El Partido Popular se ha servido de su mayoría absoluta para finiquitar el último trámite que permitirá aprobar la modificación del caduco Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el próximo lunes en el Pleno. El Gobierno municipal ha dado luz verde este miércoles en sesión extraordinaria de la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a la actualización de las normas urbanísticas redactada el pasado mandato. El expediente, que recoge la primera y controvertida regulación de las cocinas fantasma y refrenda el plan de Manuela Carmena para limitar pisos turísticos, se ha sometido a votación por tercera vez tras tumbarlo la izquierda y Vox en diciembre de 2022 y abril de 2023. En este ocasión, los votos de los 'populares' han bastado para superar el escollo previo a la aprobación definitiva. Vox se ha abstenido y PSOE y Más Madrid han votado en contra.
El anterior delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, remató antes de las elecciones el nuevo texto normativo, pero no consiguió los apoyos suficientes para que entrara en vigor. El edil titular de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, heredó las competencias de Urbanismo este mandato y recibió el encargo del alcalde de aprobar con urgencia esta revisión puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, así como otra demanda, a más largo plazo, de diseñar desde cero un nuevo PGOU. "Estas normas son imprescindibles y urgentes, son la piedra sobre la que se fundamenta un urbanismo innovador, sostenible y equilibrado que permita corregir desequilibrios", ha destacado el concejal.
Polémica regulación de cocinas industriales y pisos turísticos
El punto más sensible del nuevo reglamento se corresponde con la regulación de las 'dark kitchen', menos estricta de la que plantean la izquierda y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm). La corregida normativa contempla que el Consistorio no conceda licencia a las 'dark kitchen' ubicadas en locales con una superficie máxima de 350 metros cuadrados. Además, se obligará a los titulares a habilitar dentro del recinto la zona de carga y descarga y un espacio para que los repartidores entren con sus motos o bicicletas a recoger los pedidos. Con ello aspiran a reducir las trabas a la movilidad que generan transportistas y riders, así como los ruidos asociados a la actividad.
"Vamos a seguir teniendo un uso tan nocivo cerca de zonas residenciales y colegios", ha denunciado el edil de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia, quien también se ha referido a la "agilización de la tramitación burocratica" en forma de eliminación de procesos y duplicidades en el papeleo que blinda el nuevo PGOU, según el Partido Popular. "Bajo el pretexto de aligerar la burocracia el PP elimina controles como la información pública, que es la salvaguarda de que las cosas se hacen de manera correcta", ha señalado.
Desde el PSOE, Pedro Barrero ha afeado el "abuso" de la mayoría absoluta que ha ejercido el Partido Popular para aprobar de forma inicial unas nuevas normas que "carecen de ambición y favorecen a los especuladores y a los promotores privados, pero ignoran a la oposición y la ciudadanía". En lo que concierne a las cocinas industriales, ha afeado que "ni siquiera han considerado incorporar los acuerdos de pleno de marzo por los que no puedan establecerse a menos de 500 metros de equipamientos sensibles (centros educativos y sanitarios)". Ignacio Ansaldo, edil de Vox, también ha abundado en que las nuevas normas "no otorgan seguridad jurídica ni técnica en temas como cocinas fantasmas, pisos y casas apuestas", además de criticar que "están cargadas de ideología de genero y de su nueva religión, la Agenda 2030, esa que está destruyendo España".
El Ayuntamiento suspendió la concesión de licencias de multicocinas fantas durante un año en junio de 2021 y la prorrogó por otro más en 2022. Finaliza el 16 de agosto y no cabe otra ampliación hasta dentro de cinco años. Los cambios que introducirá en el PGOU acotan el número de cocinas industriales, pero la Comunidad de Madrid debe ratificar el texto modificado por el Consistorio y podría no llegar a tiempo para impedir que a partir del próximo mes se abra la 'barra libre' de nuevas autorizaciones, alertan las asociaciones de vecinos. Desde Más Madrid ya vaticinan que la validación del Gobierno regional no llegará "en menos de seis meses", lo que llevará a una "ley de la selva" porque "hay muchas empresas esperando a que ocurra este momento". Los socialistas, por su parte, hablan de "limbo jurídico".
Les ha respondido Borja Carabante, quien ha explicado a los medios que el próximo lunes, tras la aprobación del documento en el Pleno, será remitido a la Comunidad de Madrid. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso dispone de cuatro meses para dar el visto bueno al texto y el delegado de Urbanismo espera que "no lo agoten porque conocen el contenido de las normas desde diciembre del año pasado y las hemos trabajado con ellos a nivel técnico y político". El Ayuntamiento no espera ningún "vacío legal" porque, recuerdan, desde que se pide una licencia de este tipo hasta que se otorga el Consistorio tiene tres meses para evaluar si la concede. Si en ese plazo llega el 'ok' de la Comunidad al nuevo reglamento se aplicaría de forma inmediata y "no tendríamos que dar ninguna licencia con los condicionamientos anteriores".
Sin novedad en el freno a los pisos turísticos
Respecto al coto a los pisos turísticos que incluye la actualización, el Gobierno en coalición de PP y CS propuso en 2021 una nueva fórmula para reducir su proliferación y acabar con la mayoría ya operativas: autorizar su implantación solo en las plantas baja y primera de los edificios. Sin embargo, en 2022 renunció a esta medida y decidió mantener la regulación que aplicó Manuela Carmena en el año 2019: el Plan de Hospedaje que exige el acceso independiente al inmueble. El Gobierno con mayoría asboluta del PP alega que un informe de la Comunidad de Madrid así solicita y que el modelo que ahora se aplica, pese a su ineficacia, está avalado por los tribunales.
Por otro lado, al amparo de este reformado PGOU, el Consistorio matritense dará incentivos a la iniciativa privada para que apueste por el 'urbanismo verde'. Así, los cuartos o anclajes para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas no computaran edificabilidad. Tampoco la instalación de balcones o terrazas y el ajardinamiento de fachadas y cubiertas se compensará con mayor superficie de edificabilidad permitida.
Otra de las novedades que introduce la modificación urbanística es la posibilidad de que en los suelos de uso dotacional puedan construirse viviendas residenciales en régimen de alquiler tutelados por la administración pública. El texto aborda también la regulación del cohausing o el coliving, dos opciones alterntivas de vivienda en las que el inquilino solo dispone de habitación y cuarto propios y comparte las zonas comunes, e incluso gimnasio o lavandería, con el resto de vecinos.
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