El pasado 11 de enero, el concejal de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Álvaro González, recibió el encargo del alcalde de Madrid de esclarecer un "rumor" que vinculaba a este organismo público con una trama orquestada por el PP para espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha relatado el edil en la comisión que investiga el caso, donde ha expuesto que José Luis Martínez-Almeida le pide que "indague" si "alguien relacionado con la EMVS se ha dirigido a un detective" con tales fines. Niega, por tanto, conocer con anterioridad a esa fecha los supuestos hechos, aunque el regidor madrileño fechó en diciembre de 2021 el momento en que él tiene constancia de los mismos.
Tras la orden del alcalde, González se pone en contacto con el detective Julio Gutiez, del Grupo Mira. "Se me dice que puede ser esta agencia", ha señalado. Tras varios intentos infructuosos para hablar con él, finalmente lo consigue y es en una segunda conversación con este hombre, involucrado en las escuchas del Partido Popular a Ignacio González, cuando este "aclara que ninguna persona relacionada con la EMVS se ha dirigido a él". Lo desmiente, ha incidido, "dos veces".
Continúa el concejal las averiguaciones citando al consejero delegado, Diego Lozano, y al jefe de Comunicación de la EMVS, David Fernández, para preguntarles si tienen conocimiento del rumor. Lo hace en una reunión en la que también participa el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, al que no menciona. "Los dos niegan la mayor. No habían participado ni nada parecido", ha señalado. Las pesquisas siguieron revisando los contratos cerrados en la empresa desde 2019 que "dan veracidad a que no ha podido ocurrir ninguna contratación".
Tras estas actuaciones, González no consideró necesario advertir al Comité de Ética y Cumplimiento sobre la situación, descartando acudir al canal de denuncias porque "era un rumor sin mayor fundamento". No procedía, ha remarcado, al "no haber denunciante, denunciado ni hecho". Esos requisitos, ha dicho, "aquí no se daban". Tampoco entendió que debía dar cuenta del tema al vicepresidente de la EMVS, el concejal de Cs Mariano Fuentes, ni al consejo de administración de la empresa pública.
"Soy miembro de varios y en ninguno se tratan rumores", se ha excusado. Por tanto, llevó a cabo las indagaciones por sí mismo y en solitario pese a que sus competencias como presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda se limitan, como él mismo ha reconocido, a presidir los consejos de administración, alimentando así la acusación de la oposición de que podría haberse extralimitado en sus funciones.
Como ya hicieran otros altos cargos de la EMVS, González, militante del Partido Popular desde hace 25 años, ha hecho hincapié en que “hubiera sido imposible a través de los mecanismos que tiene la empresa” contratar una agencia de detectives. En este punto, se ha apoyado en las conclusiones del procedimiento iniciado en febrero por el Comité de Ética para esclarecer los hechos: “Son bastante claras en que no hay fundamento respecto al rumor y en que no ha habido ninguna contratación”.
La comparecencia de Álvaro González ha llegado precedida de la de su compañera en el Gobierno Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos y consejera de la EMVS. La edil ha indicado que se enteró del caso el día que salió publicado en prensa y por esta vía. Ha rechazo la concejala tener conocimiento de la investigación interna solicitada por el alcalde "hasta que tuvimos la reunión", refiriéndose al encuentro con todos los miembros del PP de la corporación municipal al que la convocó Almeida el 17 de febrero antes de ofrecer la rueda de prensa en la que rechazó que se hubieran empleado recursos públicos para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La primera en declarar este viernes fue Julieta de Micheo, directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa Municipal de Transportes. Escueta en sus respuestas, la compareciente ha contado que supo del caso "por la prensa" y ha negado tener información sobre si la EMT ha contratado o pagado a detectives.
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