Los taxistas vencen a Uber en Estrasburgo

Pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo sobre las plataformas de alquiler de coche con conductor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado en una sentencia dada a conocer este miércoles que Uber -que pone en contacto vía app a conductores no profesionales con clientes a cambio de una remuneración-, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, los Estados miembros pueden regularlo y no dejarlo a su suerte en el libre mercado.

El origen de este fallo parte de una demanda interpuesta el 29 de octubre de 2014 por la asociación catalana Élite Taxi ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona contra Uber por llevar a cabo, a su juicio, prácticas engañosas y actos de competencia desleal. Este juzgado solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciara y es ahora cuando Estrasburgo ha sentenciado que esta marca opera con las mismas funciones que los taxis oficiales, por lo que exige que se registren como empresas de transporte con las consecuentes licencias para ello. Que se clarifique esta regulación es lo que el colectivo de taxis de España -también en Madrid- ha pedido culminar, algo que desde ahora será insorteable en toda la Unión Europea.

Así las cosas, Uber, que opera en nuestro país bajo licencias VTC, ya ha señalado que esta sentencia "no cambia en nada" su operativa, según declaraciones de un portavoz de la compañía a Europa Press, y ha reclamado "diálogo" con los países de la Unión. Lo cierto es que la sentencia tira abajo su modelo original, UberPop, que ya estaba suspendido en España, y circunscrito a una intermediación digital inspirada en los postulados de la economía colaborativa. La sentencia del TJUE podría sentar, eso sí, un precedente para otras controvertidas plataformas de otros sectores como Deliveroo o Airbnb.

No es solo intermediación

En su fallo, el Tribunal considera que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación, sino que el prestador de ese servicio crea al mismo tiempo una oferta de transporte urbano, que hace accesible mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano. Estrasburgo señala además que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores.

De este modo, el Tribunal refrenda las conclusiones del abogado general de la institución, Maciej Szpunar, quien el pasado mes de mayo señalaba que, a pesar de ser un "concepto innovador", la plataforma digital pertenece al ámbito del transporte y, por tanto, "no se beneficia del principio de libre prestación de servicios" que las normas comunitarias garantizan al campo de la Sociedad de la Información, recuerda Europa Press.

En España, esta sentencia podría ahora afectar a otras compañías. Una de las aludidas por la prensa es Cabify, que presta los mismos servicios que Uber aunque con otras condiciones y formas de trabajar. La compañía, sin embargo, niega toda alusión y afirma que este fallo no les repercutirá en absoluto porque no operan bajo el mismo paraguas normativo.

Inspecciones

La primera consecuencia la han reclamado los taxistas, que han solicitado que la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña inspeccionen los servicios que Uber ha prestado en estas regiones desde 2014 para determinar si cuentan con autorización para realizar servicios de transporte.

Fedetaxi, principal patronal del gremio, calcula que en caso de que la compañía no contara con esta autorización, los gobiernos regionales deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces.

"Se trata de una cantidad con la que, por ejemplo, se solucionaría gran parte del déficit público de las comunidades autónomas", ha indicado en un comunicado el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

"Si los gobiernos autonómicos actúan como deben, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar tendría un efecto cero en la economía nacional, lo que además supondría un mensaje para todas las multinacionales de la falsa economía colaborativa", añade Leal.

Por ello, tras el fallo del TUE, esta asociación llamó a que Madrid y Cataluña "procedan de forma urgente e inmediata a revisar todos los servicios que Uber haya operado en los últimos años" para verificar si han cumplido con los requisitos legales como empresa de transporte que son según el tribunal europeo.

La Comunidad aboga por la "convivencia"

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha afirmado que su Consejería "analizará en profundidad" la sentencia. "Los competentes en la materia tendremos que trabajar en la línea de lo que dicta la sentencia, y la Comunidad lo que va a hacer es hacer valer sus competencias en la línea en la que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la convivencia entre ambos sectores", ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles tras reunirse con comerciantes afectados por las obras de Metro en la calle Montera.

"Entendemos que hay un sector que está muy regulado y otro sector que está en el camino de la liberación y nosotros lo que tenemos que hacer es, en el ámbito de nuestras competencias, vigilar e inspeccionar y, sobre todo, controlar para que se coordine y se cumplan las normas de juego", ha concluido la consejera.