Dulce, madre de cinco hijos (tres de ellos menores de edad y uno con síndrome de Down), ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda que ocupaba junto a su familia en el barrio madrileño de Moratalaz, un inmueble propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.
El lanzamiento se ha ejecutado en el segundo intento de desalojo, después de que el primero, previsto para el pasado 3 de julio, fuera aplazado gracias a la movilización de vecinos y colectivos de apoyo. Días después, la familia recibió la notificación con la nueva fecha, que finalmente se ha cumplido este miércoles.
Dulce y su hermano Herminio residían desde hacía cinco años en una vivienda en El Ruedo, a la que accedieron sin título tras varios intentos fallidos de obtener una vivienda pública.
El desahucio se ha producido pese a que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había solicitado la suspensión del procedimiento hasta que se garantizara una alternativa habitacional para evitar "daños irreparables" a los tres hijos menores de la familia, entre ellos el pequeño con síndrome de Down.
Tampoco la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha impedido la ejecución del lanzamiento. La titular del departamento se ha desplazado hasta el lugar cuando ya se estaba llevando a cabo el desalojo, según han señalado a Europa Press fuentes del Sindicato de Inquilinas de Moratalaz.
Desde el sindicato denuncian que la familia no ha recibido una alternativa habitacional adecuada. Según explican, cuando Dulce estaba embarazada de su último hijo, el Ayuntamiento le comunicó que "no podía concederle la vivienda debido a que ya no cumplía con la capacidad suficiente para albergar a la familia".
Asimismo, sostienen que la Agencia de Vivienda Social tampoco ofreció una solución "de calidad" adaptada a las necesidades de la familia. En este sentido, aseguran que la única propuesta de los servicios sociales consistía en una habitación compartida para Dulce y sus hijos o un albergue de carácter temporal, opciones que consideran insuficientes, especialmente por la situación del menor con discapacidad.
Por su parte, fuentes municipales han explicado a Europa Press que tanto los Servicios Sociales como Samur Social ofrecieron a la familia recursos de alojamiento temporal dentro de los programas de emergencia social, propuestas que fueron rechazadas. Según trasladan desde el Ayuntamiento, la familia dispone de una alternativa familiar.
La Comunidad defiende la actuación
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que los servicios municipales "ya están trabajando" con la familia para ofrecer una solución habitacional.
García Martín ha recalcado que la Comunidad de Madrid "siempre es muy sensible" ante este tipo de situaciones, aunque ha recordado que el desahucio responde al cumplimiento de una resolución judicial. Además, ha incidido en que el inmueble pertenece al parque de vivienda social y "está destinada a personas en situación de vulnerabilidad que ya están esperando a través de una lista correspondiente para acceder a esa vivienda".
El portavoz regional también ha criticado la presencia de la ministra Sira Rego, de quien ha dicho que "le ha faltado tiempo en ir para hacerse la foto", contraponiendo esa actuación al trabajo realizado por las administraciones madrileñas.
"La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han estado trabajando haciendo política de adultos, no política adolescente que es la que hace esta ministra que no aporta absolutamente nada ni va a aportar absolutamente a nadie, que nada espere de esta ministra nadie porque desde luego la solución la va a ofrecer el propio Ayuntamiento y la ha ofrecido la propia Comunidad", ha zanjado.
Más Madrid carga contra Ayuso y Almeida
La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha calificado el desahucio como "la cara más dura y más cruel" de las políticas de vivienda y servicios sociales impulsadas por los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
"Malvenden suelo público a fondos buitres y dejan a las familias en la calle"
La edil ha asegurado que los servicios sociales municipales conocían la situación de la familia y la resolución emitida por Naciones Unidas. Sin embargo, ha denunciado que "la respuesta que han dado los servicios sociales municipales es que no era urgente recibir a esta familia en esta semana", al tiempo que ha defendido que este caso "no es un caso aislado".
Sánchez también ha acusado a la Agencia de Vivienda Social de haberse convertido "en el mayor casero desahuciador de la región" y ha equiparado su actuación con la de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). "Es exactamente lo mismo que está haciendo Almeida con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS): malvenden suelo público a fondos buitres y dejan a las familias en la calle", ha afirmado.
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