Los últimos acontecimiento en Alcalá de Henares y, sobre todo, Torre Pacheco han devuelto el debate migratorio a la agenda mediática. Un asunto, el de la gestión de las personas que llegan a España de manera irregular, sobre el que Vox lleva centrando buena parte de sus políticas desde mucho tiempo atrás. El foco, en especial, sobre los menores extranjeros no acompañados, a quienes la formación encabezada por Isabel Pérez Moñino responsabiliza de la "creciente inseguridad" en todo el país.
Con el objetivo de poner fin a la acogida de estos jóvenes, la responsable de Vox en la región ha anunciado este mismo lunes que su grupo parlamentario en la Asamblea de Vallecas llevará a los tribunales de justicia el último de los contratos diseñados por el Ejecutivo autonómico. Entre los motivos expuestos, considerar que "favorece la financiación de ONGs que trafican con personas" y, en último término,que convierte la "inmigración ilegal" en "un negocio muy lucrativo".
En concreto, puntualizan fuentes del partido consultadas por Madridiario, el contrato al que ha hecho referencia Moñino esta mañana es el de 'Acogimiento residencial de media estancia de menores extranjeros no acompañados atendidos por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad'. Un texto aún pendiente de adjudicación y cuyo presupuesto base de licitación asciende a 2.490.586,67 euros.
Tal cifra, puntualizan mismas fuentes en conversaciones con este digital, podría ascender hasta los 24 millones pues "en la publicación de la Comunidad confunden lo de un año para un lote -dos millones y medio- con lo de los dos lotes durante los cuatro años que dura el Acuerdo Marco".
Asimismo, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha añadido que el procedimiento estaría incumpliendo la Ley de Contratos Públicos al haberse ejecutado "sin la debida concurrencia". O lo que es igual, "vulnerando el principio de igualdad, el principio de publicidad y de transparencia".
"La inmigración ilegal vacía nuestra tesorería y llena nuestras cárceles"
En paralelo, Moñino ha exigido que se realice "la prueba de edad a todos los menas que tenemos actualmente bajo el sistema de tutela de la Comunidad de Madrid", así como la firma de "convenios de repatriación conforme a la Ley de Extranjería".
"Ayuso está mirando hacia otro lado mientras Madrid vive una emergencia habitacional y problemas de inseguridad con machetazos, con altercados, con violaciones. En lo decimos siempre: la inmigración ilegal vacía nuestra tesorería y llena nuestras cárceles. Todos aquellos que vienen a vivir del esfuerzo ajeno, fuera”, ha zanjado, contundente, la portavoz regional.
Por su parte, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que encabeza Ana Dávila defienden que "todo se ha hecho cumpliendo con la ley".
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