La portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la Funeraria Municipal, Inmaculada Sanz, ha aseverado este lunes que no se contactó con intermediarios para los contratos de material sanitario en pandemia, sino "con un proveedor sobre las múltiples ofertas de ese momento", cuando "morían en Madrid 300 personas diarias".
"Llamaron muchas personas para ofrecer colaboración, como donaciones, y la prioridad era que los plazos de llegada fueran los mínimos posibles. La prioridad era la urgencia de que estuviera lo antes posible", ha explicado tras asistir al consejo extraordinario de la empresa municipal que convocó ella misma este pasado viernes tras las informaciones sobre la investigación de dos contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.
A continuación, "se pasaba al área de Hacienda, que se encargaba de las compras, y cuando veían que podía ir a parar a buen puerto, se establecía". "Se le paga un precio fijado, que es el pactado con ellos. Lo que hacemos es pagar un precio al proveedor", ha apuntado.
Ha señalado, por otra parte, que los grupos de la oposición sí eran conocedores de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos realizados en pandemia para adquirir material sanitaria porque se les informó de ello.
"Me da cierta pena que después de la lealtad (mostrada por la oposición) ahora se está haciendo este uso de esta cuestión porque quiebra el espíritu que todos tuvimos para centrarnos en salvar vida. No es verdad que se les ocultara ninguna información. Se les informó de la situación de la Fiscalía", ha manifestado la también delegada de Seguridad y Emergencias de la capital.
Sanz ha reiterado que no tienen información "de una investigación que afecte al Ayuntamiento de Madrid", al tiempo que ha recordado que "fueron muchos los contratos de emergencia que hubo que hacer". "Fuimos de las primeras administraciones que pudo testar a sus trabajadores y a partir de ahí, todos los contratos han pasado por todos los controles, por el Tribunal de Cuentas", ha expresado.
La petición de información por parte de la Fiscalía, ha añadido, llega a finales de 2020, a la que sigue una ampliación de esa información. "Después se llama como testigo para que aporte una información", ha aseverado.
"Si se demostrara o hubiera indicio sólido por supuesto ejerceríamos acciones legales para defender el interés del Ayuntamiento de Madrid", ha finalizado.
Almeida afea a la izquierda actuar como "máquina de triturar carne"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que la Fiscalía Anticorrupción no investiga ningún contrato de compra de material sanitario en la pandemia ni a personas del Consistorio madrileño, y ha afeado a la izquierda que funcionen como una "máquina de triturar carne".
"El Ayuntamiento paga por comprar mascarillas, gel y test. Fuimos la primera Administración en España capaz de dotar a los empleados públicos que tenían que salir. Diría a la izquierda, que son conscientes de que la Fiscalía no investiga al Ayuntamiento, a ninguna persona del Ayuntamiento, que no está en tela de juicio el contrato del Ayuntamiento ni que persona del Ayuntamiento esté en investigación. Me siento muy orgulloso por el trabajo que se hizo esos días, porque hubiéramos ido al fin del mundo", ha explicado durante una entrevista en Onda Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.
Estos contratos se aprobaron en el Consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos. Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.
El regidor ha preguntado qué tipo de connivencia iban a haber tenido con unos empresarios a los que se reclamó 4 millones de euros por enviar unos guantes que no se ajustaban a los solicitados.
"¿Qué diría la izquierda de mí si yo hubiera encubierto abusos sexuales a una menor cometidos por mi pareja, o si yo hubiera ido a desfilar a un Juzgado de Barcelona, como imputado, por una serie de contratos? Porque eso ha pasado en Valencia y Barcelona", ha lanzado.
Si (
No(
A favor (
En contra (
