Los trabajadores del transporte sanitario de la Comunidad de Madrid van a la huelga este jueves en la primera de las cuatro jornadas sin servicio convocadas para los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre. Los sindicatos convocantes, UGT, CC.OO. y USO justifican el paro como una respuesta al deterioro progresivo de las condiciones de los trabajadores en el sector y al “retroceso de derechos” que, según denuncian, pretende imponer la patronal en la negociación del nuevo convenio colectivo.
Durante una concentración el pasado 30 de noviembre en la Puerta del Sol, trabajadores y sindicatos ya alertaron sobre la situación que atraviesa el transporte sanitario en los últimos años: plantillas agotadas, falta de rotaciones, insuficiencia de personal, salarios congelados y carencias en materia de prevención de riesgos laborales.
La huelga llega después de que, según CCOO, el intento del comité de huelga por negociar los mínimos con las patronales Amasem y Ametra fracasara el pasado 1 de diciembre, cuando la patronal exigió el cumplimiento total del servicio.
Finalmente, aunque a la huelga de 24 horas estaban convocados tanto el servicio urgente como el no urgente, la Comunidad de Madrid publicó ayer en el BOCM que las ambulancias y los traslados a pacientes en tratamientos críticos operarán al cien por cien, mientras que el resto de los servicios contarán con un funcionamiento del 60 por ciento.
Un desacuerdo enquistado
El detonante de la convocatoria fue el fracaso en las negociaciones entre sindicatos y patronal. Entre las propuestas de las empresas que generaron mayor fricción entre las partes destacaron la eliminación del complemento de incapacidad temporal, que reduciría a un 60 por ciento el salario de los trabajadores enfermos, y la negativa a actualizar los pluses como el de nocturnidad o antigüedad.
Otro punto que suscitó discrepancias fue la subida salarial propuesta por la patronal, a la que califican los sindicatos como “ridícula” y “muy por debajo del IPC”.
Según las asociaciones sindicales, las empresas presentaron en su momento ofertas demasiado bajas para poder adjudicarse las contratas y, por ello, ahora alegan que no pueden asumir incrementos salariales “porque no les salen las cuentas”. UGT, por su parte, sostiene que no deberían ser los trabajadores quienes paguen las consecuencias de esta situación.
En este contexto, durante la primera jornada de huelga, desde CCOO explican que la huelga busca “garantizar unas condiciones salariales y sociales justas y dignas” y el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales con los tiempos de descansos establecidos para “dignificar el trabajo y reducir la precariedad”.
A pesar de este clima de tensión, el pasado martes 2 de diciembre, sindicatos y patronal alcanzaron un preacuerdo en el Instituto Regional de Madiación de Arbitraje (IRMA) que proponía la desconvocatoria de la huelga. El texto contemplaba un convenio con vigencia entre 2025 y 2027, y una subida salarial acumulada del 9,35% en los próximos dos años, así como el compromiso de estudiar un posible plus de peligrosidad.
Las organizaciones sindicales enmarcaban este acuerdo en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. El anterior convenio 2020-2024 acumuló un 10,34% de subida ferente a la inflación cercana al 19% sufrida en el mismo periodo, lo que según denunciaban, dejó a laplantilla con más de un 9% de merma salarial.
Sin embargo, el preacuerdo no prosperó, durante la votación celebrada ayer, la plantilla rechazó el documento con 318 votos en contra frente a 164 a favor, lo que terminó por confirmar la convocatoria programada para los próximos días.
Sanidad cree que el sistema funciona
En medio de la polémica durante los días previos a la huelga, la Comunidad de Madrid defendía el correcto funcionamiento del servicio e insistía en que las condiciones de los trabajadores dependen de sus convenios colectivos con las empresas concesionarias, no del Gobierno regional.
Durante la Comisión de Sanidad de la Asamblea del pasado lunes, la directora general Asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana, aseguró que “los datos muestran un sistema estable, que funciona y responde a las necesidades asistenciales”. En esta misma línea, añadió que entre enero y octubre de 2025 se realizaron más de un millón de traslados programados y 255.000 servicios urgentes, atendiendo a más de 243.000 pacientes
Ante la expectativa de posibles avances en las negociaciones, fuentes de la Consejería de Sanidad trasladan a Madridiario que se adaptarán a los pactos que se establezcan en el posible convenio entre sindicatos y patronal. Una vez firmado, confirman que “velarán” por su cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias tanto en el transporte urgente como en el no urgente.
Desde CCOO se muestran críticos con la Consejería al considerar “inaceptable” que la Administración se desentienda “escudándose en las contratas”, cuando se trata de un servicio esencial que atiende a personas en situación de especial vulnerabilidad. “La profesionalidad y entrega de quienes cuidan de nuestros seres queridos merece un reconocimiento real, no excusas institucionales”, señalan.
Además, denuncian que desde Comunidad “no ha habido en ningún momento interés en conocer el estado de la negociación”, mientras señalan que su modelo de externalización a quien perjudica es a las plantillas.
Mientras tanto, los usuarios habituales de este servicio, pacientes que por su condición médica no pueden desplazarse por sí mismos al centro sanitario para recibir tratamiento, cuidados o atención especializada, esperan con el corazón en vilo que su traslado no sea uno de los que queda suprimido por la huelga.
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