Desde que el Gobierno declaró el estado de alarma para contener la ciris sanitaria del coronavirus, en la Comunidad de Madrid el paro ha crecido en 52.000 personas, la contratación ha caído a un tercio de un mes normal y la Seguridad Social ha perdido cotizantes. Son datos recogidos en el informe 'Los efectos de la crisis del Covid-19 en la población trabajadora madrileña", presentado esta mañana por el secretario general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún.
Según las conclusiones de este sindicato, los efectos de la pandemia sobre el empleo y la protección social en la región están muy vinculados no solo a la evolución de la enfermedad, el confinamiento y las medidas tomadas para compensar las consecuencias negativas de la paralización de la actividad económica. Destaca CCOO que también resulta relevante el contexto sobre el que se produce, dado que "la región ya venía sufriendo situaciones de precariedad y de falta de protección a las personas desempleadas".
El informe considera que lo que ha frenado la crisis de empleo en la región ha sido la figura del ERTE, que ha actuado como elemento de contención a la pérdida de empleo, al cierre de empresas y a la crisis social. A 30 de abril había en Madrid, 566.000 personas en esa situación. El sindicato ve dos fortalezas en esta medida: que ha sido rápida y eficaz. Y calcula que, de no contarse con esta figura, el volumen de desempleo en Madrid sería de al menos un millón de personas.
Según este estudio hay 14 sectores concentran el 80 por ciento de los ERTE y estos coinciden también con los sectores afectados por pérdida de afiliación. Hostelería y Comercio concentran casi uno de cada tres, aunque el parón de la actividad derivado de la pandemia ha afectado al conjunto de la actividad económica y a todos los sectores.
El número de personas beneficiarias de prestación por ERTE sumado a las prestaciones contributivas y subsidios por desempleo ascienden a 621.000 en la nómina de abril, frente a las 190.000 personas beneficiarias de marzo, mientras que el gasto en prestaciones asciende a casi 600 millones, el triple que el mes anterior. El SEPE ha reconocido más de 442.000 prestaciones nuevas en Madrid, algo que no se había producido nunca.
El sindicato sostiene que la carga de trabajo extra que ha provocado sobre el SEPE la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la debilidad de un servicio público que ha sido sometido durante más de una década a recortes de plantilla y que necesita abordar una mejor dotación y modernización.
En cuanto al paro registrado, apunta que se sitúa en 405.000 personas, una cifra que sube a los 421.000 si se contabilizan los demandantes no ocupados (personas que quieren trabajar y no encuentran un empleo). Solo en el mes de abril el paro ha crecido más de un 10 por ciento, una situación que, alerta el sindicato, nunca se había producido. Las personas precarias y, fundamentalmente, quienes tienen un empleo temporal son las más expuestas a perder su puesto de trabajo o a alargar sus periodos de desempleo entre ocupación y ocupación.
La afiliación a la Seguridad Social ha caído, sobre todo en el mes de marzo. La pérdida de afiliaciones se sitúa en 157.872 personas entre el último día de febrero y el último de abril. El efecto se ha dado fundamentalmente entre los asalariados y en mucha menor medida en el trabajo autónomo. En términos porcentuales, los sectores más afectados son, por este orden, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, Hostelería, Construcción, Actividades administrativas y servicios auxiliares, Otros servicios y Educación.
Todos los sectores sufren pérdida de ocupación excepto uno, el de Actividades sanitarias y servicios sociales, que incrementa en 2,4 por ciento el número de afiliaciones de asalariados, pero este incremento solo se produce en marzo.
Sobre la contratación, el informe alerta de que se ha derrumbado. En abril se registraron un tercio de los contratos que se firman en un mes normal, pero se ha mantenido muy alta la temporalidad (84 por ciento). La hostelería ha reducido sus contratos en un 94 por ciento respecto a un mes normal. Incluso Sanidad y servicios sociales ha contratado algo menos (-0,7 por ciento) que en abril de hace un año y lo ha hecho recurriendo a los contratos temporales.
Más planes y ayudas para afrontar la crisis social
En el ámbito social, CCOO de Madrid critica el "raquítico" plan de reactivación presentado por el Gobierno de la Comunidad así como su "política sectaria" y le exige que plantee acuerdos sociales para abordar la "reconstrucción" de la autonomía. Entiende el sisndicato que el gobierno regional no ha tomado ninguna medida para paliar la situación y exige una mejora del sistema de protección mediante la colaboración de todas las administraciones y los agentes sociales. "La red de solidaridad no debe confiarse al voluntariado, sino basarse una red de servicios públicos, sostenido en una fiscalidad justa, equilibrada y solidaria", señala el informe.
En cuanto a impacto social, el 28,7 por ciento de las personas contagiadas en España residen en la Comunidad de Madrid; del total de fallecidos, el 32 por ciento se ha producido en un centro residencial; el 89,4 por ciento eran mayores de 70 años, y por tasa de incidencia acumulada, el distrito de Puente de Vallecas es el más afectado con 3.031 casos, seguido del municipio de Leganés 2.9802 .
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, que cita el informe, 1 de cada 5 madrileños y madrileñas se encuentran en situación de riesgo de pobreza. "Partimos, por tanto, de una situación de clara debilidad con unos indicadores de pobreza muy elevados, de claro componente estructural, en la región más rica de España". Más de 300.000 personas se encuentran en situación de pobreza severa, sin tener en cuenta el impacto de la crisis sanitaria.
Por otro lado, Cedrún ha denunciado la reducción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la autonomía, que "no hay ni un euro" para Políticas Sociales y "la ausencia total" del Ejecutivo autonómico en la crisis que esta padeciendo la región. "Así no podemos ir a ningún sitio", ha lanzado. En este sentido, ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central "posiblemente va a cubrir a más familias" de las que están en la RMI. Cedrún ha pedido una reunión a la delegación del Gobierno con agentes sociales y administraciones para ver de qué manera se va a aplicar.
La Renta Mínima de Inserción alcanza a 33.000 familias, según CCOO, lo que supone 106.746 personas beneficiarias. Daría cobertura, tan solo, a un tercio de las personas que se encuentran en situación de pobreza severa.
Por otra parte, ha acusado al Ejecutivo regional de no poner sus propios fondos para la crisis del coronavirus sino contentarse con aquellos que está poniendo a su disposición el Gobierno de Sánchez. "Necesitamos que también haga los deberes, un impulso fuerte de cara a la reactivación, a la reconstrucción, que pasa por empezar a hacer inversiones inteligentes, que nos conduzcan a la reindustrializacion, digitalización, mejorar infraestructuras o colocar al sector socio-sanitario al nivel que necesita", ha expuesto.
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