La oposición considera probado que en la Comunidad de Madrid hubo una trama continuada de corrupción en las épocas de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Es más, los grupos parlamentarios PSOE, Podemos y Ciudadanos consideran que si el Gobierno actual -y el anterior de Cristina Cifuentes- les hubiera dejado, podrían haber investigado muchas más cosas.
Así se extrae del dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación de la corrupción que, durante los últimos tres años, se estuvo celebrando en la Asamblea. Los tres partidos han registrado hoy el mismo en la Cámara parlamentaria con el objetivo de que, una vez aprobado en pleno, se eleve a la Fiscalía.
En el PP, por su parte, tiran por tierra todos los trabajos realizados que consideran "un circo". "Han aprobado unas conclusiones que es lo mismo que dijeron cuando se constituyó la comisión: que el PP es el cupable de todos los males de la comunidad sin respeto a ningún tipo de procedimiento judicial", les recriminó el diputado popular Alfonso Serrano.
El "triunvirato corrupto"
En el documento, de más de 160 páginas, se constata que "había una trama corrupta que afectaba a todas las instituciones y a las empresas públicas". describió la socialista Encarnación Moya. Una trama que, según el texto, lideraban los exconsejeros Francisco Granados e Ignacio González, implicados en los casos de los Espías, Lezo, Canal de Isabel II, Telemadrid, Arpegio o Ivima, entre otros. Junto a la exlideresa Esperanza Aguire, los tres son considerados "responsables máximos" de los casos investigados por la comisión.
A las responsabilidades personales se unen las sospechas sobre la posible financiación irregular del PP, no sólo en cuanto a campañas electorales se refiere, sino también al uso de fondos públicos para fines personales como los de mejorar la imagen de uno u otro dirigente. También para vigilar a los enemigos -externos e internos- de la formación. "El caso de los Espías parece una película de gánsters", ironizó el diputado de Podemos Miguel Ongil.
Él, como sus compañeros de la oposición, denunció también la falta de control existente en las instituciones. "Sin duda, las empresas públicas de la Comunidad de Madrid fueron instrumentos para eludir o minimizar los controles propios de la Administración, que son mucho más rígidos en materia de contratación, de pagos y de contratación de personal", reza el texto. Ello indica "una deliberada intención de no ejercer ese control o de ejercerlo sesgadamente en base a sus intereses", añade.
En resumen, las conclusiones de la oposición apuntan a la existencia de una "red clientelar" que se benefició de forma "ilegítima" del dinero de los madrileños. Un dinero que ahora exijen que se devuelva a la Comunidad.
"Instamos al Gobierno a promover cuantas acciones judiciales sean necesarias para exigir responsabilidades civiles contra los responsables de los quebrantos patrimoniales de los recursos públicos para la recuperación del daño económico provocado al patrimonio público, en particular en los casos en los que la Comunidad está personada", solicitan en el documento.
"Los madrileños piden que devuelvan el dinero y que haya más controles. Eso pedimos nosotros también", sentenció César Zafra, de Ciudadanos, que calificó a Aguirre, González y Granados como el "triunvirato corrupto". "Ciudadanos siempre estará en contra de la corrupción", prometió.
En la misma línea se expresaron Ongil y Moya. "La ciudadanía pide que se resarza a la comunidad por el daño que se ha hecho, que se devuelva el dinero,pero eso decisión política", dijo el primero, instando al Gobierno de Ángel Garrido a ponerse manos a la obra. "La Comunidad necesita una regeneración", resumió la segunda.
Palos en las ruedas
Todos denunciaron también el intento del actual Ejecutivo -y, sobre todo, el anterior, con Cristina Cifuentes al frente- por tapar la corrupción e intentar paralizar la comisión correspondiente. "El Gobienro impidió y logró que la comisión terminara sus trabajos. Logró que la Justicia interviniera y no pudiéramos recibir documentación. Por ejemplo, en los Teatros del Canal y en el uso de suelos públicos para colegios concertados era imposible seguir adelante", denunció Moya.
En la misma línea lo expresa el texto pactado. El dictamen registrado este jueves en la Asamblea acusa al Ejecutivo autonómico de "obstaculizar" la investigación "propiciando la injerencia de la Justicia en las labores parlamentarias al solicitar informes sobre la procedencia del envío de la documentación solicitada", explican.
"Suposiciones sin pruebas"
Pese a ello, desde el PP siguen defendiendo que dicho documento sólo recoge "una retahíla de insidias y suposiciones" de las que no tienen "pruebas". "Es una comisión política, un tribunal político que decide quién es culpable y quién inocente. Por suerte, en un Estado de derecho eso lo deciden los tribunales de Justicia", argumentó el popular Alfonso Serrano. "El que sea culpable, que pague. Pero mientras tanto, respeto a la justicia", pidió.
La oposición defendió la importancia de la comisión. "Por mucho que algunos intenten decir que no servía para nada, estas conclusiones demuestran que el trabajo que hemos hecho era absolutamente necesario", concluyó Zafra.
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