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Ignacio González comparece en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid.
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Ignacio González comparece en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. (Foto: Kike Rincón)

González justifica con la crisis la "pulcra e inmaculada" venta de viviendas del IVIMA a fondos de inversión

viernes 20 de noviembre de 2015, 11:38h
El expresidente regional Ignacio González ha defendido la venta de 2.935 viviendas del IVIMA a fondos de inversión por la necesidad de reducir gastos para cuadrar el déficit regional en los años de la crisis y ha calificado el proceso de "transparente, pulcro e inmulaculado", en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción. También ha comparecido el exconsejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cavero, quien ha asegurado que no hay conflicto de intereses por el hecho de que el adjudicatario, Goldman Sachs, gestione su SICAV.

"Si hace afirmaciones también voy a responder", ha llegado a decir González a uno de los portavoces de la oposición, que le han pedido en diversas ocasiones que les dejara preguntar y se ajustara a las cuestiones planteadas. En una intervención tensa, González se ha limitado a exponer que la venta de viviendas respondía a que en 2013 era necesario reducir los gastos y aumentar los ingresos para cuadrar el déficit. Sobre la operación, ha dicho que fue "transparente, pulcra e inmaculada" como habían declarado otros miembros del Gobierno anteriormente en la comisión.

La oposición ha criticado que esos 201 millones obtenidos con la venta a Azora y Goldman Sachs también se usasen para gastos corrientes y pago de deuda del IVIMA, cuando por ley las enajenaciones patrimoniales tiene que revertir en nuevo patrimonio. El exconsejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cavero, en su intervención de este viernes, ha señalado que con el dinero obtenido se liquidaron 20 millones de deuda hipotecaria de las promociones vendidas, se rehabilitaron 1.000 viviendas para poder adjudicarlas a familias necesitadas y se terminó la construcción de otras 1.200 que habían quedado paralizadas. Además, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha preguntado al expresidente por qué no recurrió a mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica en vez de vender patrimonio.

Cavero es propietario de la SICAV Bussola 99, que gestiona precisamente el fondo de inversiones Goldman Sachs. "La relación entre cliente y proveedor no tiene ningún conflicto de interés", ha afirmado en su defensa. Según ha explicado, tampoco lo habría entre que Iberdrola sea la compañía eléctrica de su casa y resultara siendo adjudicataria del suministro de Metro durante su mandanto. A su entrada al Gobierno regional, Cavero comunicó a los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González que no tenía conflicto de intereses para asumir el cargo de consejero porque no estaba en ningún consejo de administración de empresas. El PP, por su parte, ha criticado que se use esta "teoría de la conspiración", ya que también el Ayuntamiento de Parla o la Universidad Autónoma, cuando era rector Ángel Gabilondo, vendieron viviendas o la gestión de residencias a Goldman Sachs.

Cesión de los datos de los inqulinos

El secretario general del Ivima en 2013, Francisco Javier Carmena, ha reconocido en la comisión este viernes que el Ivima no pidió permiso para ceder los datos personales de los inquilinos de las viviendas que vendió a Azora y Goldman Sachs, sino que solo se les comunicó, en respuesta a la diputada del PSOE, Encarnación Moya. La parlamentaria también ha criticado que en los últimos tres años el Ivima ha reducido el presupuesto para inversiones en 25 millones de euros pese a que la venta iba destinada, según el exconsejero, a la promoción de vivienda pública.

Por su parte, el presidente de Encasa Cibeles y socio fundador de Azora, Fernando Gumuzio, ha asegurado que esta "realiza una importante labor social" al ser la mayor gestora de vivienda protegida del país. Según ha explicado, Azora, que fue la adjudicataria, decidió unirse al fondo inversor Goldman Sachs en la segunda fase del concurso y en una consulta pública al IVIMA se aclaró que ambos podrían crear una sociedad 'ad hoc', que sería Encasa Cibeles, para hacerse cargo de las viviendas del IVIMA. Este aspecto es cuestionado por el informe de la Cámara de Cuentas, que sostine que en los pliegos no se recogía esta posibilidad.

Entre las 12.000 viviendas que gestiona Azora, se encuentran las 2.935 que vendió el IVIMA en 2013 por 201 millones de euros, operación que está siendo investigada judicialmente. En la comisión, Gumuzio ha ofrecido algunos datos de la gestión de estas 32 promociones construidas por la Comunidad. En estos dos años han vendido 201 viviendas por precios que van de los 56.000 euros por viviendas en Valdemoro a 140.000 en La Ventilla, a precios "un 30 por ciento más bajos que los del mercado". Según ha explicado, las viviendas se devaluaron desde la firma de los contratos de alquiler con opción a compra de los inqulinos debido al pichazo de la burbuja inmobiliaria.

Además, Encasa Cibeles reconoce haber procedido a 16 desahucios y un lanzamiento, procesos de los excluyen a las familias vulnerables, según el compareciente. Respecto a las ayudas a la vivienda que recibían algunos inquilinos y tenían la obligación de mantener dos años, ha asegurado que ahora se están prorrogando más allá del compromiso y que se ha reducido el número porque algunas personas han encontrado trabajo.

Gumuzio ha negado que hubiese "reuniones preparatorias para amañar nada" en la venta de las 32 promociones de vivienda del IVIMA en respuestas al diputado de Podemos, Miguel Ongil, quien ha mostrado un correo eléctrónico del IVIMA a personas de la adjudicatira en la que se habla de una reunión anterior. "Aprovechamos la ocasión para remitirles la información relativa a los administradores de las Juntas tal y como habíamos acordado y esperamos recibir el listado con los anexos al contrato de compraventa para repartir las tareas de elaboración y supervisión de los los mismos lo antes posible", se lee en el correo. Esos informes han sido solicitados por el fiscal del caso, y el Juzgado también ha pedido documentación sobre una reunión celebrada meses antes.

Al término de la reunion, el PSOE ha criticado que la Comunidad tuviese el objetivo de "hacer caja" con las viviendas del Ivima y ha señalado que el "problema es el proceso administrativo" que se siguió. Por su parte, Ramón Espinar de Ciudadanos, ha asegurado que si no pueden asegurar que haya corrupción, sí puede decir que ha habido "una nefasta gestión". Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha sacado como conclusiones que se la Comunidad ha perdido 100 millones en patrimonio con la venta, como asegura un informa de la Cámara de Cuentas, que "no había un informe económico que justificara la oportunidad de la venta" y que el Gobierno regional "se puso de parte de intereses privados".

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