El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido hoy a los presidentes de las CC.AA. los cambios en los criterios para el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables que se aprobarán para las autonomías, incluyendo un fondo para Educación y otro para movilidad. Esto favorecería a las autonomías que tienen más población, según fuentes autonómicas. Con ello el Ejecutivo pretende compensar a las CC.AA. parte de los gastos que ha generado la crisis del coronavirus durante estos meses.
El aumento del peso poblacional era una reivindicación de algunas regiones, ya que inicialmente se había previsto que uno de los criterios de más peso en el reparto de ese dinero fueran los gastos en los que se había incurrido para atender las necesidades sanitarias de la pandemia.
Así y según fuentes autonómicas, el presidente les ha comunicado que 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios; 2.000 millones para un fondo de Educación y otros 5.000 millones serían para compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. Pero de estos últimos, 800 millones irían a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.
En cuanto al fondo para Sanidad, habría un primer tramo de 6.000 millones de tal forma que la población protegida equivalente pasa de pesar un 20 por ciento a un 35 por ciento, y en el segundo de 3.000 millones, el peso poblacional pasaría del 40 por ciento al 45 por ciento.
El fondo sanitario será de 2.000 millones y surgen de una reorganización de la propuesta inicial de reparto del fondo no reembolsable. Así, se aportan a ese fondo 1.000 millones que originalmente se iban a destinar a Sanidad y otros 1.000 millones del fondo social que también estaba previsto.
El reparto de este nuevo fondo para Educación será así: el 80 por ciento según la población de 0-16 años y el 20 por ciento, de 16 a 24 años.
Con esta nueva propuesta, el reparto quedaría de la siguiente forma: los 9.000 millones para Sanidad se pagarían en dos tramos, uno de 6.000 millones a repartir en julio y los 3.000 millones restantes, se repartirían en noviembre; los 2.000 millones para Educación se transferirían en septiembre y los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, a partir de diciembre.
El planteamiento de reparto original que realizó el Gobierno para este fondo era distinto y contemplaba 10.000 millones para Sanidad en dos tramos, uno de 6.000 millones y otro de 4.000; 1.000 millones para un fondo social y otros 5.000 millones para la caída de ingresos por la menor actividad económica.
Y para esos 6.000 millones iniciales planteaba que los ingresos en UCI que había registrado cada autonomía pesarían el 35 por ciento y los hospitalizados, otro 25 por ciento. Es decir, el 60 por ciento en total, mientras que los casos de COVID-19 confirmados por PCR significarían un 20 por ciento y el otro 20 por ciento restante, el dato de población. Hacienda aceptó que los PCR realizados que iban a contar no fueran solamente los que hubieran dado positivo, sino los que se hubieran realizado.
En cuanto al segundo tramo sanitario que se preveía de 4.000 millones, Hacienda propuso que la población sería el criterio que tuviera más relevancia y pesara el 40 por ciento; los ingresos en UCI, un 30 por ciento; las hospitalizaciones supondrían un 20 por ciento y los positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento restante.
Sin embargo, fuentes autonómicas consultadas aseguran que los nuevos criterios de reparto favorecerán que tenga más peso el criterio poblacional.
Precaución para "evitar una vuelta atrás"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en rueda de prensa tras la reunión para comentar lo que se ha hablado en esta videoconferencia. Lo primero que ha querido destacar es la voluntad de trabajar juntos: "Lo novedoso, además de la frecuencia de las reuniones, es que podemos trabajar juntos el Gobierno y las autonomías".
Sánchez y los presidentes autonómicos han hecho un repaso de cómo avanza la desescalada en cada territorio, y ha agradecido el éxito que está teniendo. También ha destacado que reconoce la labor de las autonomías en este proceso.
Ha recordado que aquellas Comunidades Autónomas que se encuentren en fase 3 se harán con el control de las decisiones, incluida la decisión de acortar la desescalada antes de tiempo -cada fase está previsto que dure dos semanas-.
Ha hecho hincapié en que el próximo 21 de junio desaparecen todas las medidas que trajo consigo el estado de alarma, dando paso a la 'nueva normalidad', pero el presidente ha pedidod que se tomen precauciones para "evitar una vuelta atrás".
"El riesgo está ahí y la amenaza de una segunda ola no es un invento. Tenemos que evitarla a toda costa", ha destacado, antes de anunciar que el próximo martes se aprobará el decreto ley que recogerá las medidas a llevar a cabo en cuanto finalice el estado de alarma. Ha apuntado que las medidas están trabajandose y estarán en vigor mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
Estas son algunas de las medidas que entrarán dentro de ese decreto ley:
- Se adoptarán planes de actuación.
- Obligación del uso de mascarilla para los mayores de seis años siempre que no se pueda mantener la distancia de dos metros.
- Medidas organizativas de prevención de higiene en lugares de trabajo para evitar aglomeraciones, así como para comercios, hostelería y equipaciones deportivas.
- Reajuste del transporte público.
- Medidas sobre medicamentos y productos sanitarios para garantizar el abastecimiento de medicinas contra el virus.
- Obligación de facilitar todos los datos de seguimiento para conocer la evolución de la pandemia.
- A todos los casos sospechosos se les realizarán PCR.
- Las CC.AA. deberán garantizar la capacidad de responder a un rebrote.
Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que 255.000 ciudadanos, un total de 75.000 hogares, recibirán el ingreso minimo vital. Del ellos, más de la mitad de los beneficiados serán menores.
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