Cataluña volverá al Pleno de la Asamblea de Madrid, adelantado a este miércoles por la festividad de La Almudena en la capital. Por la tarde, el PP defenderá una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno pueda recurrir a la Alta Inspección Educativa para intervenir en las aulas ante casos de adoctrinamiento ideológico contrarios al "ordenamiento estatal". El texto también considera "puros casos de acoso escolar" los comentarios de algunos profesores catalanes ofensivos hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional denunciados en la prensa.
Segundo párrafo de la Proposición No de Ley (PNL) 'antiadoctrinamiento' que el PP lleva este miércoles al Pleno de la Asamblea de Madrid: "Lo que ha sucedido con algunos hijos de Guardias Civiles y Policías Nacionales, o con aquellos niños que no manifiesten determinados compromisos pro independentistas en Cataluña, son puros casos de acoso escolar y como acoso escolar debe ser tratado". Tras la declaración de apoyo (salarial) a estos dos cuerpos de seguridad aprobada hace tres semanas, el secesionismo y el revivir patriótico regresan al Parlamento regional.
Los populares quieren que la Alta Inspección Educativa -el máximo órgano de control que tiene el Ministerio ante el mapa plenamente transferido de la enseñanza- pueda actuar cuando alguien de la administración regional se salte la Constitución en las aulas. Esto es, una suerte de intervención a lo 155 de los inspectores autonómicos para frenar los posibles excesos de los profesores independentistas ante la pizarra.
Enseñanza en castellano
En su PNL, el PP propone que esta Alta Inspección, hoy sin "potestad de supervisar centros ni el trabajo de los docentes", pueda actuar "de oficio o a instancia de parte" para evaluar, por ejemplo, si los libros de texto y el resto de materiales están "de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente", según el texto consultado por Madridiario.
También, si se da "igualdad de derechos" de todos los alumnos, "en particular, los derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado", el castellano. En su proposición, los populares reclaman además "sanciones administrativas" ante la "vulneración de los principios y valores" de la Carta Magna y que la Alta Inspección "garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes".
Por último, el PP quiere que se "implementen" cauces de comunicación entre esta Alta Inspección y la Fiscalía para perseguir "los delitos de odio". Esta denominación hace referencia a las mediáticas denuncias de algunos policías y guardias civiles cuyos hijos, escolarizados en Cataluña, han recibido supuestos mensajes ofensivos de los profesores hacia estas fuerzas tras su actuación en el referendo ilegal del 1 de octubre. Para el PP, una conculcación de derechos y un "trato vejatorio" del que son diana estos desprotegidos menores.
Dardo a Podemos
Con esta jugada, los populares quiere buscarle las cosquillas a la oposición. No tanto a su socio de investidura -Ciudadanos (Cs) ha hecho gala si cabe de un discurso más 'duro'-, como al PSOE y, especialmente, a Podemos.
El debate, cabe insistir, basculará alrededor de una PNL, esto es, un texto meramente declarativo que "insta" al Gobierno de la Comunidad para que a su vez inste al central a adoptar este catálogo de medidas como parte del Pacto de Estado de Educación.
ILP de vivienda digna
Amén de otras PNL y la comparecencia de Pedro Rollán para explicar la Estrategia de Residuos, la cuestión del adoctrinamiento, al final de la tarde, será probablemente la más apasionada de un Pleno que se antoja escaso de contenido legislativo. Este miércoles, el hemiciclo deberá decidir si empieza a tramitar o manda a la papelera la única Proposición de Ley del día, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre vivienda digna redactada por la FRAVM, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y la Asociación Libre de Abogados, entre otras.
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha anunciado este martes que llevará a la Asamblea su propia Ley de Vivienda ante el probable rechazo a la toma de consideración de esta ILP.
Mientras, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, se escudará en las conclusiones de un informe jurídico de la Secretaría Judicial Técnica del Ministerio de Justicia para cuestionar el texto. "La ILP define diversos usos de la vivienda, establece obligaciones de ocupación, sanciones y esto invade el derecho de propiedad e invade la exclusiva del Estado", ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.
Por su parte, el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, aseguraba este martes que el voto de su grupo no está decidido, ya que todavía estudian la ILP y su viabilidad jurídica, mientras que desde Podemos, Lorena Ruiz-Huerta ha criticado que Cs, PSOE y PP "hayan impedido" que los impulsores de la iniciativa puedan presentarla en el Pleno.
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