Lo prometido es deuda. Tal y como había avanzado meses atrás, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha registrado este lunes un recurso de inconstitucionalidad a la totalidad de la tan criticada Ley de Amnistía del Ejecutivo central. Lo ha hecho, además, en bloque, de la mano del resto de regiones bajo la batuta del Partido Popular, al considerar que la norma contraviene los principios democráticos: el estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley. Sería, por ende, una norma “arbitraria” y “escrita al dictado de quienes trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña”. La batalla madrileña contra Pedro Sánchez y el “negocio corrupto” del independentismo viene además acompañado de la recusación a tres magistrados del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez por su “pública y notoria vinculación ideológica" al Partido Socialista.
El recurso de inconstitucionalidad presentado este lunes permanecía en el horno de la Real Casa de Correos desde el pasado mes junio, tras la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Una vez recibido el visto bueno a cargo de servicios jurídicos regionales, el Gobierno autonómico ha dado el paso definitivo presentando esta apelación ante el Tribunal Constitucional. El citado recurso, tal y como se recoge en su argumentación, bebe de la pretendida vulneración de los “pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución” y defiende que “el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas”.
El texto considera asimismo que se trata de un “atropello al Estado de Derecho” que “supone una ruptura de la separación de poderes” y que “acaba con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución”. También recoge que la norma ha sido aprobada sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. El resultado final, “un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto”.
"Esto ni en las dictaduras"
“Ya avanzamos que en el PP y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Consideramos que, en la tramitación parlamentaria de esta ley se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española… Esto ni en las dictaduras (…). Supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima. ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?”, ha lanzado la presidenta desde el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum desde el hotel Mandarin Oriental Ritz de la capital.
En cuanto a las recusaciones a Pumpido, Campo y Díez, Ayuso ha defendido que beben de “su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía”, lo que, acorde a su razonamiento, les inhabilitaría para “enjuiciar la constitucionalidad” de la norma. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España, todo aquello que le da sentido como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo”, ha zanjado.
La réplica desde La Moncloa no se haría esperar. Por voz del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el Ejecutivo central sostiene que "España va como un cohete" e invita a la presidenta regional a abandonar el “catastrofismo” y “centrarse en trabajar para los madrileños y las madrileñas”.
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