La incidencia de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid ha experimentado en los últimos días una tendencia a la baja en varias Zonas Básicas de Salud que se advierte también en las prisiones regionales. El número de reclusos infectados se ha estabilizado en las siete cárceles, incluidas aquellas que registraron focos importantes a mediados de octubre. No obstante, los funcionarios no cesan en su exigencia de ser sometidos a pruebas PCR periódicas, como sí se realizan a los presos, para minimizar el riesgo de contagios en la plantilla.
En la cárcel de Soto del Real aún quedan activos 41 casos de coronavirus entre los presos, según datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP). Sin embargo, la cifra ascendía a 49 el pasado 16 de octubre. Una diferencia no muy notoria, pero que al menos confirma que el brote surgido el mes pasado se ha controlado.
Las mismas fuentes oficiales trasladan a Madridiario que en Navalcarnero se contabilizan 30 internos positivos y en Alcalá Meco-Madrid II uno. Así, la nota positiva la representan los centros penitenciarios de Alcalá Meco-Madrid I, Aranjuez, Valdemoro y Estremera, que han logrado 'poner el contador a cero' en lo que a presos con Covid-19 se refiere. "Hemos tenido muy buena capacidad para hacer aislamientos y en la preparación de los módulos para hacer cuarentenas", destacan desde IIPP como la clave para paralizar la expansión del virus.
Javier C., representante de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar en Soto del Real, confirma que "se ha sabido aislar muy bien a los internos". Sin embargo, no encuentra la misma diligencia en la gestión de los positivos entre los trabajadores y expone que "unos 12 o 14 funcionarios están contagiados" en este momento, unas bajas a las que se sumarían otros empleados en cuarentena. Por ello, continúan con una reclamación que iniciaron en verano y que no han visto satisfecha: la realización recurrente de test PCR.
Los trabajadores piden PCR para detectar asintomáticos
Desde el inicio de la pandemia, los funcionarios acordaron trabajar dos días a la semana, uno con un turno de 14 horas y otro de 24, y librar los otros cinco de forma que limitasen sus movimientos. Se han conformado así jornadas largas de convivencia en las que creen que es "muy probable" que si un compañero contrae el virus "se lo pase a otro y se vaya haciendo una cadena". A fin de ganar seguridad, piden que se les practiquen estas pruebas para "ver quién es asintomático y mandarlo para casa".
Esta competencia recae sobre la Consejería de Sanidad, que ha optado por acometer un estudio serológico que empezó el 5 de octubre y sigue en curso. Según indican fuentes del área, ya han realizado extracciones de sangre a 2.000 de las 4.000 personas objeto de las pruebas programadas. Los resultados se conocerán cuando se completen.
Esta medida no convence a Tu Abandono Me Puede Matar, que ve en este estudio un parche e insiste en la pertinencia de las PCR. "Entendemos que es una cuestión de coste porque es más barata la serología que los PCR", apunta Javier C. Para justificar su petición, la asociación ejemplifica el riesgo que corren en que "muchas veces" recepcionan nuevos ingresos y "a los cinco días estos dan positivo". Con un test tras este tipo de sucesos, afirman, se reduciría el peligro.
Por su parte, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asevera que "la mayoría" de los contagios entre el personal se producen "fuera de la cárcel" y recuerda que la ejecución de los test no está a su cargo. Asimismo, solo reconoce seis positivos activos en la plantilla de Soto del Real. A estos se sumarían seis más en Valdemoro, cuatro en Navalcarnero -que llegó a tener cerca de la veintena en el brote de octubre-, tres en Estremera, dos en Aranjuez, uno en Alcalá Meco-Madrid I y ninguno en Alcalá Meco-Madrid II a fecha de 11 de noviembre.
¿Cortar las comunicaciones ordinarias?
Otra cuestión que también suscita las discrepancias de Tu Abandono Me Puede Matar es el salvoconducto que las autoridades expiden a los familiares de los reclusos para que puedan desplazarse desde cualquier punto del país a visitarlos. "Es un trato de favor con respecto al resto de la población que puede tener un familiar interno en la residencia de un municipio cercano y no poder ir a verlo por restricciones perimetrales mientras otros cruzan media España", se queja Javier C.
La asociación entiende que estas visitas constituyen un "derecho fundamental para personas que están privadas de libertad", pero cree que en las actuales circunstancias estos encuentros se llevan a cabo "a costa de la salud del resto". En consecuencia, solicitan que se interrumpan las comunicaciones ordinarias en las seis prisiones madrileñas que aún las mantienen.
El Ministerio del Interior suspendió el pasado 28 de septiembre los permisos de salida, así como las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia en las siete cárceles de la Comunidad de Madrid. Esta orden se ha prorrogado desde entonces debido a que el protocolo obliga a cerrar estas comunicaciones especiales si en la autonomía se supera una incidencia acumulada a 14 días de 100 casos por 100.000 habitantes. Así sucede en la región madrileña, que presentaba este viernes un índice de 427,74.
Salvo excepciones puntuales, sí están autorizadas las comunicaciones ordinarias, aunque en locutorios limitados a un 50 por ciento. Es decir, con un máximo de dos comunicantes por interno en lugar de los cuatro habituales. En todo caso, con una mampara de cristal por medio. Esta medida está vigente en todas las cárceles de la Península, a excepción de las de Orense, León y Soto del Real por su mayor volumen de infectados por coronavirus. Además, tampoco se aplica en las prisiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Instituciones Penitenciarias hace hincapié en que estas reglas "se evalúan a diario" revisando la incidencia del virus por provincia para decidir si se mantienen o no las restricciones. Sobre la reclamación de Tu Abandono Me Puede Matar de cortar todas las comunicaciones sostienen que "es muy duro quitar a una persona privada de su libertad más derechos" y aseguran que trabajan "para salvaguardar los derechos de los internos y la salud de estos y de los trabajadores". Por el momento, descartan el 'cerrojazo' definitivo que sí se impuso durante el confinamiento.
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