Este jueves se celebra el último pleno de la Asamblea y con él se cierra la posibilidad de aprobar algunas de las grandes leyes anunciadas por el Ejecutivo autonómico y que se quedarán en un cajón, a la espera de la nueva composición parlamentaria que surja de las elecciones del 26 de mayo. La Ley de Universidades, la del Suelo o la de Farmacia son algunas de ellas.
"En la vida no se puede tener todo". Así se explicó Ángel Garrido en el balance de la X Legislatura en el que reconoció que durante su liderazgo del Gobierno se han quedado cosas sin hacer. La Ley de Universidades, la de Farmacia o la de Suelo son algunas de las medidas 'estrella' anunciadas por su equipo -y el de su antecesora, Cristina Cifuentes- y que no podrán llegar a realizarse antes de que se conforme una nueva distribución parlamentaria tras las elecciones del 26 de mayo que pueda volver a tramitar éstas...u otras nuevas.
Este jueves se celebra el último pleno de la Asamblea, por lo que los proyectos de ley pendientes permanecerán en un cajón hasta la llegada del próximo Ejecutivo en el que no estará el actual presidente. Por ello, pese a que le habría gustado salir triunfal de la Puerta del Sol, a Garrido siempre le quedarán estas asignaturas pendientes tras cumplirse su mandato:
LEY DE SUELO
La Ley de Suelo era una de las grandes medidas que el Ejecutivo autonómico pretendía llevar a cabo antes de que terminase la Legislatura. Cristina Cifuentes la vendió en su día como "una respuesta a las necesidades urbanísticas del siglo XXI" pero, tras la presentación del texto a principios de 2017, el conflicto no tardó en llegar. Podemos y PSOE se retiraron enseguida de la negociación y, aunque Ciudadanos se mantuvo, terminó rompiendo también con sus socios.
El texto presentado por el PP pretendía eliminar la calificación urbanística, obligar a los promotores a ceder sólo 30 metros cuadrados (de 120 que establecía la norma en 2001) de cada 100 metros metros de suelo urbanizable o permitir la celebración de eventos y la instalación de carpas bajo licencia en suelo no urbanizable; medidas que fueron criticadas por los ecologistas y hasta por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.

El Ejecutivo argumentó que se ofrecía protagonismo a la iniciativa privada porque "no todo el suelo tiene que ser público" -en palabras del vicepresidente, Pedro Rollán"- y que con ella se ofrecía seguridad jurídica a los ayuntamientos, se garantizaba "nuevos suelos" en los municipios y -aseguraban- se preservaba el medio ambiente. "Pero Ciudadanos no quiere hacerse otra foto con una ley propiciada por el PP aunque sea beneficiosa", criticó el número dos de Garrido a sus socios naranjas tras llamarles "oportunistas".
En Ciudadanos respondieron que no es culpa suya que el PP no lograra los acuerdos suficientes para sacar adelante una ley en la Asamblea y les advirtieron de que no apoyarían "chapuzas" que se lleven a cabo "sin consenso" y "con prisas", señaló Ignacio Aguado en su día.
Con todo, lo cierto es que ya no hay tiempo suficiente para elevar un texto acordado entre todos los grupos parlamentarios en la correspondiente Comisión al Pleno. Así que el proyecto de ley de suelo del tándem Cifuentes-Garrido se quedará en simplemente eso: un proyecto que nunca verá la luz. 
LEY DE UNIVERSIDADES (LEMES)
La tramitación de la Ley de Universidades será recordada, seguramente, durante mucho tiempo. ¿El motivo? Fue la propia Cristina Cifuentes -presidenta en aquel entonces- quien se equivocó y pulsó el votón de la abstención. Su punto blanco supuso la no aprobación del proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) y, desde entonces, los muchos intentos del Ejecutivo de Garrido por retormarla resultaron fallidos.
El primer borrador, publicado a principios de 2017, establecía un sistema de financiación con una aportación fija idéntica para cada centro y una parte variable que se determinaría en función de criterios de calidad y de los niveles de investigación que realicen las universidades. El modelo era similar al ya instalado en Cataluña, donde se dan las tasas más altas de España. Por ello -pero no sólo- fue una normativa ampliamente criticada entre los rectores y la oposición.
En su afán por integrarse plenamente en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Cifuentes promovía también el inglés como fundamental en las universidades madrileñas. Además de impulsar grados y posgrados bilingües, la internacionalización también contaría para la parte variable de la financiación. En ella se contabilizaría tanto la atracción de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros como la retención del talento nacional en las universidades madrileñas.

Con sus pros y sus contras, y tras meses de negociación con la comunidad educativa, el proyecto del PP -también apoyado por Ciudadanos- se aprobó en Consejo de Gobierno a finales de ese mismo año. Ya en la Asamblea, recibió hasta 700 enmiendas, incluida una a la totalidad presentada por Podemos que fue,finalmente, la que salió adelante con el fallo de la presidenta en la votación.
Era marzo de 2018 y la propia presidenta fue quien impulsó uno de los intentos por retormarla. En abril, Cifuentes dimitió, en parte por el escándalo del 'caso Máster', precisamente, ligado a la Universidad. Y en julio, el nuevo Gobierno de Garrido decidió retirarla de circulación. Después, hubo un pleno monográfico sobre el prestigio de las universidades madrileñas pero la LEMES quedó en el olvido parlamentario.
LEY DE FARMACIA
De nuevo, los constantes rifirrafes entre el Gobierno del PP y sus socios de Ciudadanos -que rompieron el acuerdo de legislatura tras la dimisión de Cifuentes, aunque sí apoyaron después los Presupuestos de Garrido- son los causantes de que la Ley de Farmacia no vaya a salir adelante en esta Legislatura.
En el anteproyecto, anunciado en 2017, presentado en enero de 2018 y aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre, se regulaban las 2.866 farmacias de la región. El texto consta de 86 artículos en los que se incluyen medidas como la flexibilidad de horarios de apertura -los establecimientos podrían abrir 24 horas si así lo deseaban siempre que respeten las 40 horas semanales del mínimo establecido en la ley-, el ofrecimiento de nuevos servicios -como la legalización del reparto de medicamentos a domicilio y la creación de la figura del farmacéutico asistente- o la inclusión de Nutrición y Dietética como nueva sección en el sector.

La norma levantó ampollas entre farmacéuticos y enfermeros, que finalmente se curaron el pasado mes de febrero, cuando modificaron juntos el borrador de la normativa para presentárselo a los grupos parlamentarios. Aun así, su esfuerzo habrá sido en vano: la ley no llega a tiempo para el último pleno de la Asamblea.
La duda se creó ya en noviembre, cuando el PP se vio obligado a ampliar el período de enmiendas de la tramitación para dar tiempo a Ciudadanos a que se decidiera. Ignacio Aguado parecía convencido en Madrid, pero, a nivel nacional, el diputado en el Congreso y portavoz de Sanidad, Francisco Igea, afirmó que se abstendrían por no ver claro "el beneficio" de la norma. Finalmente, el líder de los naranjas en la Comunidad alegó, como en el caso de la Ley de Suelo, que su equipo no quiere contribuir a aprobar "chapuzas" que se realizan "deprisa y corriendo".
De hecho, los de Rivera -y Aguado- acusaron a los populares de "hacer trampas" cuando éstos intentaron, ante la premura del fin de las sesiones, tramitar la Ley de Farmacia por la vía de urgencia y pese a las más de 200 enmiendas recibidas. Desde el Gobierno, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lamentó la "injustificada" decisión de sus compañeros diputados: "Parece que Ciudadanos está en contra de que los madrileños tengan unas oficinas de farmacia acorde a los tiempos actuales", zanjó.
OBJETIVOS CUMPLIDOS
Otra de las normas citadas por Garrido en su (pre)despedida de la Puerta del Sol fue el pacto por la regeneración democrática, precisamente, una de las medidas fundamentales firmadas al inicio de la Legislatura entre PP y Ciudadanos y que no llegó a buen término. Pese a todo, el presidente manifestó que, pese a que no pudieron "elegir otros socios", los naranjas no son "lo peor posible" y hasta les agradeció que se hayan "portado bien en numerosas ocasiones" como, por ejemplo, en la aprobación de los Presupuestos regionales. "Tener que ceder no es malo", llegó a opinar.
Garrido asegura que el PP ha cumplido el 99,3% de su programa electoral
Una afirmación que formaba parte del optimismo con el que el sustituto de Cifuentes valoró su gestión al frente de la Comunidad. Garrido aseguró que habían cumplido con el 99,3% de su programa electoral (274 medidas ejecutadas de las 300 prometidas) así como con buena parte de las 100 medidas que él mismo prometió durante el Debate del Estado de la Región. "38 de esos proyectos ya se han realizado y otros 62 están en marcha", afirmó.
Entre sus éxitos, destacó las 20 leyes -de 35 proyectos de ley presentados en la Asamblea- que han salido adelante, como la referente a las ayudas a víctimas del terrorismo, la nueva regulación de Telemadrid, la ampliación del apoyo a víctimas de violencia de género o el pacto por la igualdad y contra la discriminación. Tampoco quiso olvidarse de la Cultura que atrae a "más visitantes internacionales que nunca" (7,1 millones de euros), la Justicia -y su apuesta por "modernizarla"-, el Medio Ambiente -con la Estrategia de gesión sostenible de residuos, entre otras- y el Transporte. En este último aspecto resaltó la inversión en mejora de carreteras que promueve la seguridad vial, el bono joven que permite a los menores de 26 moverse "por toda la Comunidad" por 20 euros, los planes de accesibilidad y modernación de estaciones de Metro, la renovación de la flota de autobuses interurbanos por otros más ecológicos o la congelación de tarifas mantenida desde 2013.
EL ÚLTIMO PLENO
Las sesiones de la Asamblea, pese a continuar de guardia la Comisión Permanente a partir de ahora, llegan a su fin este jueves. No obstante, el Gobierno de Garrido sí podrá aprobar, en cambio, decretos-ley que sigan avanzando en algunas de sus propuestas siempre que no se consideren propaganda electoral. Aun así, los grupos parlamentarios apuran las últimas horas de Pleno para apretar al Ejecutivo en la sesión de control, en la que pedirán a Garrido, precisamente, que haga un balance de la legislatura, informa Europa Press.
Ignacio Aguado (Cs) le echará en cara el no haber sacado adelante la figura del defensor del denunciante, la limitación de mandatos, la eliminación de los aforamientos o la prohibición de que los alcaldes puedan ser también diputados, tal y como establecían sus medidas de regeneración democrática.
La Ley de Transparencia será la última en aprobarse en esta Legislatura y se hará en un pleno extraordinario
Clara Serra (Podemos) le recriminará haber "perdido" estos cuatro años evitando propuestas moradas como las de pobreza energética, alimentación sostenible, listas de espera sanitarias, la financiación de escuelas de música y danza o una Ley de residencias. Además, la ahora número dos de Más Madrid en las elecciones autonómicas lamentará "la degradación de los servicios públicos, la desigualdad y el incremento de la precariedad laboral", así como la falta de medidas suficientes para garantizar que el PP no acuda "dopado" a las elecciones o "que la corrupción no siga existiendo".
Por su parte, Ángel Gabilondo (PSOE) cree que se ha desaprovechado "una gran oportunidad" porque, como a sus compañeros de la oposición, le hubiera gustado que algunas leyes se hubieran podido aprobar: la de cambio climático o la de servicios educativos, así como las reformas de las universidades o la Ley de Suelo, entre otras.
En otro orden de cosas, la Sanidad, el Metro y la Ley contra la LGTBIfobia son los temas en los que se centrará la oposición, mientras que el grupo popular de la Asamblea promoverá que se luzca el Gobierno hablando de Cultura, Economía y Empleo.
En esta última sesión ordinaria comparecerán los consejeros de Políticas Sociales y Familia -Dolores Moreno-, Educación -Rafael van Grieken- y Cultura -Jaime de los Santos- y se debatirán simples Proposiciones No de Ley (PNLs) encaminadas a luchar contra la contaminación o cambiar la política fiscal, entre otras cuestiones.
Como traca de fin de fiesta, los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos han forzado la celebración de un pleno extraordinario que comenzará al término de la sesión ordinaria y que tendrá como único orden del día la tramitación de la Ley de Transparencia, la última de esta Legislatura.