La EMV de Rivas emprenderá acciones legales por un contrato "lesivo" con el IVIMA

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el órgano de la EMV ha tomado esta determinación con el apoyo de todos los grupos municipales salvo el PP (que se ha abstenido) tras conocer un informe de la interventora municipal que califica de "abusivo y lesivo para los intereses municipales" un acuerdo que contenía unas condiciones "leoninas" impuestas por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.

La EMV de Rivas pretende revisar así las condiciones de un contrato que entiende "injusto" y que obliga a "detraer cada año de las arcas públicas un canon de más de un millón de euros por la gestión de un bloque de pisos de protección oficial". Esta cantidad, que la empresa pública ripense se ve forzada a abonar hasta 2023, representa al final de cada año un déficit que roza los 500.000 euros para la hacienda local de Rivas ya que la EMV también debe cargar con los gastos de mantenimiento del edificio.

Tal y como informa el Ayuntamiento ripense, el IVIMA transfirió en 2005, "con unas condiciones ya fijadas", la gestión de un edificio de 124 viviendas públicas a la EMV de Rivas.

Para el alcalde de la localidad y presidente de la EMV, "los vecinos y vecinas de Rivas, y quienes viven en esas viviendas, no deben cargar en sus espaldas con el negocio redondo que Esperanza Aguirre hizo a la medida de sus amigos". En estos tiempos en que nos desayunamos a diario en los medios con la desvergüenza del PP gestionando vivienda social o malvendiéndola a fondos buitres, seguiremos defendiendo el interés público que es el de nuestra ciudadanía".

Beneficio multiplicado por tres

La construcción del edificio que albergaba las 124 viviendas sociales supuso al Grupo Ortiz un desembolso de 5 millones de euros. El pago del canon anual que se exige a la EMV de Rivas se sitúa en 1.059.000 euros hasta 2023, de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato.

Este trato desproporcionado le permitiría a SCI, sociedad de inversión en la que participa Ortiz y que gestiona este negocio, recibir así más de 18 millones de euros y multiplicar por tres la inversión realizada hace trece años.

El Ayuntamiento de Rivas llega a la decisión de querellarse tras intentar "sin éxito" la vía de la negociación con el Grupo Ortiz. Su respuesta fue la de emprender acciones judiciales contra el alcalde ripense y los miembros del Consejo de Administración de la EMV.