del organigrama del Ayuntamiento, se ha negado a asistir y "aun así permanece en su puesto". Los ediles carmenistas concluyen también que la investigaciín interna que el alcalde aseguró haber encargado al conocer el rumor del espionaje "no se produjo", como los cargos de la EMVS testificaron.
Otra de las conclusiones que extrae Recupera Madrid es que "no queda constancia de que Carromero presentara voluntariamente su dimisión". Por el contrario, intuyen que se ha "disfrazado" de renuncia voluntaria un "cese encubierto" para cuya formalización el vocal asesor de Alcaldía Javier Segura Fayos escanéo la firma manuscrita del exdirector general de la Alcaldía y la pegó en la carta de dimisión que él mismo redactó. Un documento del que "no consta que contara con su conformidad" -con la del propio Carromero-. Aunque admiten que no existen pruebas que manifiesten de forma fehaciente la participación de Carromero en la trama contra Ayuso, resulta "evidente" para el Grupo Mixto que José Luis Martínez-Almeida "sí debía tener constancia de su implicación y forzó su dimisión" aunque con ello "acrecentó la crisis institucional generada por este asunto".
Conclusiones del Partido Popular
El Grupo Municipal Popular hace hincapié en que "no se ha constatado la existencia de ningún contrato ni se ha efectuado ningún pago a una empresa de detectives". Lo hacen extensible tanto a los asuntos ligados a la actividad ordinaria de la EMVS como los que conciernen a la presunta investigación a personas allegadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Inciden los 'populares' en que en los registros de la Empresa Municipal de la Vivienda no aparece registrada "ninguna factura ni pago al Grupo -de detectives- Mira". Abundan en que en los contratado cerrados y los pagos realizados por esta compañía pública "no se ha encontrado nada irregular ni sospechoso que pudiera suponer un incumplimiento de la normativa".
El PP pone también de manifiesto que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no ha observado fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses en el caso, lo cual motivó que procediera al archivo provisional del expediente. Defienden, asimismo, las actuaciones efectuadas por el presidente de la EMVS, Álvaro González, y por el consejero delegado, Diego Lozano, quienes no informaron al resto de la cúpula de las averiguaciones que llevaron a cabo para comprobar si se habían empleado recursos públicos en el supuesto espionaje de Génova a Ayuso. "Al tratarse de rumores sin ningún tipo de veracidad consideraron que no se cumplían los requisitos del Canal de Denuncias y tampoco consideraron oportuno trasladarlo al Consejo de Administración por su falta de credibilidad", exponen.
Conclusiones de Vox
Por su parte, Vox ha rehusado redactar conclusiones sobre la comisión. El partido que lidera Javier Ortega Smith en Madrid sostiene que el proceso "se convirtió en una cacería política desde el principio". Así, precisan que a quienes creen "es a los cargos técnicos que han declarado que no hubo uso de recursos municipales". En resumen, y como ya ha comentado repetidamente su concejal Pedro Fernández: "Ha sido la comisión de la nada".
Recomendaciones
El Partido Socialista ha solicitado en su dictamen que el Ayuntamiento de la capital elabore una normativa que obligue al personal municipal a declarar en las comisiones de investigación. Proponen, además, que el incumplimiento de esta regla provoque el cese del personal eventual y la apertura de expediente disciplinario a funcionarios y personal laboral.
Recoge el guante el Partido Popular, que ha trasladado que los servicios jurídicos del Consistorio deberán estudiar la forma de cómo obligar a comparecer a todo el personal municipal o que haya cobrado del erario público de Cibeles a fin de evitar las ausencias que han marcado tanto la reciente comisión de investigación del presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso como la BiciMAD del pasado mandato.
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