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La portavoz de los afectados por la venta de viviendas del IVIMA, Sonia Martínez
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La portavoz de los afectados por la venta de viviendas del IVIMA, Sonia Martínez (Foto: Kike Rincón)

Los afectados por la venta de pisos del Ivima denuncian que la Comunidad perdió 98 millones con la operación

viernes 06 de noviembre de 2015, 15:26h

La venta de pisos del IVIMA ha centrado la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política puesta en marcha en la Asamblea de Madrid. Los afectados por la operación han denunciado el bajo precio de venta de los pisos que ahora quieren venderles por el doble de precio, así como el cambio de algunas condiciones. Por su parte, los responsables políticos del IVIMA han defendido la legalidad y transparecia de esta enajenación. Este viernes también se ha conocido un informe de la Cámara de Cuentas, en que el se detectan varias irregularidades y hace referencia al precio de venta.

La presidenta de la asociación de afectados por la venta de viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), Sonia Martínez Aguilar, ha denunciado este viernes la situación en la que se encuentran desde que el IVIMA vendió sus viviendas. Según ha explicado, se les negó el derecho de tanteó cuando realizaron la enajenación de los pisos sociales y que ahora el fondo de inversión que las compró quiere vendérselas al doble de lo que les costaron. "Con esta operación se perdido par ala Comunidad unos 98 millones de euros, según la Cámara de Cuentas", ha añadido.

Otra de las cuestiones que ha criticado Sonia Martínez es el asunto de las ayudas. Según ha detallado, un 30 por ciento de los inquilinos de los inmuebles enajenados percibían una ayuda por su precaria situación socioeconómica y muchos cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI). "Pero ahora, con el cambio de la propiedad, el Ivima ya no les ha renovado esas ayudas porque dicen que las viviendas no son públicas, sino privadas", ha destacado.

La representante de los afectados ha reconocido que aunque el precio del alquiler que les cobra ahora Encasa Cibeles --la adjudicataria-- es el mismo que les cobraba antes el Ivima "porque según las cláusulas no pueden subirlo". Pero, según ha precisado, sus nuevos arrendadores pretenden subirles las cuotas de comunidad "queriendo constituir las juntas administradoras". Además, aunque aparece en el contrato, la Comunidad no les cobrara el IBI ni la tasa de basuras, algo que ahora la empresa sí hace.

Martínez Aguilar también ha hablado de otras medidas que no le gustan. Así, ha señalado que este verano el fondo ha ofrecido una rebaja del precio del alquiler durante tres meses "pero con la letra pequeña de que luego tienen que pagar el alquiler completo, unos 500 ó 600 euros, que muchos es lo que cobran al mes". "Y con tres meses que no pagues el alquiler te desahucian", ha añadido. En este sentido, ha indicado que se ha producido muchos desahucios, "lo que pasan es que no salen en los medios". Además, Martínez Aguilar ha asegurado que "hay una relación entre la empresa y el IVIMA", ya que Encasa Cibeles contacto con ellos para ofrecerles unas ayudas al alquiler que el Gobierno regional publicó 16 días después.

Informe de la Cámara de Cuentas

Sobre el informe de la Cámara de Cuentas que publica 'El Mundo', la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha dicho que "si es así" no le parece bien. En la información, se recoge que el organismo fiscalizador apunta a la pérdida que pudo suponer la venta para las arcas públicas e irregularidad en diferentes momentos del proceso. Además, la venta está siendo investigada por un juzgado de Madrid, que ahora ha solicitado un informe sobre la relación de los fondos de inversión que comparon las viviendas y el exconsejero resonsable, ahora concejal del Ayuntamiento por el PP, Pablo Cavero.

Por su parte, la exdirectora gerente del IVIMA, Ana Gomendio, ha asegurado durante su comparencia en la comisión este viernes que la venta de los pisos a un 'fondo buitre' en 2013 fue "una operación magnífica, transparente y extraordinaria" cuyo concurso "se ajustó a derecho" y en el que el Instituto "mantuvo los derechos de los afectados y veló por ellos". Gomendio entró en la gerencia del IVIMA en abril de 2015 y firmó la resolución de venta de esos casi 3.000 pisos a un fondo de inversión. Por este motivo, está imputada por malversación de caudales públicos y prevaricación en el marco de una querella presentada por el PSOE.

En su intervención ha indicado que llegó "con la venta hecha" de unas viviendas, "cuyas promociones fueron seleccionadas mediante un exhaustivo análisis de promociones y menos perjudiciales para los inquilinos". A preguntas de los portavoces de la comisión, la exdirectora gerente ha indicado que las viviendas sociales se vendieron por "una situación de escasez de liquidez". "La Comunidad carecía de recursos para políticas sociales como la construcción de nuevas viviendas", ha subrayado. Y a pesar de que dichos portavoces han insistido en que la Comunidad perdió casi cien millones de euros al venderlas por 100 millones de euros menos de lo que estaban tasadas para los inquilinos, Gomendio ha señalado que "se sacó un 20 por ciento más de lo que valía en ese momento".

Tras Gomendio ha comparecido el director general del Ivima, Juan Van-Halen, quien ha asegurado que a él "no le tocó decidir sobre la enajenación, sólo prepararla a través de un expediente". "Fue una operación que consiguió enajenar un patrimonio sin conculcar los derechos de los inquilinos, que siguen al amparo de la protección pública. Y con el dinero conseguido se consiguieron recursos para viviendas nuevas. Es optimizó el uso de recursos públicos en un momento de crisis económica para llegar a esas necesidades", ha insistido.

Respecto al informe de la Cámara de Cuentas sobre la pérdida de cien millones de euros por la venta, Van-Halen ha explicado que el Ivima realizó una tasación pericial para conocer el valor de los casi 3.000 pisos antes de venderlos a través de un "tasador supervisado por el Banco de España, con capacidad, medios y experiencia". Y ha recordado que los pisos no valen lo mismo ahora que en 2007.

En la primera sesión de la comisión, la polémica ha llegado por la negativa de la Asamblea de Madrid de permitir la toma de imágenes dentro de la sala, pese a ser un acto público y retransmitido en directo. Para la próxima sesión, se prevé que los tres grupos de la oposición parlamentaria pidan en la Mesa de la Asamblea del martes que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el exconsejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cavero, sean siguientes en comparecer. Por su parte, el PP quiere llamar al exalcalde de Parla, Tomás Gómez, pues el municipio también vendió viviendas a un fondo buitre.

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