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La nieta okupa reabre el debate sobre el futuro de los menores infractores

sábado 29 de junio de 2019, 09:04h

Vicente Moreda tiene 87 años. Hace más de un mes, decidió ir a Cartagena para visitar a su mujer, enferma de Alzheimer y residente en un centro de mayores de la localidad situada en la Región de Murcia. Sin embargo, su viaje se torció el 26 de mayo. Ese día, sus vecinos de la casa con la que cuenta en la capital le telefonearon para avisarle de que habían visto cómo su nieta, acompañada de su pareja, había entrado en la vivienda que el anciano tiene en el número 112 de la calle Atocha y habían cambiado la cerradura. La habían okupado.

Entonces, Moreda fue a denunciar los hechos, pero que la usurpadora fuera familiar ha complicado el proceso judicial y su posterior desalojo. "Totalmente abrumado y desprotegido", dijo sentirse entonces a la agencia EFE acompañado de su hija, que contó también que la joven de 18 años había llegado a estar internada en un centro de menores y que había tenido varios episodios de violencia durante su adolescencia, lo que ha reabierto el debate sobre la conflictividad de estos jóvenes y cómo combatirla. Todo, porque una vez que cumplen la mayoría de edad es casi imposible realizar un seguimiento.

"El internamiento suele deberse a una decisión judicial y si cuando termina la medida de obligatoriedad no hay voluntariedad por parte del sujeto, es imposible continuar con los trabajos", explica Carlos Benedicto, director técnico del centro de menores infractores Teresa de Calcuta, que depende de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid.

Este espacio acoge a menores que han cometido un delito penal y trabaja con ellos para evitar una posible reincidencia: "Primero determinamos las necesidades de intervención, vemos qué objetivos marcarnos y sobre qué aspectos hemos de trabajar".

Una vez finaliza la pena, llega la aleatoriedad del después, a no ser que el interno muestre una situación gravosa que obligue a derivarle a otra institución -médica por ejemplo-. "El problema está en aquellas situaciones que no llegan a ser tan límites", explica. "Una persona que presenta unos niveles de empatía bajos o una agresividad muy elevada, no hay posibilidad de intervenir si no quiere. Eso lo complica todo, pues queda al albur de que ocurra algún suceso especialmente grave", añade Benedicto.

En este punto, entra en juego la familia. El director técnico cuenta que en ella radica, en la mayoría de ocasiones, la conflictividad de los jóvenes, ya sea por no haber ejercido una supervisión adecuada o por ser disfuncional, "aunque hay veces que aunque sea un núcleo normal, el problema del menor no se consigue atajar". Eso sí, todo eso debe olvidarse una vez que el menor cumple con sus obligaciones judiciales: "La familia es esencial en el después, tiene que ser consciente de la situación y tratar de actuar para que la situación no se agrave".

Algo que parece que se consigue, pues fuentes de la Consejería de Justicia, dirigida por Yolanda Ibarrola, destacan que, según sus datos y reconociendo la “dificultad” del seguimiento, el 90 por ciento de los menores internados en centros de ARRMI no vuelven a delinquir. “Es una cifra altísima”, señalan.

Crece el número de menores infractores

De los otros datos con los que cuenta el Gobierno regional se extrae también el incremento del número de menores infractores atendidos por la Comunidad, que en 2018 -último año completo del que se tienen datos- aumentó en un ocho por ciento respecto a 2017.

En total, fueron 2.878, una cifra que, no obstante, está "muy por debajo" de la serie histórica de los últimos años y que corresponde a una de las tasas de criminalidad juvenil más bajas de toda España, según el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a su perfil, es el de un varón (el 79,4 por ciento del total), de nacionalidad española (76,2), de entre 17 y 18 años (50,9) y que ha cometido un delito de hurto o robo (49,7).

Tras este tipo de delitos, las infracciones más frecuentes entre estos jóvenes son las lesiones (15,6 por ciento) y las agresiones de hijos a padres (14,5). Los delitos más graves, como pueden ser homicidios, asesinatos o los de carácter sexual, continúan siendo poco habituales y apenas alcanzan el 1,6 por ciento.

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  • La nieta okupa reabre el debate sobre el futuro de los menores infractores

    Últimos comentarios de los lectores (1)

    14568 | Ana Sánchez - 29/06/2019 @ 15:41:13 (GMT+1)
    Y también reabre el debate de qué narices está pasando con la gentuza que se dedica a okupar casas que no son suyas. Ya si encima es de tu abuelo es que habría que meterle un puro a esa mameluca descomunal. Hay que tener poca vergüenza. Y Carmena justificándoles.

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