Agosto toca a su fin y, con él, arranca un nuevo curso político en Madrid. La calma estival, con contadas apariciones por parte los líderes de las distintas formaciones con representación en la Asamblea de Entrevías y, muy especialmente, de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que apenas se ha dejado ver en público más allá de su tradicional aparición coincidiendo con la festividad de La Paloma, contrasta con un mes de septiembre que apunta a ser, cuanto menos, movido.
La resaca posvacacional trae consigo la vuelta a la normalidad, sobremanera en una capital que durante los últimos dos meses ha visto drásticamente reducido su habitual bullicio. Así, el Ejecutivo autonómico deberá hacer frente a los principales ‘incendios’ que ha albergado la época estival. Dos de ellos en materia de transportes. Por un lado, las protestas vecinales en relación a la anunciada tala de arbolado para la ejecución de las obras de ampliación en la línea 11 de Metro. Por otro, la puesta a punto del plan alternativo de transporte en las líneas 1 y 9 con el esperado incremento en el número de viajeros en plena vuelta de las vacaciones.
Más recientemente, la región ha sufrido “colapsos” en su red hospitalaria con motivo de la ola de calor, el inesperado repunte de casos Covid y la tantas veces denunciada falta de personal, en lo que podría ser el germen de una nueva ‘Marea Blanca’. Todo ello sin contar con el más que previsible terremoto en una política nacional marcada por la investidura -ya sea finalmente de Alberto Núñez Feijóo o de Pedro Sánchez- y los posibles pactos entre PSOE, Junts y Puigdemont.
Vecindad contra el “arboricidio”
Mientras las protestas por parte de colectivos vecinales y ecologistas no han parado de sucederse durante todo el verano, la Comunidad de Madrid continúa dando pasos hacia adelante en su proyecto de ampliación de la L11 de Metro. En concreto, este consiste en la construcción de cinco estaciones ubicadas en Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. La cara B del plan, en caso de salir finalmente adelante tal y como ha sido concebido, no es otra que una pérdida de patrimonio medioambiental equivalente a 880 árboles, sobre un total próximo a los 300.000, repartidos por toda la ciudad.
Madrid Río es uno de los puntos calientes en la ecuación. La última revisión de la Declaración de Impacto Medioambiental a cargo del Gobierno autonómico -donde se alude a un cambio de ubicación en su futura estación fruto de la afección que sufriría la red del Canal de Isabel II, lo que supone, de facto, un cambio en el trazado original- ha supuesto una reducción en la previsión de talado, de 1.027 a 676 ejemplares y 203 trasplantes. Pese a ello, los vecinos de la zona continúan mostrando su indignación frente a lo que consideran un “arboricidio” completamente innecesario. Incluso el Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo a la cabeza, ha solicitado a la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras un nuevo informe que arroje luz acerca del procedimiento que se está tramitando, las razones que lo justifican, el estado en el que se encuentra y el calendario de trámites realizados y pendientes.
Aunque la pérdida arbórea resulta innegable, en una visita reciente a la Gran Residencia, hogar de numerosos refugiados ucranianos con discapacidad intelectual, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, insistió en garantizar la compatibilidad del desarrollo de la L11 con el menor impacto ambiental posible. Puesto que la infraestructura va a dar servicio y “mejorar la calidad de vida” de “muchísimos madrileños que hoy demandan una solución de movilidad”, apuntó, vamos “a hacer compatible el desarrollo de esa infraestructura con el respeto a todo impacto ambiental que pueda tener", atendiendo en paralelo a otras infraestructuras preexistentes.
Más viajeros, ¿más problemas?
El regreso de las vacaciones supone, como cada año, un importante incremento en el número de usuarios en una red de transporte público que ya de por sí bate récords de afluencia. Con las líneas 1 y 9 cortadas de forma parcial, septiembre trae consigo un nuevo examen a la efectividad del sistema alternativo, basado en autobuses lanzadera, ideado por el Ejecutivo madrileño este mismo verano.
"El cierre por tramos facilita la movilidad"
Desde el pasado 24 de junio y hasta mediados del mes de octubre, la L1 entre Sol y Valdecarros permanece cerrada. Para paliar el perjuicio ocasionado sobre los 350.000 usuarios diarios de la línea se ha puesto en marcha un servicio especial de autobús gratuito que, pese a ofrecer una frecuencia de paso próxima a los cinco minutos, ya ha recibido numerosas críticas, sobre todo por parte de la vecindad vallecana, la más afectada, incluso por cortes de calles y tráfico en superficie. Tanto es así que desde la Asociación PAU Ensanche de Vallecas plantean medidas complementarias como el "cierre por tramos", lo que, a su entender, “facilitaría la movilidad hacia estaciones de Cercanías y otros medios de transporte próximos”.
Menos polémico, fruto tanto del menor volumen de viajeros como de la menor duración de los trabajos, ha resultado el corte parcial en la L9 entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. La proximidad en la fecha de fin de las obras, fijada para el próximo 7 de septiembre, permite augurar que el servicio sustitutorio de autobús, con paradas en numerosos puntos del recorrido, sea suficiente para paliar las molestias ocasionadas.
Fuentes de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras consultadas por Madridiario aseguran que la movilidad en transporte público está garantizada pese al previsible repunte de viajeros y que, en caso de resultar necesario “el servicio especial de autobús se adaptará a las necesidades de movilidad de los usuarios”. De tal modo “seguirá cubriendo con total normalidad el recorrido del Metro con el objetivo de que los ciudadanos puedan seguir utilizando el transporte público en sus desplazamientos diarios”.
Calor, Covid y falta de personal, combinación fatal o caso “puntual”
La tregua dada por el mercurio en los últimos días no hace olvidar las altas temperaturas alcanzadas la pasada semana. Los efectos de las recurrentes olas de calor, sumados al notable incremento de los indicadores del coronavirus -el número de casos se ha duplicado este mes de agosto- y la falta de personal ha llegado a causar episodios de “colapso” en hospitales como La Paz o el 12 de Octubre. A fin de evitar este tipo de escenarios, desde la dirección de los centros se han puesto en marcha medidas como la reapertura de salas y camas o la reevaluación de pacientes susceptibles de continuar con el tratamiento en sus domicilios. Pese a ello, con el regreso de miles de madrileños tras los viajes propios del estío, se teme que la “situación caótica” pueda replicarse en septiembre.
"Son episodios puntuales"
Desde la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute, no obstante, hacen un llamamiento a la calma e insisten en que “han sido episodios puntuales”. “Sanitariamente hablando y por fortuna, el verano ha sido tranquilo”, añaden. En cuanto al Covid, “todo tranquilo y controlado. No hay alarma alguna. La nueva cepa es poco virulenta y actúa como un catarro común, con síntomas muy similares”.
La situación en los centros de salud no difiere en demasía a la de los citados hospitales y es que, tal y como apunta el diario El País, son numerosos los ambulatorios -Carabanchel, Pinto o Vallecas, entre otros- en los que los propios sanitarios han denunciado incumplimientos en cuanto a la previsión del personal estipulado. En la raíz del problema se encuentra la ausencia de cobertura a las bajas de larga duración y el mal funcionamiento del sistema de voluntariado desarrollado para cubrir el exceso de pacientes en épocas concretas.
Con un ojo en La Moncloa
Más allá de las fronteras de la región, la regidora, Isabel Díaz Ayuso, permanece muy atenta a lo que ocurra de aquí al próximo 26 de septiembre, fecha acordada entre la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el equipo de Núñez Feijóo para la celebración del Debate de Investidura. Aunque el líder de los Populares tendría complicado, al menos a priori, recabar los apoyos necesarios para gobernar con mayoría absoluta (176), el desenlace definitivo se encuentra aún en el alero.
Este hipotético escenario supondría, en caso de darse finalmente, un giro de 180 grados en la estrategia de confrontación con el “sanchismo” de la que ha hecho gala Díaz Ayuso a lo largo de los últimos años. Por ende, implicaría también un necesario cambio en su discurso. Algo complejo, ya que la mayoría absoluta cosechada el pasado 28M la deja sin rival alguno en la Asamblea más allá de la pugna dialéctica con Mónica García y Juan Lobato.
Más plausible parece, si todo sigue los cauces previstos, el fracaso en la investidura de Núñez Feijóo y el inicio del turno de Pedro Sánchez en su búsqueda de la gobernabilidad. Para ello, no obstante, resulta condición sine qua non alcanzar pactos con las fuerzas nacionalistas e independentistas vascas y catalanas. Especialmente fructífero para el PP madrileño, al menos en lo que a la retórica se refiere, resultaría el acuerdo con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en la medida en que dejaría servida en bandeja de plata la justificación a los continuos dardos envenenados enviados desde Sol con destino La Moncloa.
Para muestra, las últimas declaraciones del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, quien no ha dudado en tachar de “amalgama” a los intentos de Sánchez por reeditar su liderazgo al frente del Ejecutivo nacional: “Lo que hay es una amalgama de partidos que lo único que quieren es romper el modelo de convivencia que se han dado todos los españoles, así como un presidente del Gobierno en funciones que tendrá que explicar qué está negociando con partidos como Junts”.
A la par, un nuevo Gobierno socialista junto a Sumar y otros posibles socios, alimentaría a aquellos partidarios de apostar por Ayuso como sucesora al trono de Feijóo al frente del Partido Popular. Una vuelta de tuerca al intricado panorama político patrio y que, sin lugar a dudas, tendría su eco en la Comunidad al repercutir sobre el calendario previsto para el desarrollo de los Presupuestos madrileños con vistas a 2024, un debe del Gobierno con fecha de caducidad a 31 de octubre.
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