Los alcaldes socialistas de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y de Coslada, Ángel Viveros, han anunciado este viernes la convocatoria de una marcha vecinal que se llevará a cabo el próximo día 8 de julio ante el "engaño" de la Comunidad de Madrid sobre el estado de la Línea 7 de Metro a su paso por ambas localidades y reclamará un paquete de medidas para dar una solución a la movilidad y "una vivienda por una vivienda" para los afectados que "no pueden rehacer su vida".
Los dos regidores han protagonizado una rueda de prensa conjunta en San Fernando de Henares para decir "basta" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante un problema con la L7 que se remonta más de 16 años atrás, en tiempo de Esperanza Aguirre como presidente regional, y para reclamar a la Comunidad de Madrid "un compromiso claro con estas dos ciudades". Así, han advertido que llevarán a cabo "todas las acciones" que estén en su mano para exigir esas soluciones.
En este marco, el alcalde de Coslada ha indicado que, entre otras medidas, se va a convocar a los vecinos a una marcha desde una estación de Coslada a otra de San Fernando de Henares el día 8 de julio ante el "desprecio" de la Comunidad con los afectados y la falta de soluciones.
"Hemos llegado a un punto de inflexión y ya no hay marcha atrás", ha recalcado el regidor tras haber denunciado que se haya ocultado un informe en el que se alerta del peligro para personas e infraestructuras en la línea. "Que nos digan la verdad, que nos miren a la cara, que nos miren a los ojos y nos digan la verdad", ha reclamado.
Ambos han exigido conocer el informe realizado por la empresa Intemac el pasado mes de abril cuyas conclusiones aparecen recogidas en la memoria justificativa la necesidad de acudir a la tramitación de emergencia para la realización de las obras de impermeabilización en la 7B entre San Fernando y Hospital del Henares.
Entre otras cuestiones, en el informe también se alerta de "una situación real de peligro para personas y bienes" a lo largo y ancho del trazado del túnel de la línea 7B de Metro, alegando que "se hunde el doble de rápido a pesar de estar clausurado desde hace más de dos años" o que los trabajos de "estabilización y consolidación" del suelo realizados en San Fernando de Henares (35-45 metros de profundidad) "no han sido útiles para frenar el hundimiento del suburbano, ni tampoco para eliminar las terribles consecuencias sobre el parque urbanístico" del municipio.
"Luz y taquígrafos"
Ambos regidores han puesto de manifiesto que durante las últimas semanas se han reunido con responsables de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad que dirige Jorge Rodrigo, acción de la que no han sido informados.
"Yo me siento traicionado. Creo que me han mentido, nos han mentido en la cara y pido al Gobierno regional luz y taquígrafos", ha indicado Corpa, que ha insistido en que la Comunidad debe tomarse "en serio" esta problemática. "Que se lo empiecen a tomar en serio y sobre todo una cuestión, que no oculten y que no mientan", ha indicado el primer edil de San Fernando.
En la misma línea, el alcalde de Coslada ha subrayado que "no se puede tener confianza en quien no te dice nada o no te dice la verdad" y ha llamado a Ayuso a hablar también con los vecinos que lo están sufriendo para comunicarles "de una vez" que soluciones se van a tomar.
Por su lado, Corpa ha reiterado el llamamiento a la presidenta regional para celebrar una reunión del Consejo de Gobierno en San Fernando, tal y como ha hecho en otros municipios gobernados por el PP como Torrejón de Ardoz, para aprobar medidas que den solución a los vecinos.
"Las medidas y los paquetes de ayudas se tienen que aprobar donde están los problemas y el problema que está sufriendo San Fernando de Henares es un problema que ha generado la Comunidad de Madrid", ha subrayado el alcalde, que también ha insistido en la reunión de la mesa técnica a la que se comprometieron.
Declaración de zona catastrófica
De forma paralela, el regidor de Coslada ha recordado que hace dos meses el Pleno aprobó solicitar al Ministerio de Interior la declaración de zona catastrófica y, una vez que se tenga todo, se remitirá también la información que aporta el estudio de Intemac y la orden de las nuevas obras en la línea de Metro.
"El problema de la infraestructura ha desembocado en un problema natural y eso creemos que hay base jurídica para que lo tenga en cuenta la Dirección General dependiente del Ministerio del Interior y por eso hemos mandado esa documentación y el informe de Intemad. En el momento que lo tengamos, lo vamos a mandar al Ministerio del Interior, pero a día de hoy todavía no tenemos respuesta", ha explicado sobre la petición de zona catastrófica ya realizada.
"No hay una planificación por parte del gobierno regional para dar una respuesta o una salida a los problemas que ha generado la línea 7B de Metro a su paso por Coslada y San Fernando", ha indicado el regidor de San Fernando, subrayando que se trata de una situación "grave" que afecta a 120.000 vecinos.
"Las familias no pueden rehacer su vida con esas indemnizaciones que se están dando. Son indemnizaciones injustas", ha indicado el alcalde socialista. En concreto, según el balance facilitado por la Comunidad de Madrid, en el último año se ha invertido más de 70 millones en actuaciones derivadas de las obras de ampliación de la Línea 7B en San Fernando, con nueve millones en el pago de indemnización de los expedientes de responsabilidad patrimonial -la Comunidad ha abonado 63 indemnizaciones de los 79 expedientes abiertos a afectados- a los que se suman 16 millones en el pago de ayudas a alquiler, transporte o mudanzas de los afectados, los 28,2 del citado contrato de obras en el tramo cerrado de Metro y otros 46 en trabajos de consolidación e impermeabilización del terreno.
Para los regidores, no se está pidiendo más dinero sino "una vivienda por una vivienda". "Se les ha quitado una vivienda, se les ha derribado una vivienda, lo que se está pidiendo es otra vivienda", han insistido.
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