La Comunidad de Madrid no tiene ley de universidades. La Consejería de Educación, con Rafael van Grieken al frente, recibió el encargo de la presidenta Cristina Cifuentes de poner remedio al asunto en 2015 y hacer lo que otras regiones habían hecho ya para ordenar esta competencia. Hace dos años, se creó una mesa de trabajo y de ella han ido goteando filtraciones y posicionamientos que, sin que exista ningún texto definitivo, han conseguido soliviantar a parte de la comunidad educativa contra la futura Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).
Hasta hoy. En el Debate sobre el Estado de la Región, Cifuentes anunció que su Ejecutivo enviaría a la Asamblea de Madrid su anteproyecto "en próximas fechas". Solo unos días antes, la presidenta había aprovechado la apertura del curso académico para repartir entre los seis rectores de las universidades públicas el último borrador y revocar la autorizada crítica publicada en mayo de la CRUMA, la entidad que les agrupa.
Tras hacer caso a sus tachones, Educación espera ahora haber conquistado a los rectores para cumplir con el calendario necesario para que la LEMES se apruebe antes de que termine la Legislatura dentro de año y medio. Este cronograma pasaría por remitir al Parlamento de Vallecas el texto en unas semanas para que se apruebe antes del verano y empiece a funcionar en septiembre.
Control sobre los tiempos
Ahora bien, el calendario podría quedar en agua de borrajas si, nada más entrar, Podemos recibe la propuesta con una enmienda a la totalidad. Este mecanismo otorga un control relativo sobre los tiempos parlamentarios al partido que la plantea, al que normalmente se le reserva la capacidad de activarla. Y eso, tiempo, es precisamente lo que le falta a esta megaley, a la que le esperan largos debates y negociaciones en comisión sobre cada esquina de sus cerca de 110 artículos. Habiendo empezado su tramitación antes, la Ley del Suelo o la reforma del Estatuto de Autonomía son ejemplos de otros grandes proyectos congelados por la falta de una mayoría absoluta para el partido de gobierno a la que la disolución de la Asamblea amenaza con hacer caer.
"Esta es una oportunidad perdida. Si el proyecto de ley sigue sin abordar alguno de los grandes retos, presentaremos enmienda parciales y una enmienda a la totalidad", avanza a Madridiario el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño. "Con este modelo, la Comunidad solo intenta trepar en los 'rankings', que están bastante cuestionados", agrega.
En la última propuesta dada a conocer, el partido reconoce que han desaparecido "algunas de las cosas medidas más dañinas del proyecto ideológico que tenía la Comunidad" y en cuyo análisis coincide con algunos de los postulados de los rectores. El parlamentario cita, por ejemplo, que se haya limitado a las universidades públicas el acceso a las convocatorias de concurrencia competitiva -una "vía de financiación hacia las privadas" tal y como estaban diseñadas antes, afirma- o se haya dado marcha atrás con la estructura inicial de los consejos sociales -una "invasión de la autonomía universitaria sin precedentes", a su juicio-.
Financiación por objetivos
Sin embargo, la formación 'morada' argumenta que mantendrá su veto si la norma resultante es "un proyecto vacío" que "no concreta nada sobre tasas, becas o Formación Profesional" y que deja los requisitos para la apertura de universidades privadas "muy bajos", con solo "seis grados que ni siquiera tienen que pertenecer a ramas distintas". Ante los rectores, por contra, el departamento de Van Grieken ha alabado que se vaya a endurecer la regulación sobre estos centros, sometidos con este texto a un régimen sancionador.
Fernández Rubiño también reniega de la "financiación por objetivos". "No compartimos que se deba premiar a las universidades que tienen mejores condiciones mientras se deja rezagadas a las que tienen más dificultades -explica-. Eso solo establece desigualdades. Pero es que además cuestionamos totalmente los objetivos. Hablan de internacionalización, pero no de retención del talento, hablan de vinculación con el mundo empresarial, pero no de combatir la precariedad del profesorado", critica.
Además de la media docena de universidades públicas, en la Comunidad hay ocho privadas, con 206.000 estudiantes. La región también alberga las sedes de la UNED, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el CSIC, el CIEMAT o los IMDEA.
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