La Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante este miércoles en el desarrollo de su proyecto de vivienda Plan Vive tras aprobar en el seno del Consejo de Gobierno el Decreto por el que se regulará el régimen de asignación y uso de las promociones de los inmuebles para quienes impulsen su construcción, en virtud de una concesión administrativa otorgada por el Gobierno regional.
Así lo ha anunciado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo regional en la que ha estado acompañado del vicepresidente madrileño y consejero de Transparencia, Ignacio Aguado.
“Hoy damos un paso muy importante en la apuesta decidida de este Gobierno por ofrecer alternativas y soluciones habitacionales a determinados colectivos que presentan menores posibilidades de alquiler y compra de vivienda en el mercado libre, en especial a los más jóvenes”, ha indicado Pérez, para anunciar que el nuevo Decreto permitirá la construcción de 25.000 viviendas para el alquiler en los próximos ocho años.
Según ha dicho el consejero, el Plan Vive es el proyecto “más potente en estor términos que se ha impulsado desde una comunidad autónoma en toda Europa”, el cual permitirá “poner en toda la geografía regional” inmuebles de alquiler a precios ventajosos para aquellos “jóvenes que por su salario o situación personal no se pueden permitir alquilar una casa” y muchos menos asumir “el 20 por ciento del precio de una vivienda que se solicita como entrada”.
Tipo de viviendas
Así, la finalidad de la nueva norma pasa también por alcanzar una gestión eficiente del patrimonio público, constituido en este caso por los suelos que, de acuerdo con el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, están integrados por redes supramunicipal.
El consejero de Vivienda ha explicado que en consonancia con lo dispuesto en la normativa urbanística, la Comunidad otorgará concesiones administrativas de dominio público a terceros, que serán quienes ejercerán la actividad de promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, con arrendamientos hasta un 50 por ciento más baratos que los del mercado.
El Decreto, además, garantizará que la asignación de las viviendas se haga de forma objetiva y ordenada. De hecho, habrá colectivos preferentes, como los jóvenes menores de 35 años, pero asimismo tendrán prioridad los vecinos y trabajadores con antigüedad de 3 años en el municipio donde se encuentre el suelo, así como habrá partidas de viviendas destinadas a “mayores de 65 años” y “familias con problemas económicos”.
El Decreto ordena también el posterior uso que tendrán las viviendas sobre la base de contratos de arrendamiento a suscribir entre el concesionario y los usuarios finales de los inmuebles.
25.000 viviendas en ocho años
El objetivo del Plan Vive Madrid es poner en el mercado de alquiler hasta 25.000 viviendas en los próximos 8 años, 15.000 de ellas durante la presente legislatura. Se quiere facilitar el acceso a la vivienda a distintos colectivos, como los jóvenes menores de 35 años, además de contribuir a incrementar la oferta en el mercado del alquiler madrileño con unos precios sensiblemente inferiores a los precios de mercado.
La Comunidad de Madrid cuenta ya de 1,2 millones de metros cuadrados disponibles en 43 municipios de la región para llevar a cabo esta operación. La primera fase del Plan Vive permitirá próximamente iniciar los trámites de licitación de las primeras 72 parcelas distribuidas en 27 municipios de la región, un proceso que Pérez ha situado en noviembre.
A partir de ahí, se licitarán "aproximadamente en febrero" y arrancará entonces la construcción de las primeras 9.000 viviendas de las 15.000 previstas en el Plan Vive en esta Legislatura. Para cumplir este objetivo el articulado de la norma incluye la regulación del procedimiento a seguir para la asignación de las viviendas, así como su régimen de uso, la promoción de viviendas sobre suelos de redes supramunicipales, el destino de las viviendas, la constitución de una lista de interesados y su publicidad.
El articulado contempla igualmente la posibilidad de establecer reservas de viviendas y su procedimiento de asignación, además de los requisitos de acceso a las viviendas, el régimen jurídico de los contratos de arrendamiento y su control por la Administración. En la tramitación del proyecto de decreto se han tenido en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe ajustarse toda regulación.