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Edificio de la Asamblea de Madrid.
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Edificio de la Asamblea de Madrid. (Foto: Carlota Cascón)

De la Serna cobró 12.000 euros por un informe de 30 páginas para Arpegio

viernes 06 de mayo de 2016, 13:12h
El exdiputado nacional Pedro Gómez de la Serna ha admitido este viernes que cobró de 2007 a 2011 unos 3.000 euros al mes como asesor jurídico de la Fundación Arpegio y en un momento dado elaboró un informe de 30 páginas sobre el impacto en la fundación de la Ley de Contratos en el sector público, que le reportó otros 12.000 euros. Además, una exasesora ha asegura que la fundación era "un sitio para hacer favores" a las órdenes de Francisco Granados.

Durante la comparecencia de De la Serna este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Gómez de la Serna que había trabajado previamente como asesor jurídico del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y luego como su jefe de gabinete, pero cuando éste acabó saliendo del Gobierno para ser eurodiputado, él abandonó la política para centrarse en la abogacía, primero en un importante bufete y luego en el suyo propio. El letrado ha explicado, a preguntas de los grupos de la oposición, que llegó a ser el asesor jurídico en régimen de autónomo de la Fundación Arpegio después de que la directora gerente de la institución, Carmen Plata, le llamará tras rechazar otros dos ofertas.

Así, ha explicado que su trabajo no consistía en asesorar verbalmente, sino por escrito, escribiendo decenas de convenios, además de otro informe, este incluido dentro de sus 3.000 euros mensuales, sobre modificación de estatutos, presentado el 13 de noviembre de 2008.

El otro informe de 30 páginas, por el que sí cobró 12.000 euros, lo registró el 28 de marzo de 2008. "Está en el precio, es barato. Me llevó dos meses", ha manifestado. También ha reconocido que cobró otros 10.000 euros por registrar los nuevos estatutos de la fundación. Por tanto, de la Fundación Arpegio el exparlamentario del PP cobró unos 158.000 euros --le bajaron el sueldo a 2.400 en los últimos meses--.

Gómez de la Serna ha aclarado que fueron "cuatro años de intensísimo trabajo", en el que redactó 23 convenios para la fundación, dos al mes. "El trabajo no era menor, era una auténtica avalancha de contratos", ha llegado a decir, para luego reconocer que "no se quejaba" de los emolumentos recibidos por su trabajo.

"No había control"

Por otra parte, la abogada Elisa de la Nuez, contratada durante ocho meses para fiscalizar y profesionalizar la actividad de la Fundación Arpegio, ha señalado este viernes que, retrospectivamente, puede afirmar que dicha fundación de la Comunidad de Madrid "era un sitio para hacer favores", ideado para "atender determinadas solicitudes de gente para hacer proyectos que difícilmente se podrían hacer de otra manera, como la transferencia para alguna campaña".

En la comisión, De la Nuez ha relatado que fue contratada entre mayo y diciembre de 2008 por la entonces consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, "preocupada por cómo se hacían las cosas en fundación Arpegio" y con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la fundación y "velar por la ejecución de proyectos".

A preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, De la Nuez ha indicado que en este lugar "no era fácil saber lo que se hacía, no había procedimiento claro de elección de proyectos y no había ningún staff profesional, solo una directora general, pero no técnicos". "Era un sitio peculiar en cuanto a la forma de funcionamiento", ha dicho.

La impresión de la abogada es que allí no decidía la directora general de la fundación, Carmen Plata, sino el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al que ha asegurado no haber visto en todo el periodo en el que trabajó. "Ella decía que era una mandada. No había procedimiento de selección de proyectos. No sabían por qué se elegían unos y otros. Y cuál era el importe. No había capacidad de ejecución, no había técnicos, ni personal. No había unos procedimientos de contratación, de proveedores, eso no existía", ha insistido.

De la Nuez ha enjuiciado que la fundación "transfiriera la cantidad a un proveedor privado sin haber procedimientos de contratación y proveedores" y luego, según ha añadido, no había tampoco procedimientos de seguimiento de los objetivos del proyecto y de que se había ejecutado bien. "La fundación lo mismo valía para un roto que para un descosido. Yo tengo una fundación, tengo unos objetos fundacionales concretos y como decían que la fundación tenía un ámbito transversal, en la práctica los proyectos podían ser variopintos. No me acuerdo mucho, pero me llamó la atención una reparación de un órgano de una iglesia de un pueblo. Los proyectos eran de su padre y de su madre. No era fácil identificar una línea para identificarse estos proyectos", ha afirmado.

La abogada ha explicado que presentó a Elorriaga un plan de trabajo para profesionalizar la fundación y se trabajó "bastante" en ella, pero a la consejera la cesaron en julio de ese año. Entonces, según ha explicado, se quedó "en tierra de nadie" durante varios meses, hasta diciembre, porque "tenía un contrato en vigor". "Me dieron largas y me llamó la atención que la nueva consejera (Ana Isabel Mariño) no estaba interesada en seguir prestando mis servicios. Pienso que no se interesaba ni control ni saber lo que se hacía lo de Fundación", ha añadido. También ha reconocido que al irse Elorriaga -que ha manifestado en varios ocasiones que ella allí "no pintaba nada"- y teniendo en contra a la directora general de la fundación Arpegio porque no era de su confianza, se quedó sola en su trabajo de fiscalización. De hecho, ha indicado que mantenía entonces "cierta tensión" con la directora de la fundación, Carmen Plata. Y es que, entre otras cuestiones, De la Nuez quería limitar el gasto de hasta 150.000 euros del que disponía directamente ese cargo y pasarlo a 12.000 euros, lo que es un contrato menor.

La abogada considera que en una administración pública como la Comunidad de Madrid "no tiene ningún sentido" tener fundaciones públicas. "Pero ya que existía, yo quería que tuviera el funcionamiento más adecuado para dinero público. Lo que sí salió adelante fue la instrucción de contratación de la fundación, que era obligatoria por ley", ha apuntado.

Granados

De la Nuez ha recordado que ella es experta en Derecho Público y por eso no entiende los criterios que se seguía en la Fundación Arpegio para establecer proyectos. "No se sabía cuáles eran los criterios profesionales para ver cómo se hacían unos y otros. Yo creo que se decidía por el señor Granados y su entorno. No había un criterio conocido y la sensación que no eran la directora general la que tomaba las decisiones", ha dicho. "Hablaban del jefe y la directora reconocía que los proyectos le venían dados", ha apostillado.

Por eso, "como no había control claro del dinero que se gastaba, era completamente posible que se pudiera desviar dinero", ha sostenido la compareciente. "Son proyectos y formas de contratación que en una Administración profesional tendrían más problemas para hacerse. No había los controles que sí hay otros sitios y con los que pudiera ponerse impedimentos. No existían. Era una institución sin controles suficientes. Si se hace una entidad con estas características no nos podemos sorprender de que ocurran estas cosas", ha insistido.

Sobre el exdiputado popular Ramón Gómez de la Serna, que fue asesor jurídico de la fundación, ha reconocido que lo vio en algunas ocasiones, pero no a otros asesores, como el fiscal. "Yo lo que se me encargó lo intenté hacer y mandé la documentación que me parecía oportuna, como que se nombraran director de proyectos y técnicos. Pero antes de irme no se hizo nada de lo que sugerí y creo que después tampoco", ha agregado.

En el mismo sentido, De la Nuez ha indicado que "no había visto nada parecido" en el sector público. "Y es normal que se generara una red clientelar. Cuando se maneja dinero público suele haber una convocatoria pública, pero me llama la atención que aquí no había concurso. Esto no eran subvenciones nominativas. No sé sabe por qué unas personas tienen acceso y otras no a esas ayudas. Yo propuse controles y la conclusión es que el acceso era a través de contratos profesionales y políticos porque no había procedimiento de concurrencia abierto", ha dicho. Por último, la abogada ha reconocido que tras su paso por la Fundación Arpegio "sabía que podía haber irregularidades". "Lo avisé a un medio, a la consejera y un partido político que ya no está en esta Asamblea. No tenía elementos para una denuncia legal, pero sí política", ha concluido.

Un objeto social "tan amplio"

Pese a lo indicado por la anterior compareciente, Elisa de la Nuez, que ha señalado que no había controles ni seguimientos de los contratos firmados, el exdiputado del PP ha indicado que en los contratos sí había una cláusulas de seguimiento y que no recuerda que rechazara ninguna de ellos. "Tengo la convicción de que los proyectos los decidía en cada caso los presidentes de turno de la fundación", ha apostillado. "Yo no tengo conocimiento de que haya habido ningún pago sin control y si ella lo tiene que los identifique", ha dicho a De la Nuez.

Gómez de la Serna también ha asegurado que la fundación servía para la promoción de la música, de las artes, protección de los discapacitados, medio ambiente, promoción de la solidaridad, valores, etcétera. Y se firmaron convenios, entre otros, para el premio europeo de Periodismo Salvador de Madariaga, protección al consumidor, con asociaciones gitanas, convenio con la fundación Genoma, para dar becas a buenos estudiantes, para un estudio sobre alteraciones de trastornos alimentarios, etcétera.

De hecho, el exdiputado llegó a preguntar por qué el objeto social era "tan amplio" y le respondieron que era porque dependía de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, con gran amplitud de funciones. Sin embargo, luego pasó a depender de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorio.

En este punto, el compareciente ha aclarado que él sólo se dedicaba a redactar convenios "completamente legales", no al objeto de los mismos ni autorizaba el gasto. "Sólo en una ocasión tuve que ver con la adjudicación de un contrato, como secretario, de la ejecución de la obra del Cerro de los Ángeles. Fue el contrato más importante de Arpegio. Hubo convenio entre la Diócesis, el Ayuntamiento de Getafe y Consejería en 2008. Se sientan las bases para la recuperación del entorno de los accesos, entre otras otras", ha señalado.

Diez millones de euros

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha recordado que la Fundación Arpegio, hasta su disolución, dedicó 10 millones de euros "en cosas que no eran mayor interés para los madrileños" y le ha preguntado por su opinión por los contratos firmadas, algo de lo que no ha respondido: "No comparezco aquí de dar una opinión política. No soy político".

Al respecto, el portavoz de Podemos Ramón Espinar ha recordado que fue jefe de gabinete del ministro del Interior y los jefes de gabinete "se dedican a la política y usted tenía una agenda política muy nutrida, del señor Oreja, no era un don nadie".

"Fui jefe de gabinete de Mayor Oreja, de lo que más orgulloso me siento, porque se empezó a derrotar a ETA. Pero antes fui asesor jurídico de ese ministro, que había que luchar contra el terrorismo, con toda la ley. Antes de eso hice una oposición, que usted no tiene, al grupo de administradores civiles. Algo de mérito habré tenido", ha respondido Pedro Gómez.

"Cuando Mayor Oreja deja el Ministerio y se va a Europa, podía haber seguido su estela pero prefiero seguir la excedencia y me dedico al letrado en uno de los despachos más importantes de Europa y con mi propio proyecto plata me pide que ponga en marcha de manera provisional. No sé que tiene que ver que en 2011 me llamaron del PP", ha añadido.

En conclusión, ha aseverado que no nunca "ninguna irregularidad, desvío de fondos y pagos a campaña". "No es una cuestión mía, sino de la presidenta de la fundación. Yo tenía que velar por que los convenios se adecuaran a la legislación vigente", ha agregado el exparlamentario nacional, que también ha negado conocer a Francisco Granados y que a Esperanza Aguirre la conoció tras su paso por la fundación.

Ramón Espinar le ha recordado que, según informaciones periodísticas, cobró siendo diputado comisiones millonarias por lograr contratos públicos para empresas españolas en África e Iberoamérica, por lo que fue expedientado y apartado del PP.

Gómez de Serna ha manifestado que se trata de "un proceso de extorsión que está montado con testimonios y documentos falsificados". "Saldré limpio de ese proceso porque soy absolutamente inocente. No voy a tolerar ni a usted ni a nadie que falta a mi nombre, honor y dignidad", ha concluido.

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