PSOE-M reclama la compatibilidad entre el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno y la Renta de Inserción regional

Mientras las cifras 'macro' presentadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid reflejan saldos muy positivos en aspectos tales como la recaudación turística o la creación de empresas, los contextos más vulnerables de la región continúan sufriendo en sus carnes los caprichosos vaivenes de la economía. En la práctica, serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler, fruto de la burbuja en ciernes. También a la hora de llenar la cesta de la compra, sufragar gastos corrientes como el comedor escolar o rellenar el depósito del coche, con precios que se han disparado en los últimos años, sobre todo a raíz del estallido de la guerra en Ucrania.

Así lo ratifica el último informe presentado por Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, en el que se expone una situación de “pobreza estructural y crónica” que afecta ya a cerca de un millón y medio de residentes. “Aunque haya descendido el número de personas en riesgo de pobreza económica debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las personas con carencia material severa se incrementan en un 39 por ciento respecto al año anterior, llegando a ser 610.532 en 2023. La pobreza se estabiliza en la región como un problema estructural que alcanza a más de 1,3 millones de madrileños y madrileñas”, zanja el estudio, no sin antes advertir sobre los colectivos que más sufren las consecuencias, fundamentalmente mujeres y menores de edad.

A fin de paliar este escenario, muchas son las becas y ayudas puestas en marcha por los distintos niveles de la Administración, tanto del Ejecutivo central como del autonómico, pasando, por supuesto, por los municipales. Entre ellas destaca especialmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado en 2021 por la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Con anterioridad, sin embargo, ya existían prestaciones similares a escala regional. Es el caso de la Renta Mínima de Inserción (RMI), aprobada por el Gobierno Popular de Alberto Ruiz Gallardón y que entró en vigor en 2002. En ambos casos, esta suerte de salario social aspira a que las personas en riesgo de exclusión y que carecen de ingresos puedan disfrutar de una calidad de vida digna.

"Es una vergüenza que trate de ahorrarse un puñado de millones de euros a costa del sufrimiento de las familias más vulnerables"

Con el paso del tiempo, sin embargo, esta subvención de carácter regional habría ido perdiendo fuelle, hasta llegar a nuestros días en sus horas más bajas. Sobre todo a partir de la llegada al poder de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Así lo denuncia al menos el PSOE-M de Juan Lobato. En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Vallecas habla de “reducción drástica” tanto de la cuantía destinada a abonar la RMI como del número total de beneficiarios. Argumentan además que se habría pasado de una inversión próxima a los 168.626.480,30 euros y hasta 30.119 ayudas concedidas en 2017 a un montante de apenas cinco millones y solo 667 hogares beneficiados en la actualidad.

“Ayuso, en lugar de aprovechar el Ingreso Mínimo Vital para mejorar sus medidas autonómicas, ha aprovechado este apoyo del Gobierno de España para extinguir su Renta Mínima de Inserción, que ya era la más baja del país. Hemos pasado de más de 30.000 familias perceptores a 667 en estos momentos y de una inversión de 168 millones a apenas cinco para este año. Y esta cifra considerando que no se mantenga el descenso de los perceptores actuales... Es una vergüenza que trate de ahorrarse un puñado de millones de euros a costa del sufrimiento de las familias más vulnerables, en especial las mujeres, que son las principales receptoras de esta ayuda y el rostro de la pobreza en Madrid” asevera la diputada y portavoz socialista de Asuntos Sociales en Entrevías, Lorena Morales, en conversaciones con Madridiario.

Este “brusco descenso”, continúa la representante, viene mediado por la decisión “unilateral” del Gobierno autonómico de incompatibilizar RMI e IMV: “El motivo de este brusco descenso es que, aunque el decreto que aprobó el Ingreso Mínimo Vital recogía expresamente la posibilidad de su complementariedad con las rentas autonómicas, Madrid decidió de forma unilateral que su Renta Mínima de Inserción sería excluyente. Además obligan a la denegación previa del Ingreso Mínimo Vital para poder solicitar la Renta Mínima de Inserción. El desplome ha sido brutal”. Por ello “reclamamos que ambas prestaciones sean complementarias como sucede en otras muchas regiones (...). No es una paguita, como la califica la señora Ayuso, sino la oportunidad de volver a empezar cuando se atraviesa una situación de dificultad”.

La región, para más inri, contaría con una de las RMI más bajas del Estado pese a ser una de las comunidades con mayores recursos económicos. “Le exigimos a la señora Ayuso que equipare la cuantía de la renta mínima de la Comunidad de Madrid a la de otras regiones similares como Navarra, porque en Madrid la cuantía mínima es de 469 euros por titular y mes, mientras que la de Navarra alcanza los 762 euros. En septiembre de 2022 anunció su compromiso de incrementar la cuantía en un 40 por ciento para equipararla al Ingreso Mínimo Vital. Algo que todavía seguimos esperando (…). De nada sirve ser la región más rica si seguimos siendo la más desigual”, zanja Morales.

“No es una paguita, sino la oportunidad de volver a empezar”

Coinciden a este respecto en Comisiones Obreras de Madrid. Tanto es así que desde el sindicato no dudan en tildar la inversión regional en el sistema público de servicios sociales de “irrelevante”. Por el contrario, sostienen, “el Gobierno madrileño mantiene una estrategia de publicidad institucional potente con una alta inversión que pretende tapar las grandes lagunas de la Comunidad en políticas sociales, inversión y recursos”.

La Comunidad responde

Para la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la explicación que subyace la “caída” en el número de perceptores de la RMI no radica en la reducción del presupuesto, siendo esta una consecuencia directa de la misma, sino en la incompatibilidad con el IMV. Un criterio, matizan, que se da en la “inmensa mayoría” de las regiones. “La Comunidad de Madrid mantiene la Renta Mínima de Inserción abierta a todos aquellos que cumplan los requisitos de acceso y de mantenimiento”, apostillan.

Más allá de la lógica ausencia de recursos económicos suficientes para “hacer frente a las necesidades básicas de la vida”, el Ejecutivo autonómico fija como criterios necesarios para la concesión de la ayuda mantener la residencia en la región de manera “efectiva y continuada durante el año inmediatamente anterior a la solicitud ”. También, salvo casos excepcionales ligados a un especial grado de vulnerabilidad, ser mayor de 25 años o menor de 65, constituir una unidad de convivencia con una antelación mínima de seis meses, haber solicitado previamente aquellas pensiones a las que los miembros de la unidad familiar pudieran tener derecho, mantener escolarizados a los menores que formen parte de la unidad de convivencia y haber suscrito el compromiso de cursar el programa individual de inserción correspondiente.

Fuentes próximas a la titular del ramo, Ana Dávila, cargan asimismo con dureza contra la “nefasta” gestión del IMV estatal, argumentando denuncias por “vulneración de derechos fundamentales” de los beneficiarios a los que, pasado el tiempo, “se les están reclamando su devolución por cobros indebidos”. Ademas, sentencian, cientos de miles de familias que tienen derecho a esta prestación no la reciben: “Casi el 60 por ciento de las personas que tienen derecho no lo solicitan, se deniega en casi el 70 por ciento de las solicitudes y solo ha llegado al cinco por ciento de las personas sin hogar y al 29 por ciento de la población gitana”.