José Manuel López e Ignacio Aguado han coincidido este lunes en reconocer la necesidad de que funcione la comisión de investigación sobre el 'caso de los espías' en la Comunidad de Madrid. Ambos lo han hecho después de saber que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha admitido que existió un espionaje político pagado con dinero público durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta.
Según una información adelantada por la Cadena Ser, el escrito de calificación de la Comunidad remitido al juzgado encargado de determinar si hubo o no espionaje político da por cierta la existencia de tales maniobras.
“Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”, concretamente “tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Aaministraciones", reza el texto divulgado por la emisora. Entre los investigados, se sitúan el entonces vicealcalde Manuel Cobo y el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada.
"El primer fascículo"
A su llegada a las Jornadas de Educación que organiza Madridiario, López ha advertido que este es "el primer fascículo de lo que vamos a ver en las próximas semanas" y ha insistido en que su partido no pretendía hacer "un juicio general", sino "sobre la realidad de lo que pasaba", informa Carmen M. Gutiérrez.
Por su parte, el portavoz 'naranja' ha criticado que se utilizara dinero público para guerras internas y ha valorado que el PP "lo tiene que ver muy negro" para "llevarse a sí mismo a la Fiscalía".
Ahora, los abogados de la Comunidad piden que los seis imputados sean llevados al banquillo por un delito de malversación de fondos públicos y reclama 18.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño, según la Ser. Además, a los tres agentes de la Guardia Civil y a un empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos reclaman 1.800 euros de multa y un año de suspensión.
Sin sorpresa en el PSOE
Mientras, el PSOE ha señalado que su grupo parlamentario "lleva insistiendo desde hace años en que aquí, presuntamente, ha habido malversación de fondos públicos, recurriendo varias veces el archivo del caso".
En un comunicado, los socialistas no se sorprenden ante las nuevas informaciones y han afeado a Cifuentes que en 2009, cuando era diputada, asegurara que "todo era un montaje" tras acusar a los parlamentarios de la oposición de “montar numeritos”.
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