La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que preguntó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la mañana del 14 de marzo si había filtrado a la prensa el correo relativo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Álvaro, ¿has filtrado tú?", le preguntó. Según ha relatado al juez, el jefe del Ministerio Público le contestó: "Eso ahora no importa".
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Lastra se ha pronunciado así en su declaración como testigo en el marco de la investigación que se dirige contra García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración que denunció la pareja de Díaz Ayuso.
Lastra ha comparecido por segunda vez ante un tribunal, habiendo testificado previamente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) antes de que el caso fuera asumido por el Supremo. En esta ocasión, su declaración se extendió durante una hora y media, durante la cual afirmó que la filtración solo pudo provenir de la Fiscalía, ya que ni la defensa de González Amador ni los juzgados madrileños tenían acceso a la información mencionada por la prensa.
La fiscal ha relatado los mensajes y llamadas intercambiados desde la noche del 13 de marzo, cuando se enteró de que 'El Mundo' había publicado una noticia en la que se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Díaz Ayuso, hasta la mañana del día 14, cuando la Fiscalía publicó la nota de prensa en la que se desmentía dicha información.
La nota de prensa del Ministerio Público contenía el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto. La difusión de esta información llevó a que la pareja de Díaz Ayuso presentara una denuncia contra el fiscal general por una supuesta revelación de secretos. Debido a que García Ortiz tiene la condición de aforado como jefe de la Fiscalía, el caso fue trasladado desde los juzgados madrileños al TSJ de Madrid y, finalmente, al Supremo.
Lastra ha mencionado varias llamadas y mensajes, incluyendo una conversación telefónica que tuvo con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo, justo unas horas antes de la publicación de la nota de prensa por parte de la Fiscalía.
El fiscal general había intentado comunicarse con ella hasta en seis ocasiones ese día, según lo que ha relatado, ya que deseaba discutir el comunicado que iban a hacer público. Además, ha indicado que García Ortiz llegó a llamar a la centralita para solicitar que le pusieran en contacto con ella.
La fiscal informó al magistrado Ángel Hurtado, quien es el instructor del caso en el Supremo, que antes de realizar la llamada se percató de que los medios estaban divulgando información a la que ni la defensa ni los juzgados madrileños habían tenido acceso. Por ello, le preguntó al fiscal general: "Álvaro, ¿has filtrado tú?". Según Lastra, la respuesta de García Ortiz fue: "Eso ahora no importa".
La postura de Lastra ha sido clara: no estaba conforme con el contenido de la nota y se lo comunicó al fiscal general. Según su opinión, era posible "desmentir" la información sin proporcionar ningún dato ni revelar las comunicaciones. Por esta razón, rechazó que la nota de prensa se distribuyera con el membrete de la Fiscalía Superior; al final, se envió utilizando el sello de la Fiscalía Provincial.
La fiscal superior, al realizar su declaración, ha revisado el relato cronológico de la investigación y ha señalado que la Fiscalía de Madrid informó a la FGE sobre la investigación contra González Amador y su correspondiente judicialización el 7 de marzo.
Lastra ha aclarado que la rendición de cuentas se realizó de manera oral y fue solicitada por Diego Villafañe, jefe de la secretaría Técnica de la Fiscalía General, quien está siendo investigado en el caso. Ella expresó que se sintió 'puenteada', ya que el procedimiento habitual implicaba que la fiscal provincial informara a su superior, quien a su vez lo remitiría a la Fiscalía General.
Finalizada la comparecencia de Lastra, el fiscal de delitos económicos Julián Salto, quien investigó a González Amador por supuestos delitos fiscales y actualmente se desempeña como fiscal delegado de Madrid Digital, ha declarado como testigo. Esta es su segunda aparición en un tribunal, ya que anteriormente había testificado ante el TSJM.
Alrededor de las 12.00 ha comenzado el interrogatorio de Salto. Fuentes que estaban presentes durante el mismo indican que el fiscal ha rechazado la existencia de un protocolo para eliminar mensajes en el Ministerio Público. Esta afirmación contrasta con lo que sostuvo la Fiscalía General del Estado, que argumentó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró "cero mensajes" en el teléfono móvil confiscado a García Ortiz durante el registro de su oficina.
Salto ha detallado el funcionamiento de los pactos de conformidad y ha expresado su opinión de que el abogado de González Amador incumplió dicho pacto al proporcionar información a Miguel Ángel Rodríguez, quien es el jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
A pesar de todo, ha afirmado que únicamente él tenía acceso a los correos electrónicos que se intercambiaron con la defensa de González Amador en la Fiscalía. Relató que la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le solicitó esos correos la noche del 13 de marzo, ya que el fiscal general los requería para la redacción de una nota de prensa que no podía demorarse.
En ese momento, mientras observaba un partido de fútbol en el estadio del Atlético de Madrid, Salto logró reenviar la cadena de 'emails', que llegó a Rodríguez a las 21:54 horas y a García Ortiz a las 21:59 horas.
La denuncia de González Amador tuvo como punto de partida la nota de prensa; sin embargo, al abrir causa el 16 de octubre, el Supremo determinó que no había delito en el comunicado, ya que la información contenida en él había sido divulgada previamente en los medios horas antes. De este modo, la atención se centró en la filtración de los 'emails' a la prensa durante la noche del 13 de marzo.
Lastra ha señalado al juez que, la noche del 13 de marzo, comunicó a la fiscal provincial de Madrid que no era necesario solicitar la cadena de 'emails' a Salto, subrayando además el riesgo de posibles filtraciones.
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