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Para Francisco García, secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, "si solo se regulan los derechos y deberes de los alumnos, las faltas y las sanciones, no se van a resolver los problemas de convivencia". En este sentido, el texto pretende servir de base para una ley integral que aborde actuaciones con el profesorado, la sociedad, los alumnos e incluso los barrios donde se encuentran ubicados los centros. La iniciativa prevé la regulación de las ratios de alumnos por aula y su adecuación a las necesidades particulares de cada centro, más personal especializado en los centros (incluyendo orientadores laborales) y la creación de un observatorio que diagnostique la situación en los centros madrileños y que realice un seguimiento de la aplicación de la futura ley.



































