La convocatoria de una concentración este martes 23 de junio a las 19:00 horas en la Puerta del Sol refleja el descontento del personal laboral de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Integradores sociales, enfermeras escolares, fisioterapeutas, técnicos especialistas o auxiliares administrativos han reclamado el fin de los contratos fijos discontinuos y una mayor estabilidad para unos profesionales que consideran esenciales para el funcionamiento diario de los colegios e institutos.
Raquel García, integradora social de la Comunidad de Madrid, ha superado un proceso de selección que incluía oposiciones y concursos de méritos. Algunos accedieron a través de procesos extraordinarios de estabilización dirigidos a trabajadores que llevaban años prestando servicio para la Administración; otros lo hicieron mediante convocatorias de acceso libre. Sin embargo, la oposición no se ha percibido entre los profesionales como la llegada a la estabilidad. “Irte dos meses al paro después de aprobar una oposición es algo que no hay quien coja por ningún sitio”, ha denunciado.
La profesional ha trasladado a Madridiario que el aspecto que más preocupa a los trabajadores tiene que ver con la generalización de los contratos fijos discontinuos. Este modelo implica que la relación laboral se interrumpe durante determinados periodos del año. Durante ese tiempo, los trabajadores pasan a situación de desempleo y además, dejan de cotizar. Raquel ha insistido en que este sistema genera una clara desigualdad respecto a otros empleados públicos que mantienen una relación laboral continuada y acumulan antigüedad sin interrupciones. “Estamos en inferioridad de condiciones respecto a otras categorías y otros compañeros. Ellos tienen la antigüedad para poder cobrar los trienios que correspondan. Estamos en inferioridad de condiciones aunque acumulemos el mismo tiempo que el resto”, ha explicado. Mientras otros empleados públicos siguen acumulando derechos laborales durante todo el año, quienes están sujetos a contratos fijos discontinuos ven frenada su progresión.
“Nosotros cuando acababa el curso escolar nos íbamos a casa. Como todos, en julio estábamos a disposición de la Administración, pero en septiembre volvíamos a nuestros puestos de trabajo sabiendo dónde volvíamos”, ha recordado la integradora. Según Raquel, la situación actual ha introducido una incertidumbre que antes no existía. “Ahora, después de estudiar, aprobar, pasar un concurso y conseguir una plaza, estamos peor porque no sabemos qué va a pasar”, ha asegurado.
“Deshacer equipos todos los cursos o incluso deshacerlos a mitad de curso es un pecado”
Otra de las cuestiones que más indignación ha generado ha sido la creación de plazas adscritas directamente a las Direcciones de Área Territorial. Esta modalidad implica que el trabajador deja de estar vinculado a un centro concreto para quedar a disposición de la Administración. "Lo más sangrante de todo fue que nos sacaron plazas sujetas a las direcciones de área territorial”, ha criticado. "Eso quiere decir que tú no estás fijo en ningún centro, sino que estás a disposición de lo que diga la DAT. Si tres días te quiere mandar a un sitio y dos a otro, pues lo puede hacer”, ha explicado.
Aunque las movilizaciones lograron que estas adscripciones quedaran limitadas a las cinco áreas territoriales en las que se divide la Comunidad de Madrid -Norte, Sur, Este, Oeste y Capital-, los afectados consideran que la medida supone una pérdida evidente de estabilidad.
La precariedad afecta al alumnado
Las consecuencias de esta situación también afectan a los estudiantes. Los convocantes de la protesta han afirmado que la inestabilidad laboral repercute también sobre la calidad educativa que reciben los alumnos. En el caso de las integradoras sociales, esta relación resulta especialmente evidente. Estos profesionales trabajan de manera habitual con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA) o con problemas de conducta. “Los cambios para ellos son muy complicados”, ha señalado.
“Nosotros trabajamos en equipo. En las aulas estamos los integradores sociales y los maestros o maestras de Pedagogía Terapéutica. Las programaciones, la metodología y la forma de trabajar se construyen conjuntamente”, ha destacado. “Deshacer equipos todos los cursos o incluso deshacerlos a mitad de curso es un pecado”, ha añadido. La afectación tiene consecuencias directas sobre los procesos educativos y la coordinación interna de los centros.
El malestar se produce además en un contexto de preocupación más amplio por el futuro de los servicios públicos educativos. Los trabajadores han sostenido que la pérdida progresiva de estabilidad en determinadas categorías profesionales constituye un síntoma de un proceso de deterioro que afecta a la escuela pública en su conjunto. “Los integradores sociales somos un colectivo pequeño comparado con los docentes”, ha dicho Raquel, que también recuerda que junto a ellos trabajan enfermeras escolares, fisioterapeutas, técnicos especialistas y otros profesionales esenciales para el funcionamiento diario de los centros. Por ello reclaman una mayor visibilidad y un “reconocimiento de las funciones” por parte del Gobierno regional.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han defendido que los contratos del personal no docente de los centros educativos públicos "cumplen escrupulosamente la legislación laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo", rechazando así las críticas planteadas por los trabajadores sobre el modelo de contratación y su estabilidad laboral.
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