El personal de lucha contra incendios forestales de la región ha dicho “basta”. Después de “años de abandono y promesas incumplidas”, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, adscritos a la empresa pública Tragsa, se concentran este miércoles frente a la sede central de Tragsa en Madrid para “denunciar la insostenible situación laboral que padece el colectivo” y “exigir soluciones inmediatas a sus justas reivindicaciones”, según han anunciado en un comunicado.
Los bomberos exigen la negociación “urgente” de un nuevo convenio colectivo (caducado desde hace 13 años) que incluya una reducción “drástica” de la temporalidad, la implementación “real” de un plan de evaluación de riesgos laborales y el desbloqueo del encuadramiento profesional: "Es inadmisible que un servicio esencial que protege a los madrileños y su patrimonio natural funcione bajo un marco laboral obsoleto desde hace más de una década".
El texto difundido por el Comité de Empresa de Bomberos Forestales Tragsa-Madrid señala la “nula voluntad negociadora demostrada por la dirección de Tragsa” y denuncia la “falta de transparencia” de la empresa pública, “evidenciada en el caso de corrupción relacionado con Jessica y Ábalos y en los beneficios reportados en 2024, que ascendieron a 91,3 millones de euros”. Una situación que “contrasta con la falta de inversión en mejoras laborales”.
Un marco laboral obsoleto desde 2012
“Hemos emplazado a la empresa para negociar un nuevo convenio y el bloqueo ha sido total”, cuenta Jesús Molina, miembro del Comité de Empresa. El convenio colectivo que rige en la actualidad fue firmado en 2008 y caducó en 2012, con lo que “deja a los trabajadores en una situación de absoluta precariedad normativa”. La situación es “límite”. “Seguimos teniendo las mismas condiciones que en 2008, con lo que ello conlleva, mis tres últimas nóminas han sido de 1.253 euros…Eso hoy en día en la Comunidad de Madrid no se puede soportar para tener una vida más o menos digna”, lamenta Molina.
Desde Tragsa declaran a Madridiario que "el convenio de aplicación a este colectivo es sectorial y aplica solo al colectivo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Este personal, en su momento, fue subrogado y por tanto no cambió al convenio Tragsa". Dicho convenio, añade la empresa pública, "es sobre el que el Grupo Tragsa tiene potestad de negociación, no pudiendo negociar un convenio sectorial. Solo puede negociar el suyo propio y con los representantes de los trabajadores designados en el Comité Intercentros".
Uno de los problemas a los que se enfrentan los bomberos forestales es la temporalidad. Según Jesús Molina, alrededor del 40 por ciento de la plantilla trabaja sólo cuatro meses al año. Esta inseguridad laboral provoca que muchos de ellos se marchen a otros sectores: “Es un dinero que pierde tanto la administración como los madrileños y madrileñas. Se invierte en formación y materiales nuevos para que parte de los bomberos acaben abandonando por culpa de la temporalidad”.
Otra de las demandas es la implementación de un plan de evaluación de riesgos laborales que “aborde todos los riesgos inherentes a la profesión, incluyendo de forma específica y prioritaria la protección frente a agentes cancerígenos, una amenaza silenciosa pero mortal derivada de la exposición al humo y otros tóxicos”. Jesús Molina cuenta que Inspección de Trabajo ya le ha “dado un toque de atención” a Tragsa en este sentido. “Es evidente que en nuestra profesión nos exponemos a agentes cancerígenos, y no hay una evaluación correcta de cómo afecta a nuestra salud”, incide Molina.
El Comité de Empresa de Bomberos Forestales pide también un desbloqueo del encuadramiento profesional para que “se reconozca de una vez por todas la categoría profesional y la especialización del trabajo que realizan los bomberos forestales, con el correspondiente reconocimiento laboral y salarial”, tal y como indican en el comunicado. Además, exigen a la Comunidad de Madrid la aplicación “inmediata” de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, de carácter estatal.
“Somos personal de protección ciudadana, de protección del medio natural, imprescindible y elemental para la seguridad de los madrileños y madrileñas, y necesitamos que se nos reconozca y que podamos vivir dignamente”, concluye Jesús Molina.
Dispuestos a llegar "hasta las últimas consecuencias"
La protesta convocada este miércoles a las 17:30 horas persigue el objetivo de “forzar una reunión directa con la alta dirección de Tragsa, y en particular con su presidente, Jesús Casas Grande, para que escuche de primera mano la insostenible situación del colectivo”. El Comité de Empresa añade que la manifestación se produce tras "reiterados intentos de diálogo con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), dependiente de la Comunidad de Madrid". Recuerdan, "con indignación", que el pasado 6 de marzo de 2025 fueron expulsados por la Guardia Civil de las dependencias de la ASEM 112 "cuando solo pretendían solicitar una reunión con el director General de Emergencias, Pablo Cristóbal Mayoral, para exponerle la grave situación del servicio", después de haber solicitado una reunión varias veces, por escrito, "sin éxito en la respuesta".
En cualquier caso y más allá de la movilización prevista, Jesús Molina asegura que están dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias para conseguir lo que pensamos que, por derecho, nos merecemos”.
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