Nueva sesión de la comisión de investigación que busca despejar las dudas en torno a la cesión del servicio de BiciMAD a la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este viernes han pasado por la misma Ángel Calonge, interventor delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, y Ángel Luis Ortiz, director de la Asesoría Jurídica municipal.
Tanto Calonge como Ortiz han declarado que el Ayuntamiento, por la fórmula elegida para la operación (cesión de contrato de Bonopark a la EMT), sorteó la obligación de disponer de informes de la Intervención General y de la Asesoría Jurídica.
Petición de informe a la UAM
Pero este viernes también se ha sabido que el interventor delegado solicitó en una nota interna un informe a la Asesoría Jurídica sobre la operación. Dicha nota, que no era vinculante, tampoco obtuvo respuesta. De hecho, Ortiz no tuvo conocimiento de la petición. Como tampoco supo, ha explicado durante su comparecencia, que el Ejecutivo local había encargado un informe en octubre de 2016 al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.
En su nota, Calonge planteaba sus dudas de que la cesión de contrato fuera la fórmula adecuada para llevar a cabo la operación: teniendo en cuenta el carácter municipal de la EMT, consideraba que tenía que tratarse como una remunicipalización.
Pero Ortiz, como responsable de la Asesoría Jurídica, no fue informado de tal extremo; tampoco de la solicitud a la Universidad Autónoma: "Si se pide un informe externo, tiene que hacerse con el conocimiento de la Asesoría Jurídica; si el informe se pidió, efectivamente yo no tuve noticia", ha reconocido.
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