Las restricciones de Madrid Central a según qué vehículos todavía tienen despistados a algunos conductores, concretamente a 822, que han recibido en estos meses notificaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid por saltarse el límite de la APR cuando no podían traspasarlo.

El entrenador portugués José Mourinho ha aceptado la sentencia por la que se le condena por fraude fiscal a un año de cárcel, que no cumplirá porque carece de antecedentes penales y al pago de una multa de más de 3 millones de euros, tras aceptar el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha ratificado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid el acuerdo que alcanzó el pasado verano con la agencia Tributaria para saldar sus cuentas con la Justicia española, aceptando una condena de 23 meses de cárcel al reconocer que cometió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

El exfutbolista José Luis Pérez Caminero ha aceptado una multa de casi 20.000 euros en lugar de los cuatro años de cárcel que el fiscal pedía para él por delito de blanqueo de capitales.

El jugador de fútbol del Real Madrid Marcelo Vieira Da Silva, conocido como Marcelo, ha pactado con la Fiscalía cuatro meses de cárcel y el pago de 753.000 euros por defraudar a Hacienda una cantidad de 491.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a devolver cerca de 4.000 multas por exceso de velocidad impuestas durante la activación del protocolo por contaminación a finales de 2016 y principios de 2017. La razón está en que la señalización que informaba de la disminución a los 70 kilómetros por hora situada en las inmediaciones del túnel de Ventisquero de la Condesa era invisible para los conductores.

La Comunidad de Madrid ha decidido expedientar a la empresa encargada del comedor del CEIP Villa de Guadarrama, en el que 62 alumnos sufrieron gastroenteritis. La Consejería de Sanidad sospecha que el contagio se produjo por la presencia de esta bacteria en una ración de cocido.

Antiviolencia ha propuesto imponer una sanción de 60.001 euros al presunto agresor del vigilante del Wanda que perdió un ojo después de que le propinara un fuerte puñetazo.

La campaña de Hazte Oír por los colegios de Madrid contra la ley de LGTBifobia ha provocado que la Comunidad haya decidido multarles.

Un juzgado de Madrid ha anulado una multa de 200 euros del SER por no incorporar una foto a la denuncia.

Un juzgado ha anulado una multa relacionada con el SER por no acompañar la sanción de una prueba fotográfica que la avalase. El juez ha condenado a la parte demandada a pagar las costas del juicio.

El fiscal pide dos años de cárcel para Enrique González Macho, ex director de la Academia de Cine, por un delito de falsedad en documento público y fraude de subvenciones. La Fiscalía también le impone una multa de un millón de euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 22 ha procedido a anular una sanción decretada por el Ayuntamiento de Madrid a un conductor que se impuso por el sistema conocido como semáforos foto-rojo.

El plan piloto consistente en realizar prestaciones sociales en sustitución de las multas por infracciones a la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos de Madrid han comenzado este fin de semana, con los cincuenta primeros ciudadanos que han aceptado esta posibilidad, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La Sala Macumba ha sido condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 10.973 euros a un cliente que pisó un cristal roto y se le clavó en el pie izquierdo.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid ha condenado a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, a una multa de 12 euros diarios durante 12 meses, unos 4.380 euros, acusada de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos del que había sido acusada por participar en el 'asalto' a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, y su defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. En rueda de prensa, ha comunicado que no dimite y que la sentencia no afecta a su labor como portavoz del Gobierno.

La empresa que gestiona el centro municipal deberá pagar 3.600 euros tras saltarse la normativa, que impide albergar a menores de 65 años, con el objetivo de favorecer a la joven, familiar de la dirección.