En ese setido, la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está inspeccionando las clínicas FunnyDent para verificar su cierre y si este cese de actividad ha incumplido la normativa sobre centros sanitarios.
Tanto la apertura como el cierre de centros sanitarios requiere una autorización previa de la Consejería de Sanidad, recuerda un comunicado del gobierno regional. Una "autorización de cierre que, en este caso, no consta que haya sido solicitada hasta ahora", apuntan desde Sanidad, que aseguran que podrían abrirse expedientes sancionadores contra los responsables si se demuestra que no contaban con dicha autorización.
Este trámite se exige para, entre otras cuestiones, garantizar que ningún paciente pueda verse afectado por el cese de actividad del centro. Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con el cierre repentino de las nueve clínicas, siete en distintos municipios de Madrid, de la cadena Funnydent. El jueves por la mañana trabajadores y pacientes se las encontraron cerradas sin previo aviso, quedando los segundos con tratamientos a medias y en su mayoría ya pagados. El viernes 29 de enero la Policía Nacional detenía en Arroyomolinos al propietario de la empresa, Cristóbal López Vivar, al que los afectados acusaban de haber escapado con su dinero.
Según informan desde Sanidad, la reclamación sobre la posible mala praxis que pueda implicar la interrupción de procedimientos odontológicos deberá presentarse ante la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Odontólogos de la I Región, con sede en Madrid, o ante instancias judiciales. Asimismo, los pacientes afectados que presenten un cuadro médico que requiera asistencia de urgencia, podrán acudir a los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
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