La Comunidad investigará si los cursos del Obispado de Alcalá violan la ley LGBTI

La Comunidad de Madrid investigará los cursos que imparte un centro de orientación vinculado al Obispado de Alcalá y donde se habla de homosexualidad, supuestamente, para "curarla", y aplicará la sanción que corresponda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha desgranado que durante dicha reunión la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno ha informado al Ejecutivo de que se han interpuesto dos denuncias a lo largo de la mañana, una de Arcópoli y otra del diputado de Podemos Eduardo Rubiño.

"Independientemente de que sea una clínica particular o de cualquier otra índole, lógicamente lo que se hará es efectuar una investigación y si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la legislación LGTBI se aplicará la sanción", ha señalado, aunque ha hecho hincapié en que no hay que adelantarse.

Rollán ha insistido en que se investigará, se verificará y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos si se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviera al margen de la ley y en este caso, se aplicará la misma. De ser así, además, según ha dicho, se "incoará expediente".

Como ha señalado Rollán, la asociación Arcópoli ha denunciado al Obispado de Alcalá ante la Comunidad de Madrid para exigir una sanción para la entidad eclesiástica por incumplimiento de la Ley regional contra la LGTBfobia sobre estas presuntas terapias ilegales para curar la homosexualidad. Así lo han indicado este martes a través de sus redes sociales.

También se han dirigido a través de sus perfiles en Twitter a los ministros de Ciencia y Sanidad, Pedro Duque y María Luisa Carcedo, respectivamente, para solicitar una reunión con el objetivo de tratar la existencia de "terapias aversivas de homosexualidad". "Estimado ministro @Astro_Duque nos gustaría solicitarle una reunión para tratar las terapias aversivas de homosexualidad y que se puedan desarrollar campañas. Tenemos constancia de al menos tres focos diferentes de supuestas prácticas de este estilo sólo en la Comunidad de Madrid", recoge Arcópoli que dirige el mismo mensaje a Carcedo.

Además, Eduardo Fernández Rubiño, en su condición de parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidato regional de la formación Más Madrid, también ha presentado esta mañana en el registro de la Comunidad de Madrid una denuncia contra el Obispado por estos cursos de homosexualidad, al entender que pueden ser objeto de "infracción muy grave" con sanciones de hasta 45.000 euros, según recoge la Ley regional de Protección integral contra la LGTBIfobia.

El diputado Eduardo Rubiño ha explicado que han presentado la denuncia ante la Consejería de Políticas Sociales contra el Obispado, a raíz de la información de eldiario.es. Para Rubiño, "es un absoluto escándalo". "Las terapias de aversión y conversión de la sexualidad son totalmente ilegales en la Comunidad de Madrid gracias a la ley LGTBI que aprobamos al comienzo de la Legislatura", ha señalado al tiempo que ha añadido que con la denuncia exigen al Gobierno regional que "haga cumplir esta ley inmediatamente".

Junto con la denuncia, va la información del medio y otros testimonios de personas que han pasado por estas terapias. "Ni nuestro amor ni nuestra identidad necesitan cura", ha reivindicado el parlamentario de Podemos, que ha narrado en Twitter que hace unas tres semanas una persona víctima de este mismo caso se puso en contacto con él para contarle los hechos, "aunque no se sentía preparado para sacarlo a la luz por diversos motivos".

"Las víctimas existen y son muchas", ha indicado el también candidado de Más Madrid, quien ha señalado que el relato de esta persona es "espeluznante en cuanto a lo que comportan estos procesos, los ejercicios que les proponen y la presión que ejercen" --el testimonio de esta persona en cuestión se recoge en la denuncia--.

"Prácticas basadas en teorías completamente acientíficas que tratan de negar la homosexualidad calificándola como 'heridas en la masculinidad', achacándola a complejos, supuestos traumas", continúa Rubiño, quien explica que, según la 'teoría' de esta 'terapia', "realizada por una señora que no está colegiada (y que por tanto incurre en claro intrusismo profesional) la homosexualidad no existe, sino que son proyecciones hacia el sexo masculino debidas a que no nos sentimos lo suficientemente hombres".

Una vez que llega la denuncia al registro de la Comunidad de Madrid, la Consejería en cuestión recaba información y si considera que se incumple la normativa de la materia --en este caso la Ley LGTBI--, se abre un expediente sancionador, han informado fuentes regionales.

En la denuncia el parlamentario especifica que en dicha 'terapia' supuestamente prestada por personal de la diócesis de Alcalá se ha aplicado desde 2015 a un amplio número de usuarios, incluyendo menores de edad.

La denuncia

Según el artículo 70 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia, son infracciones muy graves la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, que serían sancionadas con una multa entre 20.001 y 45.000 euros, además de la prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes públicos durante tres años o de acceder a cualquier ayuda pública de la Comunidad.

Por todo ello, formula denuncia contra el Obispado de Alcalá de Henares y contra Belén Vendrell, vinculada a dicho Obispado y pide a la Comunidad que inicie el expediente correspondiente para corregir y evitar los hechos mencionados y que se les informe o no de la iniciación del proceso sancionador.

Eduardo Fernández Rubiño manifiesta su voluntad de presentarse como interesado en el procedimiento, pide al Gobierno regional que dicte medidas cautelares que garanticen la no continuidad del citado servicio y añade las pruebas al proceso correspondiente.

Facua y Somos Alcalá también han anunciado sendas denuncias contra el Obispo, mientras que el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha solicitado a la Comunidad de Madrid que tome medidas contra estos cursosm que suponen una "falta de respeto" hacia el colectivo homosexual pues se les concibe como "personas enfermas o que tuvieran algún tipo de adicción", una visión inadmisible y que combate la Ley contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid. Además, el PSOE de Alcalá de Henares estudia emprender acciones legales.