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La maleza campa a sus anchas por los terrenos del Campus de la Justicia.
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La maleza campa a sus anchas por los terrenos del Campus de la Justicia. (Foto: Kike Rincón)

La Audiencia Nacional investiga el desfalco del Campus de la Justicia

miércoles 19 de septiembre de 2018, 18:14h
El Campus de la Justicia ideado por Aguirre y González llega a las más altas instancias judiciales. La Audiencia Nacional ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un agujero millonario en la construcción de este complejo fantasma en Valdebebas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, el proyecto urbanístico desarrollado por el Gobierno de Ignacio González, heredado del que puso en marcha el de Esperanza Aguirre, según han informado fuentes jurídicas.

La idea del campus era concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales de la región, pero finalmente el proyecto se paralizó cuando sólo se había construido un edificio, que, además, no puede ser utilizado por irregularidades contables.

Según fuentes jurídicas, el magistrado admitió la denuncia el pasado 3 de agosto por las presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha comenzado a practicar las primeras diligencias de la causa, que permanece bajo secreto, para la averiguación de los hechos y por el momento no hay personas imputadas.

Denuncias

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid detectó en el proyecto incumplimientos de "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".

También se recogió el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".

La oposición llevó el asunto a los tribunales en marzo y un mes después, el Gobierno regional, con Cristina Cifuentes como presidenta, decidió denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.

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