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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sancionado a una usuaria que promocionaba 'terapias curativas de la homesexualidad' a través de redes sociales
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sancionado a una usuaria que promocionaba "terapias curativas de la homesexualidad" a través de redes sociales (Foto: Kike Rincón)

La Comunidad emite su primera multa por la violación de la ley contra la LGTBifobia

martes 17 de septiembre de 2019, 13:46h

La Comunidad de Madrid ha emitido la primera sanción contra una ciudadana por la violación de la Ley de protección integral contra la LGTBifobia, norma aprobada durante la anterior legislatura y cuyos procedimientos sancionadores son competencia del Consejo de Gobierno. Una multa que obligará a una usuaria de Internet a asumir el pago de 20.0001 euros por su infracción.

Este Gobierno regional no va a dar pasos atrás en materia de LGTB, en derechos civiles o libertades individuales. Aquellas personas que atenten contra la dignidad o contra la imagen del colectivo podrán ser sancionadas”, ha sentenciado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno y junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La multa recae sobre una usuaria de redes sociales -que responde a las iniciales E.L.R.- cuyo expediente fue abierto en el año 2016 después de que la Asociación Arcópoli presentara en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid una denuncia por la promoción que esta persona llevaba a cabo sobre “terapias de curación de la homosexualidad” a través de Internet y también de las redes sociales.

Durante la tramitación de esta primera queja, que conllevó la correspondiente investigación de los hechos por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería, se registró una nueva denuncia sobre la misma causa, en este caso por parte de dos personas particulares. Finalmente, la Secretaría General Técnica resolvió el 19 de marzo de 2019 que los hechos denunciados contituían una infracción muy grave, un hecho que ha sido ratificado por el Consejo de Gobierno, competente en la imposición de la sanción correspondiente.

“En un Estado de Derecho las personas afectadas por una sanción administrativa pueden recurrir o tomar la vía judicial que consideren oportuna, pero desde la Comunidad de Madrid el mensaje va a ser contundente y necesario. Se van a tomar cartas en el asunto cuando se violenten los derechos o libertades de personas”, ha subrayado Aguado.

Asimismo, el portavoz del Gobierno ha anunciado que hay otros casos de posibles infracciones de este tipo en tramitación, cuya resolución se irá conociendo una vez el Consejo de Gobierno estipule la sanción correspondiente.

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