La financiación y el modelo, puntos de fricción para lograr un nuevo acuerdo educativo

En el encuentro participaron José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos; Esther Castilla, presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores Educativos (ANIE); Jesús Núñez, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade); José Antonio Poveda, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid; e Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid.

Los invitados coincidieron en la necesidad de transformar la educación madrileña como un aspecto imprescindible para la mejora de la formación de la ciudadanía y fueron optimistas en el sentido de la posibilidad de alcanzar acuerdos en ese sentido. Se consideró que en los puntos planteados en el documento de bases para debatir dicho acuerdo existen buenas propuestas para poner en marcha dicha modernización y mejora del sector, y admitieron que todas las partes tendrán que ceder en parte de sus exigencias. Para todos ellos, el alumno debe ser el centro del proceso educativo. Los puntos de conflicto llegaron al plantear el modelo educativo y su financiación.

Pazos ha planteado que el modelo educativo tiene que ser igualitario y para todos, para lo que hay que acordar medidas y luego cuantificarlas económicamente. En ese sentido, abogó como aspectos fundamentales por la gestión del tiempo de los alumnos en su proceso escolar (especialmente, en el sentido de los deberes escolares), la ruptura con el encorsetamiento de la labor docente de los profesores, que les impide innovar y desarrollar estrategias educativas de éxito y fomentar el interés de los alumnos por lo que pasa en el aula. También ha incidido en la necesidad de que los padres y docentes consideren que su papel como educadores es el de guía y no el de impositores de un determinado modelo educativo. Desde CCOO, Galvín ha añadido la necesidad de establecer un acuerdo social para toda la ciudadanía porque la educación repercute en su calidad de vida.

Castilla ha apostillado que el modelo requiere que el inspector educativo sea el motor y el garante de la calidad educativa, y el docente un profesional dotado y empoderado en su labor transformadora de las aulas. En este sentido, ha insistido en la necesidad de formar e ilusionar al profesorado, y garantizar su movilidad.

Núñez ha concretado que es muy necesaria la formación de mejores directores de centros que se conviertan en líderes de proyectos educativos. El responsable de Acade también planteó que la Comunidad de Madrid es uno de los espacios donde se están aplicando políticas de innovación educativa más avanzadas de España.

Por su parte, Poveda ha planteado la necesidad de entender la esencia educativa y el sistema complementario público-privado que tiene España, como garantía de esa libertad de elección y garantía educativa.

Modelo inclusivo
El mayor conflicto surgió de la financiación. Pazos defendió la esencia y utilidad social de la educación pública como elemento equilibrador de la sociedad y criticó determinadas ventajas al sector privado mediante ayudas públicas como cheques y desgravaciones fiscales. En ese sentido, Galvín ha reclamado que el coste del acuerdo debe ser la reversión de los recortes educativos, cifrados entre 400 y 700 millones de euros, la recuperación de ayudas a las familias más necesitadas para abogar por la igualdad de oportunidades y la redistribución de los recursos. Poveda ha reclamado la revisión del concierto educativo para evitar discriminaciones y problemas operativos en los centros concertados, y ha criticado las políticas de eliminación de conciertos como la que provocó el hundimiento de la Formación Profesional (y con él, el escalón que provoca que un 43 por ciento de los españoles no lleguen a los mínimos formativos adecuados para su inserción laboral).

Núñez ha criticado que se discrimine a los padres que llevan a sus hijos a colegios privados, que, a su juicio, pagan dos veces por la educación de sus hijos cuando tienen el derecho constitucional a que se les preste educación gratuita hasta Secundaria. Ha añadido que las arcas regionales ahorran anualmente gracias a los centros privados más de 400 millones de euros. En este sentido, ha incidido en que la desgravación fiscal de 900 euros por alumno en los centros privados es insuficiente para cubrir los gastos de los padres. También ha asegurado que la mayoría de estudiantes de colegios privados tienen niveles de renta medios y medio-bajos.

Castilla ha especificado que el acuerdo se ha cobrado un precio por adelantado al no poner en marcha cierta normativa como la ponderación de baremos de interinos en las oposiciones. Medidas como la formación del profesorado, la selección, cambio de oposiciones y el modelo de dirección también favorecerían, a su juicio, la mejora del modelo. Pazos ha especificado que las ampas han dado tiempo para el acuerdo y que van a ser exigentes y activos para que se obtenga. Galvín ha apostado por un modelo inclusivo reflejado en una nueva ley, la derogación de las reválidas y la Lomce, la recuperación del profesorado perdido (especialmente, para trabajar la atención a la diversidad) y la aplicación real y no solo retórica del currículo educativo. Núñez ha concluido defendiendo los proyectos autónomos y la iniciativa educativa de la sociedad civil. Por último, Poveda ha reivindicado el papel cohesionador de la escuela privada y concertada, y ha pedido más financiación para que las familias puedan tener más libertad de elección de centros con proyectos transformadores, más que leyes de educación, que pueden servir "de palanca" o como contexto pero que no tendrán, en último término, ese papel revolucionario.