Pacto Regional para la Vivienda: "Es una herramienta de marketing"

En el marco del Plan para la reactivación de Madrid diseñado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para paliar las consecuencias dejadas en la región tras la crisis del Covid-19, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto parte del foco en mantener e impulsar el sector inmobiliario teniendo como fin último “generar vivienda pública digna y a un precio asequible”. La Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, área dirigida por David Pérez, hacía pública durante su intervención en el Foro de Economistas Inmobiliarios a principios de junio su intención de revitalizar la colaboración público-privada para impulsar la vivienda como fórmula para hacer frente a la situación de crisis económica y social derivada de la pandemia.

Entre otras cuestiones, Pérez subrayaba que el Gobierno madrileño “ha asumido la responsabilidad en la agilización de los trámites de las licencias y la digitalización de los procedimientos mediante una mayor modernización administrativa, además de producir suficiente suelo que sea capaz de absorber la creciente demanda”. Asimismo, el Ejecutivo regional anunciaba haber “propuesto recientemente -a los principales agentes inmobiliarios madrileños y a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid- suscribir un gran Pacto Regional por la Vivienda”.

Dicho pacto, sin embargo, ha sido objeto de criticas en las últimas comisiones de Vivienda celebradas en la Asamblea de Madrid al no haber sido trasladado al resto de partidos que conforman la Cámara Regional, entre otras cosas. Entre ellos, el Grupo Parlamentario Socialista ha señalado a Madridiario que “no solo no se ha planteado nada a los grupos parlamentarios del a Asamblea, sino que también sería necesario contar con todos los agentes sociales y económicos del sector, incluida la Federación Madrileña de Municipios”.

La diputada socialista Cristina González, ha indicado a este diario que el anuncio de dicho Pacto ha tenido lugar a través de los medios de comunicación y que en ningún momento el consejero se ha puesto en contacto con ellos para “explicarnos el contenido o con quién se ha forjado”, al tiempo que hace hincapié en que desde el Ejecutivo regional “hablan de un pacto para la vivienda, pero la realidad es que en la actualidad no tienen un Plan Regional de Vivienda que puedan implementar”.

Según señala la socialista en este punto, es más necesaria que nunca la creación de este plan para que “la Comunidad de Madrid, además de gestionar el dinero del ministerio del Plan Estatal de Vivienda, hiciera una aportación regional, para no dejar a nadie fuera en las ayudas al alquiler, algo para lo que de momento va a poner cero euros”, sostiene. “La apuesta que tienen por la vivienda queda bastante patente”, dice González.

Asimismo, la socialista señala que “no se hace ninguna mención a la Regeneración y Rehabilitación Urbanas, algo por lo que otras regiones europeas apuestan, además, como factor de creación de empleo”, y es que defiende que “no es solo construir vivienda, también es regenerar la que ya hay”. En este sentido, tanto la socialista como otros diputados inciden el planteamiento que el Gobierno regional ha hecho de la Ley del Suelo, una modificación que se enmarca dentro de este pacto y que “quieren sacar por trámite de urgencia y sin lectura previa ni debate, el modelo más antidemocrático que hay”, tal y como sostiene Carolina Alonso, diputada regional de Unidas Podemos – IU.

Alonso, que criticó en la última comisión que el consejero no se hubiera puesto en contacto con el resto de grupos y que se enterarán del pacto por la prensa, sostiene que “hemos introducido alegaciones en la página de Transparencia de la Comunidad y hemos presentado un recurso de alzada” contra esta modificación de la Ley del Suelo. “Me parece increíble que esta sea la primera medida que la Comunidad de Madrid quiere llevar a cabo para reactivar la economía”, dice la de la formación morada, que además se queja de que “se haga a espaldas de los grupos parlamentarios, aprovechándose del confinamiento y de que no ha habido hasta hace nada control al Gobierno en la Asamblea”.

Jorge Moruno, del Grupo Parlamentario Más Madrid, sostiene que “el Partido Popular insiste en aplicar un modelo fracasado que hace más difíciles a los madrileños acceder a una vivienda digna” y asegura que “tras 25 años aplicando sus políticas, la vivienda se ha convertido en el principal factor de fractura en la sociedad madrileña. Su proyecto de región es construir y vender con las instituciones públicas avalando hipotecas”.

“La colaboración público privada del Partido Popular quiere decir que ponen las instituciones y los recursos públicos al servicio de las empresas amigas a través de contratas”, insiste. “Madrid necesita un modelo diferente, necesita acercarse a Europa y aumentar la oferta de vivienda sin fines especulativos: invertir en vivienda pública, en alquiler asequible, también puede hacerlo acordando una colaboración público privada con beneficio limitado, tiene que movilizar la vivienda vacía y regular la vivienda turística”, sentencia el de Más Madrid.

Por su parte, José Luis Ruiz Bartolomé, diputado del Grupo Parlamentario Vox, también señala que “David Pérez no se ha reunido ni ha hablado específicamente con los demás grupos parlamentarios sobre el Pacto Regional de la Vivienda, yo me di por enterado por la prensa”. Dicho esto, el de Vox señala que debe tenerse también en cuenta que “la Consejería de Vivienda tiene unas competencias muy limitadas en lo que se refiere a Vivienda como tal”, y enumera que además de gestionar lo correspondiente al IVIMA y al Plan Vive, este área solo se encarga de la canalización de las ayudas que cada año recibe la Comunidad de Madrid del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021.

“Cuando David Pérez habla de este Pacto Regional de la Vivienda habla de cosas que en parte no le corresponden, como bajadas de impuestos, la reducción de burocrática y de trámites, o lo relativo a la declaración responsable que se pretende hacer con la reforma de la Ley del Suelo, que es competencia de Medio Ambiente”, expresa Ruiz Bartolomé. “Cosas nuevas no hay. Todo esto es una herramienta de marketing político porque hablar de “pacto regional” suena muy bien, pero nada más”, añade.

“El sector inmobiliario representa el 15% del PIB regional”

Por su parte, el consejero David Pérez defendía este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la necesidad de impulsar el sector inmobiliario en la Comunidad de Madrid y señalaba que el Pacto Regional por la Vivienda “no es un pacto político ni partidista”, sino que se trata de un “acuerdo en un área que está llamada a convertirse en uno de los vectores de la recuperación económica tan necesaria para nuestra Comunidad y para nuestro país”.

Preguntado por Madridiario sobre el devenir de esta idea y por las críticas del resto de grupos parlamentarios, Pérez ha señalado que “se trata de un sector que puede ser también el que acoja a parte de los desempleados de otros sectores más afectados por la crisis, y con esa idea y el objetivo de seguir garantizando el derecho a la vivienda de los madrileños hemos promovido este pacto”. Así, ha enfatizado en que se busca “garantizar y reforzar el derecho constitucional del acceso a la vivienda de los madrileños, permitiendo que haya una oferta suficiente en los próximos años que haga que los precios puedan bajar y sean accesibles para los madrileños”.

Tal y como ha explicado, el mecanismo pasa por varias líneas de actuación, entre ellas “potenciando la colaboración público-privada dentro de la cual está el proyecto Plan Vive, que facilitará 15.000 viviendas en alquiler a mitad de precio para los jóvenes en toda la geografía regional”, además de “apostando por la economía social, ya que las cooperativas tienen un papel fundamental para la política de vivienda, y por que haya una financiación suficiente para la política de vivienda, algo que ahora no estamos viendo con las ayudas que el Gobierno de la Nación”.

“Se debe tener en cuenta que el sector inmobiliario representa el 15 por ciento del PIB regional”, ha defendido Pérez ante los medios de comunicación. Así, el Pacto se sustentaría en seis pilares básicos como la fiscalidad en materia de vivienda; el desarrollo de políticas fiscales que bonifiquen y promuevan esta actividad; y generar más vivienda social, introduciendo condiciones que favorezcan su promoción.